La región del Catatumbo ha transcurrido las últimas cinco décadas en confrontación por la disputa de su territorio por parte de actores armados. En el último año, este territorio ha sido escenario de la más cruenta guerra entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el frente 33 de las disidencias de las antiguas Farc. El balance es crítico: más de 120 personas muertas, alrededor de 100.000 desplazadas y cerca de 300 confinadas en medio de los combates.
Los enfrentamientos no han disminuido. Por el contrario, se han intensificado y afectan de forma directa a centenares de familias campesinas que permanecen en medio del fuego cruzado. Aunque organizaciones sociales, líderes comunitarios y la Iglesia Católica han pedido un cese de hostilidades, en el territorio la violencia continúa y la crisis humanitaria se agrava.
La disputa por el control de una zona donde existen cerca de 55.000 hectáreas de cultivos de coca ha elevado el nivel de confrontación a escenarios inéditos para sus habitantes, incluido el uso de drones con explosivos. Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno y las antiguas Farc, se esperaba una reducción sostenida de la violencia, pero en el Catatumbo ese propósito no se consolidó, según coinciden líderes de la región.
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Ante este panorama y la actual coyuntura política, La Opinión consultó a aspirantes a las curules de paz de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) en el Catatumbo sobre las causas que han frenado la estabilización del territorio y las propuestas que impulsarían desde el Congreso.
Tatiana Judith Gaona Pinzón
Asociación de Víctimas Camino de Esperanza – Las Mercedes
Gaona atribuye el estancamiento de la paz al abandono estatal, la expansión de economías ilegales, la disputa entre grupos armados y la falta de oportunidades para la población rural. Señala que la ausencia de inversión en educación, salud, vías y desarrollo productivo ha facilitado la permanencia de estructuras ilegales, además de profundizar la exclusión histórica del campesinado.
Desde el Congreso plantea una estrategia integral: garantizar que los recursos públicos lleguen de manera directa y transparente a las comunidades; promover el desarrollo rural con infraestructura y proyectos productivos sostenibles; y fortalecer la presencia institucional con programas de reconciliación y protección a líderes sociales.
Maryuri Riobo Pérez
Organizaciones Sociales MFOPDNS
Riobo sostiene que la desconfianza ciudadana es resultado de décadas de violaciones a los derechos humanos y promesas incumplidas. Afirma que, aunque reconoce avances recientes en educación, salud e infraestructura, persiste una brecha significativa frente a las necesidades del territorio.
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Propone avanzar hacia acuerdos reales entre el Gobierno y los grupos armados, priorizar la reparación a las víctimas y revisar los 158 proyectos contemplados en el denominado Pacto Catatumbo, con el fin de asegurar financiación y ejecución efectiva.
Enrique Pertuz
Corporeddeh
Pertuz identifica como barreras la persistencia de una estrategia centrada en la confrontación militar, la fragilidad de los ceses al fuego y la presencia simultánea de actores armados como el Eln, disidencias de las antiguas Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que disputan el control territorial. También cuestiona decisiones adoptadas durante el gobierno de Gustavo Petro, como la declaratoria de estado de conmoción, al considerar que reforzaron el enfoque militar.
Añade que existen limitaciones normativas en materia de reparación a víctimas y retrasos en proyectos estratégicos, entre ellos la Universidad del Catatumbo. Propone retomar el diálogo político, asegurar recursos para educación superior y respaldar legislativamente el Pacto para la Transformación del Catatumbo.
Juan Carlos Quintero Sierra
Organizaciones Sociales MFOPDNS
Para Quintero, el principal obstáculo ha sido el incumplimiento de acuerdos sociales y del Acuerdo de Paz de 2016. Considera que la falta de ejecución ha generado vacíos de poder y escepticismo frente al Estado.
Plantea dos acciones: garantizar la implementación del plan de transformación territorial del Catatumbo —con financiación asegurada para sus proyectos estratégicos— y promover un proceso de paz verificable que incluya compromisos claros de los grupos armados con el Derecho Internacional Humanitario y la protección de la población civil.
Johana Carvajal
Corporeddeh
Carvajal coincide en que la falta de cumplimiento estatal y la escasa inversión han profundizado la crisis. Señala que la región enfrenta rezagos en servicios básicos, conectividad, educación y acceso a agua potable.
De llegar al Congreso, impulsaría inversión social focalizada, desarrollo productivo sostenible con alternativas legales para los campesinos, mejoras en infraestructura y un diálogo que garantice seguridad para la población y los líderes sociales. A su juicio, la estabilización del Catatumbo pasa por combinar presencia institucional efectiva con protección a las comunidades.
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