Cuando se cumple un año del estallido de la emergencia humanitaria en el Catatumbo, la región continúa atrapada en el mismo escenario de violencia que se desató a comienzos de 2025 por la guerra entre la guerrilla del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Lejos de superarse, el conflicto armado se mantiene activo y con una intensidad creciente, dejando a su paso muertos, desplazamientos forzados y comunidades confinadas.
La ‘chispa’ que avivó la confrontación durante la misma época del año pasado, el asesinato del funerario Miguel Ángel López, su esposa Zulay Durán y su bebé de apenas seis meses, sigue latente en esta vasta zona del nororiente del país.
Los enfrentamientos no han cesado un solo instante y, por el contrario, han escalado, afectando de manera directa a cientos de familias campesinas que hoy sobreviven en medio del fuego cruzado.
Desde organizaciones sociales, líderes comunitarios y la Iglesia Católica se elevan constantes llamados al cese del fuego. Sin embargo, en el territorio la realidad es otra: la violencia persiste y la crisis humanitaria se profundiza.
“Nunca ha parado el desplazamiento forzado ni el derramamiento de sangre por los enfrentamientos entre los actores armados que hacen presencia en el Catatumbo. Lo que se vive actualmente no es nada nuevo, es la misma crisis que estalló en enero de 2025”, afirmó el obispo de Tibú, monseñor Israel Bravo Cortés.
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El prelado señaló que, durante el último año, la Iglesia ha tenido que habilitar de manera permanente sus albergues para atender a familias desplazadas de las zonas rurales de El Tarra, Tibú y Convención.
A un año de explotar la emergencia humanitaria, defensores de derechos humanos cuestionaron el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno nacional para frenar la confrontación armada.
Integrantes de la Asociación de Personeros, organismos internacionales y la comisión diocesana de reconciliación y paz insistieron en que el diálogo sigue siendo la única salida negociada para poner fin a un conflicto que no da señales de agotamiento.
Uno de los que puso el dedo en la llaga fue el personero de Ocaña, Jorge Bohórquez, quien en septiembre del año pasado le hizo un vehemente llamado al presidente Gustavo Petro para que pusiera orden a lo que estaba sucediendo en el Catatumbo. El representante del ministerio público se refirió a que esta zona es muy compleja y que la guerra diaria también afecta a unos 3.000 niños inocentes.
Alarmas encendidas en la región
Las comunidades y autoridades locales se mantienen en máxima alerta ante la negativa de los grupos armados de suspender los combates en zonas rurales de Tibú y El Tarra, en sectores como Filo Gringo, Orú, Versalles, Beltrania, Campo Dos y La Gabarra.
La disputa por el control territorial en una región con presencia de unas 55.000 hectáreas de cultivos de coca, según el mismo presidente Gustavo Petro, ha alcanzado niveles de confrontación nunca antes vistos por los habitantes del Catatumbo, incluyendo el uso de drones cargados con explosivos.
El alcalde de El Tarra, Eider Robles, pidió a los actores armados permitir la evacuación de la población civil hacia zonas seguras y reclamó una intervención decidida del Gobierno nacional y de los organismos internacionales.
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Mientras tanto, el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, confirmó el fortalecimiento y la continuidad de las operaciones militares en la región para contrarrestar la amenaza del ELN y las disidencias de las Farc.
A su vez, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Tibú para hacer seguimiento a la compleja situación humanitaria y de orden público, especialmente en el sector de Filo Gringo, donde el personal médico abandonó la zona por falta de garantías de seguridad.
No obstante, las comunidades recuerdan que medidas similares ya fueron implementadas en enero y febrero de 2025 —incluidos puestos de mando unificados, refuerzos militares y decretos de Conmoción Interior— sin que la guerra se detuviera. Por ello, persiste el escepticismo frente a una salida exclusivamente militar.
Cronología de la guerra
Enero de 2025
Hace un año, el Catatumbo entró en una nueva fase de violencia armada tras el recrudecimiento del conflicto entre la guerrilla del Eln y el Frente 33 de las disidencias de las Farc. Desde entonces, la confrontación no ha cesado y la región permanece sumida en una emergencia humanitaria que, a la fecha, sigue sin solución.
A comienzos de 2025, los enfrentamientos por el control territorial comenzaron a intensificarse en zonas rurales de Tibú y El Tarra, generando los primeros desplazamientos masivos, confinamientos prolongados y restricciones severas a la movilidad de las comunidades campesinas.
El saldo trágico a lo largo de 2025, por la disputa del territorio, no tiene precedentes: 91.726 personas desplazadas, según la Defensoría del Pueblo, otras 283 confinadas y por lo menos 166 muertes violentas, sin contar las que nunca se contabilizaron ni recogieron en las zonas rurales.
Diciembre-enero 2026
La crisis se profundizó en diciembre, cuando la confrontación armada volvió a escalar de manera sostenida. El 14 de diciembre se registraron combates en la vereda La Angalia, jurisdicción de Tibú, entre el Elny el Frente 33, hecho que provocó el desplazamiento de al menos 74 familias provenientes de zonas rurales de El Tarra y Tibú, como Mineiro, Isla del Cerdo, Filo de la Virgen, Los Robles y Las Palmas.
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Tres días después, el 17 de diciembre, se presentó un evento de confinamiento en el corregimiento de Pachelli, en Tibú, tras nuevos enfrentamientos entre los mismos actores armados, agravado por un paro armado decretado por el Eln.
Según la Defensoría del Pueblo, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— quedaron atrapadas en sus territorios, mientras cinco familias se desplazaron hacia Ocaña.
Entre el 22 y el 26 de diciembre, la violencia obligó a 223 personas a huir de la vereda Kilómetro 16, en Tibú. Parte de estas familias se refugiaron en Cúcuta y otras en el casco urbano de Tibú.
Paralelamente, desde el 24 de diciembre, se intensificaron los ataques con drones cargados con explosivos en el corregimiento Filo Gringo, en El Tarra, impidiendo la movilidad de las comunidades y aumentando el riesgo para la población civil.
La noche del 28 de diciembre se registraron nuevos combates en Filo Gringo, lo que desencadenó más desplazamientos hacia el casco urbano de El Tarra. Desde entonces, el flujo de familias desplazadas hacia Tibú y Cúcuta no se ha detenido.
Durante este último año, la Defensoría del Pueblo ha activado alertas y rutas de prevención, protección y atención a víctimas, además de participar en comités de justicia transicional y en la elaboración de censos. No obstante, el panorama sigue siendo crítico.
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Las alcaldías de Cúcuta y Tibú han advertido limitaciones presupuestales y operativas para atender de manera sostenida la emergencia, mientras que líderes comunitarios y mesas de víctimas alertan sobre subregistros de desplazamientos y confinamientos debido a la imposibilidad de verificar directamente los hechos por razones de seguridad.
A un año del inicio de la emergencia humanitaria, el Catatumbo enfrenta un escenario marcado por la persistencia del conflicto, el uso cada vez más frecuente de drones en los combates y comunidades atrapadas entre la guerra y la falta de respuestas estructurales. La crisis, lejos de cerrarse, continúa abierta.
Las alertas tempranas
Al menos cinco alertas tempranas ha emitido la Defensoría del Pueblo en el último año en el Catatumbo, que son:
Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 017 de 2025
Advierte la configuración de nuevos escenarios de riesgo en el Catatumbo y zonas aledañas, asociados a la posible presencia y expansión de grupos armados como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
ATI 017 de 2025 – Municipio de Tibú
Emitida ante la situación crítica de seguridad en este municipio, donde se registra una intensificación de los enfrentamientos entre el Eln y el frente 33.
Alerta Temprana 026 de 2024
Anticipó la magnitud de la crisis actual en el Catatumbo, al advertir el riesgo de ruptura del cese al fuego con el Eln y la expansión del Frente 33.
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Alertas sobre el pueblo indígena Barí
La Defensoría alertó sobre el confinamiento prolongado, el despojo territorial, la presencia de grupos armados en resguardos indígenas y la expansión de cultivos de uso ilícito.
Alertas por afectaciones a firmantes del Acuerdo de Paz
Se documentaron riesgos persistentes para la población firmante del Acuerdo Final de Paz.
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