El maestro Ernesto Rey Cantor, considerado uno de los juristas más destacados de América Latina y gran parte de Europa, visitó Cúcuta para acompañar a la Universidad Libre y la Defensoría del Pueblo de Norte de Santander en un diálogo con sus funcionarios sobre el papel de las instituciones frente a la violación de los derechos humanos.
Nacido en Fusagasugá, fue magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca durante siete años. Actualmente se dedica a la enseñanza del derecho y es experto en Derecho Constitucional, Administrativo y en Derechos Humanos. A sus 73 años, conserva la fe y el fervor por la justicia, manteniéndose activo en todos los escenarios donde se promueve la defensa de la dignidad humana.
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¿Cómo evalúa el estado actual de los derechos humanos en Colombia, especialmente tras los recientes cambios políticos y de seguridad?
Colombia, en su conjunto, atraviesa graves situaciones de violación de derechos humanos. Hay hechos muy preocupantes en el suroccidente del país, pero también en el norte, particularmente en la Costa Atlántica y Norte de Santander.
Desde el exterior, donde he estado en varias oportunidades, llama mucho la atención la situación del Catatumbo, donde se registran violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Algunos de esos hechos pueden tipificarse como crímenes internacionales, según el Estatuto de Roma.
Lo más alarmante es la impunidad de los responsables. Internacionalmente, Colombia tiene una mala imagen por esa falta de justicia.
¿Qué avances o retrocesos identifica en la implementación del Acuerdo de Paz, en especial en materia de justicia y reparación a las víctimas?
El principal fruto del acuerdo fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que hace parte del sistema de justicia transicional. Esta jurisdicción ha emitido recientemente dos sentencias relevantes:
* El Macrocaso 01, sobre secuestros y extorsiones cometidos por las Farc.
* El Macrocaso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cometidos por agentes del Estado.
La primera sentencia se refirió a los hechos ocurridos en el batallón La Popa, en la Costa Atlántica. Faltan cinco decisiones más, una de las cuales podría corresponder a Norte de Santander, relacionada con hechos en La Gabarra, como los hornos crematorios y desapariciones atribuidas a militares y paramilitares. La JEP está priorizando las investigaciones por regiones, lo cual permitirá esclarecer esas violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
¿Los ceses del fuego pactados con grupos armados han contribuido o agravado la situación en el Catatumbo?
Por lo que he escuchado de abogados nortesantandereanos, estos ceses no han servido de mucho. A pesar de los acuerdos, las violaciones de derechos humanos se han seguido repitiendo.
Miles de desplazados han llegado a Cúcuta y a la Costa Atlántica. Conservan la vida, pero lo han perdido todo: su tierra, su trabajo y sus bienes. ¿Quién los reparará integralmente?
Además, los familiares de las víctimas que murieron en enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados aún esperan justicia y reparación.
¿Qué delito considera más grave y persistente en la violación de derechos humanos en Colombia?
Los crímenes más graves son los de lesa humanidad y de guerra, tipificados en el Estatuto de Roma, que Colombia incorporó a su Constitución en 2001.
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Entre ellos, me preocupa especialmente el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la violencia sexual, la tortura y el esclavismo sexual. Muchas niñas fueron víctimas de abortos forzados y las sobrevivientes hoy lideran fundaciones que denuncian estos hechos.
La JEP ofrece beneficios a quienes reconocen responsabilidad, dicen la verdad y contribuyen con la reparación y la no repetición. No van a prisión tradicional, sino que reciben penas restaurativas de 5 a 8 años.
Sin embargo, las víctimas esperaban una justicia de cárcel. Hoy se habla de una justicia restaurativa, pero falta ver cómo se restablece realmente el tejido social y la dignidad de las víctimas.
El año comenzó con una nueva guerra en el Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las Farc. ¿Qué lectura tiene de este conflicto?
Es imperdonable, porque demuestra que los hechos se repiten. Si se habla de paz, es para que esas situaciones no vuelvan a ocurrir.
Si el Estado no repara integralmente a las víctimas, los casos terminarán en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que seguramente condenarán al Estado colombiano, como ya ocurrió en el caso de la masacre de los 19 comerciantes, donde se ordenó una indemnización de 6,5 millones de dólares a las familias.
La guerra del Catatumbo, con sus muertos y desplazados, podría tener un costo similar o mayor para el país.
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Recientemente, la Corte Suprema advirtió que la falta de avances en justicia y paz podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional. ¿Qué opina al respecto?
La acción de tutela protege los derechos fundamentales, pero cuando los hechos configuran crímenes internacionales, y el Estado no puede o no quiere investigar, interviene la Corte Penal Internacional (CPI).
La CPI ha mantenido un examen preliminar sobre Colombia desde 2012, aunque se retiró parcialmente al comprobar que la JEP sí estaba actuando.
Por eso insisto: hay que apoyar a la JEP, porque está haciendo lo que la justicia penal ordinaria no hizo en muchos años.
¿Qué puede hacer el Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a delitos como el secuestro y la extorsión en zonas con poca presencia estatal?
El secuestro y la extorsión fueron delitos cometidos históricamente por las Farc, pero tras su desmovilización esos hechos disminuyeron.
Hoy, los responsables son bandas criminales y delincuencia organizada, que deben ser investigadas por la justicia ordinaria.
El problema es que el Estado no tiene presencia efectiva en regiones como Norte de Santander, lo que impide proteger adecuadamente a la población.
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¿Considera que el Estado colombiano ha tratado con dignidad a la población migrante venezolana?
El pueblo venezolano ha sido históricamente hospitalario, pero la crisis económica y política llevó a una migración masiva.
Entre esa población hay personas trabajadoras que buscan sobrevivir, pero también llegaron grupos delincuenciales, incluso liberados de cárceles venezolanas, que hoy integran estructuras como el Tren de Aragua.
Esto ha agravado la situación de seguridad en la frontera y en varias regiones del país.
El pueblo motilón barí denuncia desplazamientos y reclutamiento forzado. ¿Qué opina sobre su situación?
Los motilones barí son una comunidad indígena muy vulnerable que el Estado tiene la obligación de proteger.
Sin embargo, históricamente han sido ignorados por la clase política. Si no se les garantiza su territorio y su seguridad, estos casos pueden terminar ante la Corte Interamericana, como ha ocurrido con otras comunidades indígenas en la región.
Seguramente la Corte ordenará su restitución territorial y reparación integral.
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¿Qué papel deben jugar la academia y los medios de comunicación en la construcción de una cultura de derechos humanos?
Desde la academia debemos liderar la formación en Derechos Humanos. En la Universidad Libre seccional Cúcuta, por ejemplo, existen programas de especialización y maestría en Derecho Constitucional que buscan capacitar a los servidores públicos en esta materia.
Los medios de comunicación también cumplen una labor esencial: difundir, educar y promover el respeto por la dignidad humana.
Como decía Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. Esa es la base de cualquier sociedad que aspire a convivir sin violencia.
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