La aparente calma que Norte de Santander vivió en el primer semestre del año se rompió en octubre, dando paso a una escalada de violencia que ha dejado al departamento sumido en el temor y la incertidumbre.

Masacres, asesinatos selectivos, ataques a la Fuerza Pública y actos de intimidación contra la población civil marcaron una racha violenta que aún no cesa.

El recrudecimiento comenzó el 5 de octubre con dos masacres: una en el corregimiento Aspasica, de La Playa de Belén, y otra en Capitanlargo, Ábrego. Al día siguiente, un militar fue asesinado en Hacarí, y un profesor perdió la vida en Pacelli, corregimiento de Tibú. Tres días después, otro soldado fue atacado mortalmente en Teorama, mientras la violencia contra las Fuerzas Militares seguía aumentando en el Catatumbo.

En paralelo, hechos como el atraco al Banco Agrario en Convención, el 10 de octubre, y el asesinato de una mujer en El Tarra, el 14, generaron consternación entre los habitantes. Ese mismo mes, las vías también fueron escenario de violencia: el 15, desconocidos incendiaron maquinaria en la vía Campo Dos (Tibú), afectando la movilidad y paralizando obras en la zona.

El panorama se tornó más sombrío en la segunda mitad de octubre. Entre el 16 y el 27 se registraron múltiples asesinatos de hombres y mujeres en Tibú, Teorama, Ábrego y San Calixto. También hubo ataques directos contra miembros de la Fuerza Pública, como el asesinato de un policía en San Calixto y el de un soldado en Convención.

Al cierre del mes, un doble homicidio en Ábrego y el ataque a un vehículo en la vía El Zulia-Tibú dejaron varias personas heridas.

La violencia continuó implacable en noviembre. El 2, un ataque en Ábrego dejó un muerto y cuatro heridos. Días después, entre el 5 y el 7, dos soldados y un policía fueron asesinados en hechos separados en El Carmen y Convención. Ese mismo 7 de noviembre se registraron cuatro homicidios en distintos municipios, incluido Tibú.

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La ola de sangre alcanzó a profesionales y líderes comunitarios: un médico fue asesinado en Sardinata el 8 de noviembre, y un líder comunal de Hacarí resultó herido en un ataque el día 12.

El más reciente hecho de impacto ocurrió el 22 de noviembre, cuando delincuentes asaltaron una entidad bancaria en Convención, dejando a un policía herido y llevándose un botín millonario.

Estos episodios ocurrieron en tan solo dos meses, sumando 37 víctimas mortales: 23 en octubre y 14 en lo que va de noviembre, una cifra que desnuda la crítica situación de seguridad que vive Norte de Santander.

Mientras los ataques contra civiles y miembros del Ejército y la Policía se multiplican, la incertidumbre crece entre los habitantes que se preguntan: ¿quién protege al departamento?

El panorama resulta aún más desalentador ante el silencio de las autoridades, especialmente de la Policía, que ha optado por no pronunciarse frente a este recrudecimiento del conflicto armado que sacude a la región.

Analizando el panorama crítico

La escalada de violencia en Norte de Santander se desarrolla en medio de una disputa por el control territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln), tras el rompimiento del cese al fuego, y un reducto del Ejército Popular de Liberación (Epl), conocido como Los Pelusos.

Este enfrentamiento ha intensificado los ataques y ha puesto a la población civil en el centro del conflicto. Yefri Torrado, abogado y defensor de Derechos Humanos, analizó el complejo panorama y sus consecuencias para la región.

Según el experto, la dinámica de estas organizaciones varía dependiendo del territorio que controlan: “Es muy diferente como actúa una guerrilla en la zona no urbanizada, donde usan fusiles y uniformes, a los cascos urbanos, donde operan a través de milicias que no están identificadas con uniformes ni armas largas.

De igual manera, ambos se concentran en actividades de financiación como el cobro de extorsiones y el control del ingreso de determinados productos, lo que afecta gravemente a la población civil y a los gremios de la región”, explica.

Torrado también señala que, ante los vacíos de autoridad en cuestiones de justicia, estos grupos asumen atribuciones ilegítimas para consolidar su poder.

“Ahí es donde aparecen las mal llamadas limpiezas sociales que les permiten generar simpatía con sectores de la comunidad que rechazan la presencia de habitantes de calle, trabajadoras sexuales o consumidores de drogas. Esta estrategia busca ganar aceptación en el territorio y, posteriormente, imponer su control a través de extorsiones”, añade.

Francisco Unda Lara, gerente de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), resume la situación de Norte de Santander en tres líneas principales.

“La primera es la extorsión generalizada en los sectores rural y urbano, donde tanto grupos organizados como de delincuencia común han normalizado esta práctica en el departamento. Muchas personas se ven obligadas a pagar para poder funcionar”, señala el dirigente gremial.

El segundo fenómeno corresponde a los grupos al margen de la ley, como la disidencia de las Farc, el Eln y el Epl, que han intensificado sus acciones contra las empresas, exigiendo extorsiones mayores y asumiendo roles de control ilegítimos, al decidir quiénes pueden operar y bajo qué condiciones, agrega.

Finalmente, Unda Lara destaca un tercer foco de preocupación: “Observamos un proceso más urbano, donde diferentes bandas criminales se disputan el territorio, cometiendo extorsiones, robos de vehículos y homicidios selectivos”.

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Impactos de la ola de violencia

Además del clima de terror que se vive en las distintas poblaciones de Norte de Santander, la violencia trae consigo graves impactos económicos y sociales que afectan al departamento.

Según Unda Lara uno de los principales efectos es la reducción de los negocios y el incremento en los costos de operación.

“Hay muchas personas que dejan de hacer negocios aquí por cuestiones de seguridad, y esto es lamentable porque estos grupos están cerrando los municipios o zonas del departamento, impidiendo que sean más prósperos”, explica.

Este panorama genera un evidente desinterés en invertir en el departamento, lo que afecta directamente la economía local. Con el comercio golpeado, las ventas disminuyen, los municipios pierden ingresos por impuestos y, como consecuencia, se destruyen empleos, exacerbando la crisis social.

Francisco también destacó casos puntuales como la suspensión de obras esenciales, entre ellas la construcción y mantenimiento de vías en el Catatumbo. “Estas obras, que son tan necesarias, no se pueden ejecutar porque los grupos armados, que supuestamente están en negociaciones, no lo permiten”, dice.

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Un llamado urgente

Yefri Torrado fue enfático al señalar que revivir dinámicas de confrontación armada solo agravaría la situación, desatando crímenes de guerra donde la población civil seguiría siendo la más afectada.

Por ello, insistió en la importancia de mantener la política de diálogo. “El hecho de que los diálogos con los grupos armados se hayan complejizado no es solo responsabilidad del Estado, sino también de estas organizaciones que no tienen una intención real o seria de apostarle a una solución política”, comenta el abogado y defensor de Derechos Humanos.

Torrado subraya la necesidad de una mayor presencia estatal, enfocada en la administración de justicia, la prestación de servicios básicos y la generación de empleo, para evitar que la falta de oportunidades conduzca a los jóvenes a engrosar las filas de grupos armados.

“Es crucial garantizar que la vida civil sea una opción viable en muchas regiones donde, actualmente, las dinámicas del conflicto prevalecen”, afirmó.

Asimismo, destaca que el sistema judicial debe actuar no solo contra los miembros de grupos armados, sino también contra quienes participan en las economías ilícitas que sostienen el conflicto.

“El narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación son actividades que financian estas dinámicas y deben ser combatidas de manera efectiva”, puntualiza.

Por su parte, Francisco Unda Lara reitera un mensaje claro: “Primero, proteger la vida de los nortesantandereanos, y segundo, garantizar la seguridad en el departamento para alcanzar la paz y la prosperidad. Solo así los sectores productivos podrán desarrollarse plenamente”, concluye.

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