El año pasado continuó la incesante batalla de las autoridades por contener la criminalidad, siendo la incautación de armas de fuego ilegales y la captura de quienes las portan, una de las principales estrategias para tratar de lograrlo.
En 2025 las autoridades se incautaron de un total de 543 armas en el área metropolitana de Cúcuta, un aumento respecto a la cifra de 2024, lo que para el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía, es un hecho positivo al ser producto de una lucha más intensa contra la criminalidad y el aumento de operativos contra los actores armados.
¿De dónde vienen?
Según la información conocida, las armas ilegales que se encuentran en la región tienen orígenes diversos, la forma principal de ingreso al país es por contrabando a través de los pasos irregulares en las fronteras, mientras que a Cúcuta se presume que llegan por medios terrestres y producto del tráfico de armas.
“Un porcentaje de las armas es de fabricación brasileña, otro tanto viene de Argentina y otras, por la cercanía, provienen de Venezuela. Hay un número significativo de armamento que hemos incautado que son rifles AK-47, de fabricación venezolana”, precisa Ojeda.
Las granadas
Una preocupante modalidad de violencia estremeció el área metropolitana a lo largo del año pasado, y fue por el uso de granadas por parte de bandas criminales, quienes desataron el terror por periodos de tiempo.
Como si se trataran de ataques coordinados, en repetidas oportunidades los incidentes ocurrieron con una periodicidad muy cercana en cuestión de tiempo. La última racha data de comienzos de diciembre, con dos incidentes; entre finales de julio y principios de agosto, seis artefactos explosivos estallaron; de igual forma, a finales de abril, cuatro granadas fueron lanzadas en menos de 10 días.
Esas fueron algunas de las que lograron hacer daños, principalmente materiales, con algunos lesionados. Pero a lo largo del año las autoridades lograron incautar 320 granadas, a diferentes grupos delincuenciales, aunque según las autoridades este es un ‘sello característico’ de los AK-47.
“Ellos son los que utilizan principalmente esta modalidad para presionar el pago de extorsiones, la lanzan contra comerciantes que no quieren pagar, y hacemos un llamado a que por favor denuncien”, declara Ojeda.
Los grupos más afectados
Según revela el coronel, la principal organización criminal que más ha sido afectada por la incautación de armas es el Eln, seguido de las diferentes bandas delincuenciales que se disputan el control de los territorios y las rentas ilegales.
En la lista se encuentran los AK-47, la Familia P, Los Mexicanos y más recientemente Los Turcos, a quienes lograron capturar a su presunto cabecilla, Carlos Andrés Lindarte Quintana, alias Cardi.
Estos operativos habrían tenido un impacto significativo en la baja de homicidios presentada en las primeras dos semanas de diciembre de 2025, en comparación con la alarmante cantidad de asesinatos presentada entre finales de octubre y noviembre.
“A todos les hemos incautado armas, los hemos golpeado y eso representó una disminución en los crímenes, hasta los casos presentados en medio del paro ilegal del Eln”, añade el oficial, quien enfatiza en que algunos de los tres cadáveres encontrados el sábado 13 de diciembre, los asesinatos se habrían perpetrado en Venezuela pero los cuerpos habrían sido abandonados en territorio colombiano.
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¿Qué pasa con las armas?
Las armas que son incautadas tienen dos posibles rutas, según explica Ojeda, algunas de estas tienen un salvoconducto, pero al no portar con el permiso especial que se requiere, son retenidas. En esos casos se hace un análisis para determinar si es factible devolverla a su propietario o si continuará bajo resguardo de las autoridades.
De ser así, son enviadas al departamento de comercialización de armas y explosivos del Ministerio de Defensa, para que sean destruidas.
La otra ruta aplica para las armas que no tienen ningún tipo de documentación, que constituyen aproximadamente el 95% de las armas incautadas, son de inmediato a las bodegas de almacenamiento de la Policía Nacional, posteriormente son remitidas a la Fiscalía, en medio de estos procedimientos se establece si dichos elementos fueron utilizados en algún hecho criminal.
Finalmente, van a parar a manos del Ministerio de Defensa, donde son destruidas. Ojeda dio un mensaje para la comunidad, resaltando la importancia de denunciar estos casos. “Por favor llamen a la Policía, a las patrullas de vigilancia, esa (las armas) es la principal herramienta para cometer homicidios y hurtos”, afirma el oficial.
Portar armas modificadas: un delito distinto
El llevar armas de fuego es penado por el artículo 365 del Código Penal colombiano bajo el nombre fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, usualmente consistiendo de penas de prisión de entre 9 a 12 años, aunque con algunos agravantes.
Este se refiere al portar armas, partes, accesorios o municiones, sean propias o en el caso de ser sorprendido fabricándolas o comercializándolas. Este delito será agravado en los siguientes casos: cuando el arma se use en un delito, cuando se oponga resistencia violenta a un requerimiento de las autoridades, cuando se porten mientras se usan máscaras o elementos para ocultar la identidad, cuando el portador pertenezca a un grupo criminal o cuando hayan sido modificadas para aumentar su letalidad. Incurrir en estas agravaciones hará que la condena que establezcan las autoridades sea aún mayor, un par de años.
Esta última situación, la de la modificación de armas es una de las que más se presenta en Cúcuta y su área metropolitana. Específicamente, una de las más comunes es la extensión del cargador de las pistolas permitiendo portar más cartuchos al mismo tiempo, es decir, le facilita al portador disparar más veces sin tener que cambiar de cargador.
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Los armerillos
Aquí aparece un rol clave, los encargados de modificar las armas de forma ilegal, a pedido de los clientes reciben el rol de armerillos y suelen instaurar un taller clandestino, uno de los cuales fue desmantelado el año pasado en pleno casco urbano de Cúcuta.
Según la revelación Ojeda, una de las principales tareas que hacen en estos sitios es la modificación de armas traumáticas, que no son ilegales de conseguir, y por medio de cambios en los cartuchos y en el cañón, pasan a ser consideradas tan letales como armas de fuego, de este tipo de armas se han incautado 140 en el año, y sus portadores judicializados por porte ilegal.
“Es una lucha que libramos diariamente, estamos llegando a los talleres donde se modifican las armas, trabajando con la Dijín, la sección de armas, para golpear estas estructuras”, manifiesta Ojeda.
En uno de los últimos operativos contra este tipo de talleres, la Policía logró la captura de los hermanos Wilmer Albeiro y Nelson Enrique Díaz Contreras, quienes modificaban y fabricaban armas a petición de clientes.
Las actividades las harían dentro de una vivienda en el barrio Gaitán, de Cúcuta, donde encontraron dos pistolas, dos revólveres, munición y diferentes partes de armas, igual que herramientas para su fabricación y mantenimiento. Ambos fueron enviados a prisión por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, partes y accesorios.
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