La crisis por la no entrega de medicamentos a afiliados de Nueva EPS continúa profundizándose en Cúcuta y Norte de Santander, mientras persiste la ausencia de respuestas claras por parte de la entidad, la Superintendencia Nacional de Salud y las autoridades departamentales del sector, pese al grave riesgo que enfrenta la salud de cerca de 800.000 usuarios.

Desde noviembre del año pasado, cuando el operador farmacéutico Cafam restringió la entrega de medicamentos por cuentas pendientes, miles de pacientes en la región han visto interrumpidos sus tratamientos sin que hasta ahora exista una solución concreta. 

A la fecha, el agente interventor de Nueva EPS, Luis Óscar Galves Mateus, designado en noviembre pasado, no ha fijado una posición clara para enfrentar la emergencia que golpea de manera directa a los usuarios del sistema de salud en el departamento.

El silencio también se mantiene desde la Superintendencia Nacional de Salud. Este medio consultó sobre las acciones adelantadas para atender la situación en Norte de Santander, pero al cierre de la presente edición no se obtuvo un pronunciamiento específico. La única manifestación conocida se limitó a señalar que se han dispuesto acciones para la atención de PQRS a nivel nacional, con enfoque en regiones vulnerables, sin referirse de manera puntual a la crisis por medicamentos que vive el departamento.

En la misma línea, las autoridades de salud departamentales y los órganos de control no han emitido declaraciones públicas frente a la problemática. “Parece no importarles la suerte de la salud de unos 800.000 usuarios de Nueva EPS”, cuestionó el veedor de salud Nicolás Salazar.

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Entre tanto, organizaciones del sector salud y de defensa de los pacientes han elevado alertas sobre la magnitud del problema. Pacientes Colombia advirtió que, pese a que Nueva EPS recibe cerca de 16 billones de pesos anuales, la entidad acumula deudas por 21,3 billones de pesos con hospitales y prestadores, 15,2 billones en anticipos sin legalizar, 13,5 millones de facturas médicas sin auditar y un patrimonio negativo de 4,4 billones de pesos, según informes de la Contraloría y la Procuraduría en 2025.

Para la organización, esta situación evidencia graves fallas administrativas o una posible opacidad en el manejo de los recursos, escenarios que terminan afectando directamente a los pacientes, quienes hoy no reciben los medicamentos que requieren para continuar sus tratamientos.

Las consecuencias ya se reflejan en el sistema de salud. De acuerdo con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en el primer semestre de 2025 cerraron más de 6.084 servicios de salud en el país, reduciendo la capacidad de atención. A su vez, cifras de Anif indican que el gasto de bolsillo de los hogares pasó de 14,2 % en 2021 a 16,8 % en 2024, equivalente a 14,5 billones de pesos. La Fundación Retorno Vital advierte que algunos pacientes deben esperar más de 250 días para recibir sus medicamentos.

Mientras no llegan soluciones, los afiliados de Nueva EPS en Cúcuta y Norte de Santander continúan enfrentando un verdadero drama. La falta de medicamentos afecta no solo a pacientes con dolencias leves, sino también a personas con enfermedades crónicas y de alto riesgo como diabetes, cáncer, VIH, hipertensión, insuficiencia renal, autismo y patologías raras, cuyos tratamientos no pueden ser interrumpidos sin poner en peligro su vida.

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