La ofensiva de Estados Unidos en el mar Caribe contra el narcotráfico está reconfigurando, con efectos inmediatos, el mercado ilegal de la cocaína en Colombia. Informes reservados de la Fuerza Pública y testimonios en zonas cocaleras del nororiente del país coinciden en que las operaciones ordenadas por el presidente Donald Trump han alterado rutas, frenado flujos de dinero y generado una crisis económica en territorios históricamente dependientes de esta economía ilícita.

En municipios del Catatumbo, en Norte de Santander —uno de los principales enclaves de producción de cocaína—, líderes comunitarios y autoridades locales describen un panorama de parálisis. “No hubo plata entre noviembre y diciembre por las operaciones en el mar”, relató un líder social cercano a los cultivadores, al explicar que los narcotraficantes evitan enviar cargamentos por el alto riesgo de ser interceptados en alta mar por fuerzas estadounidenses.

Un alto mando de la Policía señaló que, antes de los ataques en el Caribe, las lanchas con cocaína salían por el río Catatumbo y el lago de Maracaibo rumbo a aguas cercanas a Puerto Rico y República Dominicana. Tras los bombardeos, esas rutas se cerraron de facto. “Ahora, cuando caen misiles sobre los transportadores, las rutas se han modificado y el negocio ha entrado en crisis”, explicó el oficial.

Rutas del narcotráfico se desplazan hacia el sur y puertos del Caribe

Las dificultades para sacar droga por el Caribe han empujado a las organizaciones criminales a buscar salidas alternas. Según fuentes policiales, parte del flujo se intenta evacuar por Brasil, una vía más compleja y costosa. Al mismo tiempo, el interés se ha desplazado hacia Nariño, Cauca y Putumayo, y hacia los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

En estas zonas operan estructuras como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un reacomodo que, advierten las autoridades, podría detonar nuevas disputas violentas.

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En Tibú, el impacto es tangible. María Ceballos (nombre cambiado), dedicada desde siempre a esta economía, describió el colapso del mercado: “No hay compra de nada. Ya no hay trabajo porque no hay plata. Para uno de obrero, fiado no trabaja. De mal en peor”.

La base de coca se acumula en las fincas desde noviembre y algunas familias sobreviven mediante trueques de pasta por alimentos. El kilo, que en épocas de auge superaba los tres millones de pesos, hoy ronda los 1.500.000. “Hay que rogar. Si lleva mugre, menos”, agregó.

Eln, disidencias y la lectura oficial de Antinarcóticos

Para la Policía Antinarcóticos, el contexto también está marcado por la confrontación entre el Eln y disidencias de las Farc por el control territorial y de las economías ilícitas. El director de la especialidad, general Ricardo Sánchez, afirmó que estas disputas han afectado la mano de obra y los flujos de compra.

En ese marco, destacó resultados operativos: incautaciones de clorhidrato y base de coca, destrucción de infraestructuras y la desarticulación de organizaciones transnacionales. “Hemos detectado unos vuelos con mayor capacidad que han ido hacia África con grandes cantidades de estupefacientes. Esto lo hemos detectado a través de procesos judiciales”, dijo.

El trasfondo internacional tendrá un capítulo clave en la reunión prevista para la primera semana de febrero entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro. Trump ha insistido en frenar el envío de drogas a su país: “Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”.

El Gobierno colombiano, por su parte, sostendrá que su estrategia prioriza las incautaciones y presentará cifras para respaldarlo, en medio de un tablero criminal que cambia aceleradamente.

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