Tan solo horas después de la incursión estadounidense en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, el pasado 3 de enero, informes de la inteligencia militar colombiana comenzaron a registrar el retorno apresurado de grupos armados que operaban desde el vecino país. Estas estructuras habrían interpretado la acción como una amenaza directa a sus intereses.

Entre los desplazamientos identificados figuran los de cabecillas conocidos como alias ‘Silvana Guerrero’ y alias ‘Ricardo’, quienes, según los reportes, se habrían movilizado entre Venezuela y la región del Catatumbo, intentando mantener el control de sus redes criminales sin exponerse de manera directa.

La ejecución de la operación ‘Determinación Absoluta’, adelantada dentro del plan Lanza del Sur —orientado a combatir redes de terrorismo y narcotráfico en el Caribe— evidenció que, tras agotar instancias de diálogo, la administración del entonces presidente Donald Trump estaba dispuesta a recurrir a acciones directas para la defensa de sus intereses estratégicos.

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Sin embargo, la operación no solo generó preocupación entre las organizaciones criminales, sino también en las autoridades gubernamentales de la región. El propio presidente Gustavo Petro reconoció recientemente, en declaraciones a un medio internacional, que llegó a temer una incursión similar en Bogotá.

“Estamos en peligro porque la amenaza es real. El juego lo hizo Trump”, afirmó Petro en entrevista con The New York Times. El mandatario agregó que le preocupaba que Estados Unidos pudiera justificar una acción militar en su contra, vinculándolo con Maduro o señalándolo de narcotraficante.

Aunque estas tensiones se disiparon tras la llamada telefónica sostenida entre Petro y Trump el pasado 7 de enero, la preocupación persiste por las posibles acciones que puedan emprender los grupos armados en territorio colombiano contra la población civil y la fuerza pública. Esto, como respuesta al acercamiento entre Bogotá y Washington, que podría derivar en nuevas alianzas para combatir el narcotráfico.

Temor por campaña electoral 

Para Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz de Norte de Santander, uno de los principales riesgos es que este escenario termine afectando el desarrollo de las campañas electorales, tanto para el Congreso como para la Presidencia de la República.

Explicó que varios factores resultan amenazantes para estas estructuras ilegales, especialmente para el Eln, grupo al que se le ha señalado como aliado del régimen chavista y que aparece mencionado en la acusación presentada contra Nicolás Maduro ante una corte estadounidense, en la que es catalogado como una “estructura narcotraficante y terrorista”.

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Niño agregó que los tres puntos centrales abordados en la llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump están relacionados directamente con la lucha contra el crimen transnacional, el terrorismo y el narcotráfico.

A su juicio, estos elementos contribuyen a la prolongación de la violencia en el Catatumbo, ahora con amenazas no solo internas, sino también externas. “La confrontación continúa porque ninguno de los dos grupos, Eln y disidencias, ha declarado un cese al fuego. Una eventual arremetida externa generaría más desplazamientos, mayor confrontación y abandono del territorio”, advirtió.

Como alternativa, indicó que desde la Gobernación de Norte de Santander se adelantan acercamientos con la mesa de diálogo del Frente 33 y la gestoría de paz del Eln, con el fin de promover el respeto al derecho internacional humanitario y avanzar en el desescalamiento del conflicto.

“Necesitamos mínimos humanitarios para evitar, a toda costa, que siga escalando el conflicto en el Catatumbo y que se produzca una arremetida, quizás internacional”, señaló.

¿Segundo Plan Colombia? 

 Por su parte, César Pérez Vivas, político venezolano y exgobernador del fronterizo estado Táchira, considera que, como consecuencia de los recientes acontecimientos y de la presión ejercida por Estados Unidos, “podríamos estar a las puertas de un segundo Plan Colombia”. Aclaró que, en esta ocasión, la responsabilidad de combatir las mafias del narcotráfico sería binacional.

“El Ejército de Venezuela tendrá que entrar en acción para defender el territorio venezolano de estos grupos y expulsarlos”, afirmó el exgobernador, quien no descartó posibles efectos colaterales sobre la población civil. En ese sentido, señaló que lo ideal es que los gobiernos involucrados, incluido Estados Unidos, anticipen los impactos y se preparen para atenderlos.

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“Es una tarea compleja, pero sin duda será una etapa que requerirá atención especial y planes de contingencia para los sectores no involucrados directamente en el conflicto”, sostuvo.

En este contexto, el presidente Gustavo Petro también sugirió el pasado viernes, tras la propuesta de alianza entre grupos insurgentes planteada por Iván Mordisco, cabecilla de la Segunda Marquetalia, que los ejércitos latinoamericanos deben unirse para enfrentar a los actores que amenazan la estabilidad regional.

Según el mandatario, organizaciones como las disidencias y el Eln, dedicadas al narcotráfico, “se convirtieron en la excusa perfecta para la agresión”. Por ello, llamó a la unión militar regional y sostuvo que “el narcotráfico debe ser desarmado” y que “los narcotraficantes deben ser derrotados por los pueblos unidos a sus Estados”. En esa línea, aseguró haber invitado a la actual presidenta de Venezuela a actuar conjuntamente en ese objetivo.

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