El alcalde Alexi Allende Valencia Lizcano estaría comprometiendo seriamente las finanzas municipales y su propia permanencia en el cargo, luego de dar por terminado de manera unilateral el Contrato de Concesión No. 001 de 2007, que estaba a cargo de la empresa Energizzett S.A. E.S.P.

La medida, adoptada mediante la Resolución 580 del 17 de junio de 2025 y confirmada mediante la Resolución 657 del 09 de julio de 2025, abrió un frente de confrontación legal que ya escala ante la Procuraduría y los demás entes de control. Según expertos, podría derivar en millonarias demandas contra el municipio.

Recusación en procuraduría y posibles irregularidades

El 3 de julio de 2025, una vez conocida la decisión preliminar y antes de la expedición de la Resolución 657 del 9 de julio de 2025, Energizzet S.A. E.S.P. interpuso recusación contra el alcalde municipal por prejuzgamiento. No obstante, el alcalde habría omitido darle el trámite legal correspondiente, consistente en remitirla a la Procuraduría Regional para su definición.

Pese a la existencia de la recusación —la cual debía suspender la actuación administrativa hasta su resolución—, el alcalde designó de manera irregular al Secretario de Infraestructura, Carlos Alfredo Muñoz, para que profiriera la Resolución 657 de 2025, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la misma decisión. Todo ello se realizó sin pronunciarse en ningún momento frente a la recusación presentada, desconociendo su efecto suspensivo.

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En consecuencia, el concesionario alegó arbitrariedad y falta de motivación suficiente en la decisión de terminación del contrato. De hecho, según documentos revelados por La Opinión, el mandatario Alexi Allende Valencia “no aportó documentos que den cuenta del trámite completo adelantado por la administración municipal (en torno a la recusación)”, circunstancia que, según expertos en derecho,  dejaría sin efectos los actos posteriores, incluyendo la Resolución 657 del 9 de julio de 2025.

Los Juristas consultados advirtieron que toda actuación adelantada con posterioridad al 3 de julio de 2025 carece de validez por vulneración del debido proceso y desconocimiento del trámite previsto en los artículos 11 y 12 del CPACA, que obligan a remitir las recusaciones a la Procuraduría Provincial o Regional.

Funcionarios en la mira

La controversia también alcanza a la administración municipal. El Secretario de Infraestructura, Carlos Alfredo Muñoz; el Secretario de Hacienda, Jesús Antonio Rincón; y el Jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Tito Andrés Bonilla Castiblanco —hermano del exalcalde José Miguel Bonilla—, habrían emitido pronunciamientos “falsos y sin sustento jurídico” al sostener que el contrato se encontraba terminado, cuando en realidad su liquidación bilateral, exigida por la ley, no ha sido iniciada.

De acuerdo con especialistas en derecho, considerando que la Resolución 657 fue presuntamente expedida sin competencia y sin que se haya adelantado trámite alguno de liquidación, Energizzett S.A. E.S.P. continúa siendo la responsable de la prestación del servicio de alumbrado público en Los Patios.

Observaciones de la 
Procuraduría

El 30 de julio de 2025, la Procuraduría Regional, al analizar la recusación presentada, ordenó a la Alcaldía de Los Patios darle el trámite correspondiente, solicitando completar la documentación y el procedimiento de recusación. Para ello, concedió un plazo de cinco (5) días hábiles, advirtiendo que la falta de pronunciamiento del alcalde constituía una falencia grave que debía ser subsanada.

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En su pronunciamiento, el órgano de control recalcó la obligación de la administración municipal de allegar la manifestación del mandatario y los soportes requeridos para continuar con el análisis de fondo.

Traspaso de recursos 
bajo cuestionamiento

Pese a la incertidumbre jurídica existente, la administración local inició gestiones para asumir el recaudo del impuesto de alumbrado público, solicitando a Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) y a otros comercializadores de energía transferir directamente los recursos a una nueva cuenta abierta por la Secretaría de Hacienda.

Adicionalmente, los secretarios de Hacienda e Infraestructura requirieron información detallada sobre inventarios, consumo energético, facturación y costos del servicio, en un contexto en el que aún no existe una definición jurídica clara respecto a la terminación y liquidación del contrato. Estas actuaciones han sido cuestionadas por sectores comunales, que denuncian que generan confusión en la ciudadanía y ponen en riesgo la continuidad del servicio.

¿Qué dice el alcalde?

Al ser indagado sobre por qué no respondió al órgano de control la recusación que le hizo el concesionario Energizett S.A., el alcalde de Los Patios, Alexi Valencia respondió a La Opinión que tal recusación fue presentada después de que el trámite administrativo ya había concluido y se había expedido la decisión de dar por terminada la concesión a través de la resolución 580 de 2025. 

“Para ese momento, me encontraba en comisión oficial fuera del país, contando con la autorización de parte del señor Gobernador. Por ello, el alcalde encargado asumió el trámite correspondiente, garantizando la continuidad institucional y el respeto por el debido proceso”, añadió el mandatario.

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Subrayó que las decisiones adoptadas por la administración municipal se han basado en el respeto a la ley, la transparencia y la defensa del interés general. “Además, la comunidad puede estar tranquila porque la decisión de dar por terminada la concesión se tomó con fundamento legal y con respaldo judicial”. 

Al respecto – dijo- que es importante que la comunidad sepa, que el Consejo de Estado, máxima autoridad en lo contencioso administrativo, ratificó las facultades y la competencia de la alcaldía municipal de Los Patios para continuar y tomar una decisión de fondo frente a la concesión de alumbrado público. 

Temor por sanciones

Mientras tanto, el proceso continúa en manos de la Procuraduría, que deberá establecer si existieron irregularidades y determinar si el mandatario y los funcionarios involucrados incurrieron en faltas gravísimas, susceptibles de dar lugar a sanciones disciplinarias como suspensión, multas, inhabilidades e incluso la apertura de procesos penales.

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