Una ciudad con indicadores de violencia alarmantes, en la que la percepción de inseguridad pasó a ser, por encima del desempleo, el asunto que más preocupa a sus habitantes, será la que reciba el próximo alcalde de Cúcuta el primero de enero de 2024.

La más reciente encuesta de percepción ciudadana del programa Cúcuta Cómo Vamos reveló que ocho de cada diez cucuteños consultados se sienten inseguros en la capital nortesantandereana, que ocupó el puesto 49 de las más violentas del mundo, según la lista publicada este año por la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

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Tan solo entre el primero de enero y el 13 de septiembre de 2023 hubo un incremento del 24% en el delito de homicidio en el área metropolitana, con un total de 257 casos, frente a los 208 que registró la Policía en el mismo periodo de 2022.

El aumento también se sintió de manera considerable en el hurto a personas (32%), al pasar de 2.267 casos en 2022 a 2.995 en lo que va corrido del año. El hurto a residencias subió un 26% (375 del 2022 vs. 473 del 2023), el hurto a comercios creció un 30% (77 del 2022 vs. 102 del 2023) y el hurto a automotores 32% (77 casos vs 102 del 2023).

La violencia desbordada obligó a los alcaldes de los seis municipios metropolitanos a sentarse en un consejo extraordinario de seguridad que tuvo como mediador al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, y allí se decidió implementar medidas de urgencia, como el toque de queda para menores de edad y el cierre a tempranas horas de los establecimientos nocturnos.

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Ad portas de un nuevo proceso electoral en el que una de las principales peticiones de los cucuteños es que la seguridad sea una prioridad, en La Opinión decidimos ponerle la lupa a las propuestas que en esa materia están impulsando los 14 candidatos a la Alcaldía y con el apoyo de expertos en la materia, estadísticas, estudios y análisis, revisamos la pertinencia de las mismas, su viabilidad y qué tanto coinciden las apuestas entre los aspirantes. Esto encontramos:

Propuestas diferenciales

- Leonardo Jácome: crear el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) para Cúcuta

-Jorge Acevedo: canjear la instalación de cámaras de seguridad por parte de la empresa privada a cambio de beneficios tributarios.

-Carlos Jaimes: crear albergues de protección para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Poca profundidad en las propuestas

María Acosta, investigadora del área de seguridad y gobernanza de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó la oferta de los 14 candidatos que aspiran administrar la ciudad durante los próximos cuatros años y sus consideraciones no son alentadoras frente a la visión que tienen los aspirantes de la seguridad, en un momento tan coyuntural como el actual.

En su criterio, no hay un análisis profundo del comportamiento del delito en Cúcuta y su área metropolitana por parte de los candidatos. “Tampoco se observan estrategias que permitan entender las cadenas legales e ilegales que se relacionan con su ocurrencia”.

Para la especialista, no hay estrategias innovadoras y, en general, se limitan a la presencia de la Fuerza Pública o a la incorporación de lo que ella denomina “juguetes tecnológicos” que, en algunos casos, son de carácter disuasivos, pero “tienen poco impacto en la reducción del delito”.

Considera que los desafíos sobre la violencia urbana pueden ser diferentes en términos de implementación de la política pública y aunque casi todos los candidatos mencionan algunos delitos, se limitan al factor del microtráfico.

“Parece que el panorama en seguridad y convivencia ciudadana no sale de los parámetros tradicionales y reproduce elementos que campaña tras campaña se tocan, sin demostrar su efectividad en la reducción del delito y en mejorar la percepción de seguridad de los ciudadanos”, expresó.

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Cree que se presentan vacíos para definir acciones concretas en prevención del crimen, mientras, por otro lado, se proponen acciones frente a una población que es estigmatizada por su alta probabilidad de cometer delitos como los jóvenes en riesgo o habitantes de calle.

Además, Acosta sostiene que es importante reconocer la labor de diferentes entidades en el tema de seguridad, pues esta no es solo una tarea de la Policía, como es el caso de las inspecciones de policía que cumplen un papel fundamental frente al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, y solo se nombra en una de las propuestas, sin claridad frente a su fortalecimiento (humano, técnico o financiero).

Aunque en la capital nortesantandereana el accionar de los grupos ilegales es alta, la investigadora señala que es importante reconocer las diferencias entre la violencia que ocurre en las áreas urbanas y rurales.

Estas últimas olvidadas por los candidatos, ya que solo las mencionan Sergio Maldonado y David Fajardo, con la particularidad de que el médico que se inscribió por Independientes les ofrece más policías, pasando por alto las complejidades de estos entornos.

Por otro, la experta en temas de seguridad ciudadana observa que ningún candidato promueve ejercicios de transparencia y sanción de funcionarios del sistema de seguridad, a excepción de Carlos Jaimes, quien propone una evaluación anual al comandante de policía y algunos mecanismos de seguimiento.

“No se observa ningún proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía ni control de delitos contra la administración pública por parte de funcionarios, tanto en vínculos con actividades ilegales, actos de corrupción o abuso de autoridad”, sugiere Acosta.

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