Un panorama ‘absolutamente peligroso’ fue el que pudo evidenciar la comisión de verificación humanitaria en el Catatumbo, luego de completar una gira de tres días -12, 13 y 14 de noviembre- por la zona rural de Tibú y El Tarra, específicamente por las localidades Campo 6, Bertrania, Filogringo y Versalles, de las más afectadas en los 10 meses de conflicto entre el Eln y las disidencias del frente 33 de las Farc.
Comunidades que hace un año estaban llenas de vida, a pesar de las dificultades, hoy lucen como pueblos fantasmas, diezmados por un desplazamiento sin precedentes en la historia reciente de Colombia, que ha dejado más de 70.000 víctimas.
El escenario más dramático fue el que encontraron en el corregimiento de Versalles, donde los veedores estiman que al menos el 80 por ciento de la población tuvo que salir huyendo del conflicto.
“Citando las palabras de las comunidades en territorio, que han soportado más de tres décadas de guerra, hay cosas que jamás habíamos visto y vivido”, relató Judith Maldonado, de Poder Paz, al referirse a la escena de ‘casas minadas’, marcadas con letreros de los mismos grupos armados, en lo que se advertía sobre la inminente amenaza.
“La gente está sometida a vivir allá porque sabe que en la ciudad no tiene absolutamente nada de apoyo; mientras que quienes salieron desplazados tuvieron que retornar sin garantías ni acompañamiento”, señaló la líder social.
El clamor de la comunidad
Maldonado explicó que en los tres días de verificación escucharon a cerca de 800 personas y todas coinciden en el mismo clamor: ayuda humanitaria urgente, jornadas de toma de declaraciones para las víctimas, diálogo entre los grupos armados y el Gobierno Nacional para desescalar el conflicto y el cese de la práctica de minar, así como la implementación del desminado humanitario.
“Muchas de estas comunidades llevan meses sin recibir algún tipo de auxilio, algunos solo lo han recibido una vez, otras ninguna”, dijo la representante de Podemos Paz.
Añadió que algunas poblaciones se encuentran en situación de hambruna, ya que por la amenaza de las minas antipersonal, ya no pueden sembrar en sus fincas, situación que limita el desarrollo de actividades productivas y afecta directamente su economía. En este sentido, “nos hicieron ese llamamiento para que las entidades competentes puedan llevar la ayuda humanitaria que se requiere”, dijo.
Sobre las dificultades para hacer las respectivas declaraciones de hechos victimizantes, Maldonado indicó que al menos 100 personas se quejaron al respecto, y pidieron la presencia urgente de funcionarios del Ministerio Público.
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Pero el llamado más vehemente sin duda es a retomar los diálogos para cesar el conflicto, pues es la única vía posible que ven las comunidades para que la situación mejore.
Maldonado hizo énfasis en la urgencia de esta petición, sobre todo porque “hay una preocupación en el territorio, por los rumores que circulan en relación al rearmamento y reacomodación de los grupos, que podría significar otro diciembre y enero trágico”.
Graves hallazgos
En el propósito de acompañar a las comunidades, visibilizar sus voces y documentar las infracciones al derecho internacional humanitario, la comisión de verificación encontró una seria vulneración de los derechos humanos.
El uso de drones no tripulados para lanzar artefactos explosivos es una de las faltas más graves evidenciadas, por el profundo daño que causan en la población civil.
Asimismo, recibieron testimonio sobre el reclutamiento de menores entre los 12 y 16 años, con el agravante de la explotación o abuso sexual en el caso de las niñas.
Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) se refirió al impacto que ha causado el desplazamiento en el fraccionamiento familiar, y en la interrupción de la vida social y comunitaria, así como en la anulación de los liderazgos sociales, toda vez que en las comunidades visitadas, que pueden tener entre 10 y 15 juntas de acción comunal, no se registró presencia de ningún dignatario de estas asociaciones locales.
La interrupción del derecho a la educación en los niños, niñas y adolescentes fue otro de los hechos graves. La comisión evidenció que la mayoría no recibe clases desde enero, mientras que unos pocos lo hacen de manera esporádica y precaria por medios virtuales.
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“Adicionalmente, encontramos demasiadas afectaciones psicosociales, impactos emocionales y físicos que nos preocupa de sobremanera”, expresó Lina Mejía de la organización Vivamos Humanos.
También señalaron con preocupación algunas infracciones cometidas por la Fuerza Pública, a partir de testimonios y más de 200 denuncias, que dan cuenta de hechos relacionados con el lanzamiento de artefactos explosivos de manera indiscriminada, violando normas del derecho internacional humanitario.
El representante de Ascamcat indicó que, con el fin de persuadir a los actores armados para que respeten los mínimos humanitarios, dejaron instalados unos pasacalles visibles, pues “hasta la guerra tiene reglas, y la regla es respetar a la población civil”, dijo.
La comisión se comprometió a trasladar las peticiones de las comunidades a las entidades competentes y espera realizar un seguimiento y continuar con otras comisiones de verificación.
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