El 12 de diciembre de 2020, mientras los nortesantandereanos mantenían puesta su atención en la batalla contra la mortífera Covid-19 y en cómo asimilar unas festividades decembrinas en medio del encierro, en la Asamblea de Norte de Santander, durante una sesión virtual transmitida en vivo y con apenas unos cuantos seguidores como testigos, los diputados le daban vida a la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Faro del Catatumbo, que hoy está bajo el escrutinio público y de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación.
Los reparos y las inquietudes que días antes de su aprobación alcanzaron a plantear algunos de los diputados, principalmente de la oposición (Centro Democrático), sobre los alcances de dicha empresa, la posibilidad de que se transformara en un escenario de burocracia y terminara absorbiendo las funciones de secretarías importantes como la de Infraestructura, acabaron por convertirse en el presagio de lo que, tres años después, empieza a tomar forma de escándalo.
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La visión del gobernador Silvano Serrano de crear esta entidad como una unidad gestora de proyectos estratégicos para “generarle oportunidades de negocio al departamento”, como lo manifestó textualmente en el primer debate de la ordenanza 028 el entonces presidente de la corporación, el diputado Gregorio Correa, se ha traducido en sus tres primeros años de funciones en una millonaria contratación en obras de infraestructura vial, mejoramiento de escenarios deportivos, de salud, equipamiento social y comunitarios, entre otros.
A través de convenios interadministrativos, la Gobernación de Norte de Santander ha delegado en Faro del Catatumbo la puesta en marcha de decenas de proyectos, muchos de los cuales están consignados en el Plan Departamental de Desarrollo, sustituyendo así las labores propias de dependencias como la Secretaría de Infraestructura.
En el primer año de funcionamiento (2021), esta entidad, conformada con un capital inicial de $1.000 millones, cien por ciento público, cargado al presupuesto general del departamento, y cuya junta directiva preside el gobernador Silvano Serrano, entregó cuatro contratos por un monto cercano a los $26.000 millones, según la información que reposa en la misma página web de la EICE. En 2022 la cifra de contratos ascendió a 27.
Uno de los datos que llama la atención y que ha llevado a poner todos los reflectores sobre esta Empresa Industrial y Comercial del Estado, autorizada para promover, estructurar, desarrollar y gerenciar proyectos, es que en lo que va corrido de 2023, en pleno año electoral, Faro del Catatumbo ha adjudicado ya 39 contratos, que suman un valor de $300.000 millones.
Pese a que desde finales de junio pasado entró en vigencia la Ley de Garantías Electorales, “que busca garantizar la igualdad de condiciones en los procesos electorales para cargos de elección popular”, esta EICE ha seguido contratando y entre julio y agosto se adjudicaron 13 proyectos u obras por cerca de $155.000 millones.
En una revisión hecha por La Opinión a cada uno de los contratos de 2023 publicados por la empresa en su página web, se puede observar que los más cuantiosos se entregaron justamente en este periodo de tiempo y en la mayoría de las licitaciones hubo un único oferente. En este grupo aparecen, entre otros, los siguientes:
-LP-FC-038-2023, por $69.756 millones, adjudicado al Consorcio Vía Centro, cuyo representante legal es Germán Alberto Berbesí Barroso. (Único oferente).
-LP-FC-039-2023, por $18.710 millones, adjudicado al Consorcio Chinácota-Mejué, de quien es representante legal Jaime Hernando Tenjo Contreras. (Único oferente).
-LP-FC-042-2023, por $27.978 millones, adjudicado a la Unión Temporal Construcciones La Salle, cuyo representante legal es Fabio Alberto Sánchez Garavito. (Único oferente).
-LP-FC-045-2023, por $32.518 millones, otorgado al Consorcio Infraestructura Educativa 2023, representado legalmente por Marco César Leiva Takemiche. (Único oferente).
Esta semana, en una entrevista con el programa ‘Sigue la W’ de la emisora W Radio, el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, habló de la contratación en Ley de Garantías y explicó que Faro del Catatumbo es una empresa industrial y comercial del departamento, completamente pública, con patrimonio 100% de la Gobernación de Norte de Santander “y tal como lo señala la Ley 996 que rige el tema de control de garantías electorales, no está enmarcado dentro de las prohibiciones, el desarrollo de su actividad, que es la contractual”.
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El gobernador dijo que Faro del Catatumbo se creó justamente por la necesidad que se ha evidenciado desde hace algunos años “de tener como soporte de la Gobernación una unidad gestora de proyectos, es decir, una unidad que se encargue de identificar esos proyectos estratégicos de Norte de Santander, hacer su estructuración, maduración, estudios diseños pero adicionalmente hacer el ejercicio del desarrollo y ejecución de obras que hemos considerado estratégicas”.
Viejos conocidos
Desde que la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Faro del Catatumbo vio la luz, muchas caras y nombres conocidos han estado relacionados no solo con su funcionamiento y administración, sino con los negocios y proyectos que se han concretado a través de ella en estos primeros tres años de labores.
Si bien la Ordenanza 021 mediante la cual se creó la EICE establece que el gobernador es la cabeza visible de la empresa, como presidente de la junta directiva, y que los cuatro miembros restantes de este órgano de dirección también serán designados por él, uno de los principales cuestionamientos que se hizo desde un principio fue que Faro terminó convertida en una extensión de la Gobernación.
Lo anterior, pues varios de los secretarios de despacho o funcionarios que estuvieron vinculados con la administración departamental terminaron ejerciendo algún cargo en la nueva empresa.
Una de ellas es Lucy Elena Urón Rincón, quien se desempeñó como secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Sostenibilidad en el arranque de la administración de Silvano Serrano y se convirtió en la gerente de Faro el 31 de enero de 2022.
Luego de su renuncia al cargo, este año asumió esas funciones el exsecretario de Planeación, Víctor Peña, quien es otro de los viejos conocidos de la administración departamental, pues ha estado vinculado en las dos administraciones de William Villamizar, en la de Edgar Díaz y, más recientemente, en la de Silvano Serrano.
Urón también hizo parte del gabinete de Díaz, como alta consejera para Planes, Programas y Proyectos Especiales de la Gobernación y es, además, la cuñada del exgobernador William Villamizar.
Pero los exsecretarios no son los únicos en mantener sólidos los lazos de confianza entre el Palacio de la Cúpula Chata y Faro del Catatumbo, porque al revisar la contratación de los últimos dos años (2022-2023) es evidente que los acreedores de las licitaciones ofertadas por la Empresa Industrial y Comercial terminan siendo muchas veces los mismos que han contratado por años con el departamento, organizados a través de consorcios o uniones temporales.
Es por eso que en la estructura de la contratación que ha entregado la citada entidad en los últimos años, es fácil encontrar que muchos de los participantes se repiten y en algunos casos se ganan los proyectos a nombre de una unión temporal o consorcio, luego aparecen a nombre de otro; en ocasiones lo hacen en representación propia y en otras como empresas, dejando en evidencia unas claras conexiones.
Nombres como los de Fabio Alberto Sánchez Garavito, Germán Ricardo Vásquez Chinchilla, Edwin Vladimir Peña Quintero, Renzo Adriano Ortega Torres, José Oswaldo Rincón Ramírez, Jaime Hernando Tenjo Contreras, al igual que el de algunas empresas como Norte Ingenieros Consultores & Asociados SAS., Constructora CCC SAS, Edificaciones y Vías S. Constructora Maticces P&B Ltda., entre otras, aparecen recurrentemente entre los ganadores de los contratos.
Un aspecto que llama la atención a la hora de revisar las licitaciones públicas y el resultado de los procesos es que en la gran mayoría de las convocatorias hechas por Faro del Catatumbo son escasos los proponentes que participan.
La Opinión revisó los 39 contratos adjudicados en 2023 y encontró que en 25 de ellos se presentaron tan solo dos proponentes, en 7 tres oferentes y en los otros 7 tan solo uno.
Frente a este tema de los oferentes, el gobernador Serrano ha explicado que este tipo de entidades de régimen especial están obligadas a hacer publicación en el Secop II, es decir, garantizar el principio de transparencia, para que todos en el ámbito regional local y nacional puedan presentar propuestas o en el proceso de selección del contratista.
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De acuerdo con el Manual de Contratación por el que se rige la EICE, esta podrá acudir a la contratación directa o la convocatoria pública, y no está obligada a acogerse a los pliegos tipo para la adjudicación de proyectos.
“De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007 y teniendo en cuenta que la empresa desarrollará sus actividades comerciales en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional, se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a su actividades económicas y comerciales, es decir, por los preceptos del derecho privado”, dice el Manual de Contratación de Faro del Catatumbo.
A pesar de esto, el gobernador ha sido enfático al señalar que la misma Constitución y la ley han sido claras en decir que, a pesar de que estas empresas se rijan por el derecho privado, deben respetar los principios de la función pública y administrativa y, además, existe un marco que protege el bien público como son los principios de la contratación estatal que deben ser respetados.
Le siguen la pista
La Opinión conoció que desde junio pasado la Procuraduría General de la Nación tiene la lupa puesta sobre las actividades de la Empresa Faro del Catatumbo, por unas presuntas irregularidades que se habrían advertido en el ejercicio de las funciones de dicha entidad, relacionadas con la ejecución oportuna de los recursos del Sistema General de Regalías.
Los hechos tienen que ver, concretamente, con la ejecución del proyecto ‘Mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario’, el cual fue financiado con recursos de regalías por un valor de $4.239 millones.
En los últimos días, el ente de control disciplinario ya ordenó la apertura de una indagación previa con la que busca determinar si hay responsabilidad o no en la posible asignación, inversión y ejecución de recursos del Sistema General de Regalías.
El órgano de control también investiga una presunta irregularidad derivada de la naturaleza jurídica del Faro del Catatumbo, presuntas falencias en el régimen jurídico aplicable en materia contractual y la no aplicación de los documentos tipo.
Para ello se analizarán las actuaciones de:
-Los integrantes de la Asamblea de Norte de Santander que le dieron la categoría de Empresa Industrial y Comercial del Estado a Faro del Catatumbo, sin que en su objeto se efectúe alguna actividad comercial o industrial, y por dotarla de un régimen privado que no le aplicaría.
-El gobernador Silvano Serrano, por establecer los estatutos de Faro, bajo un régimen privado, pese a su presunta inaplicabilidad. También por la formulación del proyecto, con aparentes deficiencias técnicas.
-Lucy Elena Urón Rincón, en calidad de gerente de la EICE, quien suscribió el Manual de Contratación de la empresa, estableciendo un régimen privado, pese a que no era posible su aplicación.
-Edgar Villegas Pallares y Cristian Alberto Agudelo, responsables de los estudios del proyecto de infraestructura investigado.
-Efraín Alexander Pacheco, secretario de Vías del Departamento, por haber certificado que no existían puntos críticos en la obra.
La Procuraduría compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría General del Departamento y a la Coordinación de Procuradores Judiciales en lo Penal. En el mismo auto de indagación previa, el despacho compulsó cuatro procesos adicionales para investigar las actuaciones de Faro del Catatumbo.
Críticas a un modelo en auge
Aunque la figura de las empresas comerciales e industriales del estado es legal y está consignada en la Constitución, estas han despertado críticas en distintos sectores porque al regirse por el derecho privado, no están obligadas a cumplir La ley 80 y esto es visto como una manera de eludir la ley de contratación y los pliegos tipo.
La Opinión consultó a dos expertos en contratación pública, quienes manifestan reparos a la figura de las EICE, que están teniendo auge en distintos departamentos del país.
El ingeniero civil Jesús Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros y experto en contratación, asegura que “en el país existen varias figuras de este tipo que permiten suscribir convenios interadministrativos, y apenas lo suscriben, sacan las licitaciones o convocatorias sin arreglo a la Ley 80 o los pliegos tipo”. Fernández citó como ejemplos el caso de Emduce, en la Ceja (Antioquia), Edeso, de Ríonegro (Antioquia), e Impretics (Valle del Cauca), empresas de igual naturaleza que el Faro.
Fernández también cuestionó la capacidad que pueden tener estas empresas, creadas hace relativamente poco tiempo, comparado con la que pueden tener entidades más robustas dentro del organigrama público del departamento. “Si se hace una comparación de la planta de personal que tienen estas empresas, en el caso de Faro del Catatumbo, con la planta de la Gobernación, que tiene muchos jurídicos, por supuesto es mucho más robusto el desarrollo institucional del departamento, pero la gracias es que con este tipo de empresas pueden evitar la Ley 80”.
Es una entidad gestora de proyectos estratégicos: Gobernación
La Gobernación respondió a La Opinión las principales inquietudes sobre el funcionamiento de Faro del Catatumbo y las razones que llevaron a la administración departamental y a la Asamblea a darle vida a este proyecto.
¿De dónde surge la idea o la necesidad de crear el Faro del Catatumbo?
Históricamente, la Gobernación de Norte de Santander ha requerido de una Unidad especializada en Gestión de Proyectos, por esta razón, el plan de Gobierno y el Plan de Desarrollo del Departamento 2020-2023 “Más oportunidades para todos” plasmó la necesidad de contar con una entidad que estructurara, planeara y ejecutara los proyectos estratégicos requeridos por la región. Esta necesidad se materializó través de un proceso democrático adelantado en la Asamblea Departamental en cumplimiento de la constitución y la Ley. Esta entidad, al igual que las 340 entidades de igual naturaleza que existen en el país, es una entidad cuyo capital social es público, de la Gobernación del Departamento y como tal, está sometida a los principios de la función administrativa, de la función pública y de la contratación estatal.
Entonces, ¿qué obras estratégicas consignadas en el Plan de Desarrollo ha hecho hasta ahora el Faro del Catatumbo?
El megacolegio de La Salle (Ocaña), megacolegio de Los Patios, intersección Pinar del Rio- Santa Rosa de Lima; red vial secundaria Cornejo. Santiago, Santiago Salazar, Salazar Arboledas, Arboledas Cucutilla; mejoramiento de red vial terciaria del departamento, Paseo Rojo y Negro de Atalaya, mejoramiento infraestructura hospitalaria del departamento, mejoramiento de escenarios deportivos, infraestructura de salud El Carmen, Ocaña, vía Ocaña 450 años, y obras importantes contenidas en el plan de desarrollo de Norte de Santander.
¿Qué sentido tiene que el Faro del Catatumbo termine haciendo el trabajo de la Secretaría de Infraestructura o que termine contratando con otros las obras que tiene que hacer la misma administración?
Como se mencionó anteriormente, la Empresa Industrial y Comercial del nivel departamental es la Unidad Gestora de Proyectos que soporta técnica, administrativa, financiera y socialmente la gestión de los proyectos trascendentales para la región. La EICE Faro del Catatumbo ha participado de manera directa en la estructuración de importantes obras para el desarrollo de la región tales como el Centro de Eventos y Ferias o las obras de mejoramiento que se adelantan en la Variante La Floresta.
¿Por qué estando aún vivo el fantasma de Niutelco en el departamento, se insiste en hacer uso de figuras similares para contratar grandes obras?
Reiteramos y recalcamos que en el marco de la Ley 489 de 1998, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado se encuentran amparadas en la Ley como entidades promotoras de desarrollo, que históricamente han llevado procesos industriales y comerciales con el propósito de fomentar, desde el Estado, actividades de impulsión económica y social que permitan la satisfacción de las necesidades a cargo de las entidades territoriales. En ese sentido, la filosofía de este tipo de entidades es promover el crecimiento económico de los territorios, fomentar actividades industriales y comerciales que permitan el cierre de brechas sociales y la redistribución de los recursos del Estado en procura de las garantías de los habitantes.
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En la relación de contratos que se han licitado aparece uno para contratar una consultoría que estructure la creación de una empresa de economía mixta especializada para invertir en el sector de energías renovables. Este ha sido declarado desierto dos veces. ¿Cuál es al importancia de este proyecto?
Una de las líneas importantes del plan de desarrollo tiene que ver con el cambio climático y las energías renovables. Visualizando el desarrollo desde las diversas perspectivas en el sector energético, consideramos que en Norte de Santander se puede gestionar una línea de desarrollo de energías renovables como actividades comerciales, a la par que permita cerrar las brechas que históricamente se han presentado en el departamento. Es así como hemos tenido el interés de estudiar y analizar si es viable este tipo de entidades, y por esta razón, la Gobernación le apuesta al cumplimiento de la visión de las energías renovables que permitan el trabajo articulado con aliados estratégicos como Centrales Eléctricas de Norte de Santander, con quien hemos establecido conversaciones para el desarrollo de estas modalidades de generación energética.
Ha generado suspicacias el hecho de que la cuñada del exgobernador Villamizar haya sigo gerente del Faro.
La ingeniera Lucy Elena Urón Rincón es una profesional cuyas excelentes calidades académicas y profesionales quedan evidenciadas en varios años de experiencia profesional. Es importante señalar que el perfil de la ingeniera Urón se ajustó perfectamente a los propósitos con los que la Asamblea Departamental dotó a la Empresa Industrial y Comercial del Nivel Departamental, debido a su formación profesional como Ingeniera Civil con especialización en Gerencia de Proyectos y Contratación Estatal.
¿Las licitaciones del Faro del Catatumbo utilizan pliegos tipo?
La entidad en el marco del régimen privado al cual está sometida y su estatuto de contratación y las normas en materia de contratación referidas por Colombia Compra Eficiente, utiliza los modelos de pliego tipo, así como los formatos expedidos por la agencia colombiana para la contratación para cada uno de los procesos. Es importante señalar que la EICE se acoge a las recomendaciones y guías expedidas para este tipo de entidades expedidas por la agencia Colombiana para la contratación pública.
Como buena práctica de la entidad se han venido empleando los modelos de pliego tipo expedidos por la Agencia Colombiana de Contratación – Colombia Compra Eficiente y a pesar de no resultar obligatorio, dada su condición legal de ostentar un régimen especial, la empresa atiende los principios de la contratación estatal, de la función pública y de la función administrativa.
¿Cree que el ruido que se ha hecho a este asunto tiene que ver con la campaña política y con la coyuntura electoral?
Por su naturaleza de entidad pública, la EICE se encuentra sometida a los controles que la Constitución y la Ley establecen para este tipo de entidades. Y como tal, entendemos y reconocemos el control ciudadano como fundamento del principio de participación y el que ejercen los medios de comunicación en virtud del control social. Como entidad pública, nos subordinamos a los principios de la contratación estatal, de la función pública y de la función administrativa, tales como los de transparencia, publicidad, legalidad, selección objetiva, concurrencia, participación, así como al control fiscal, disciplinario y de auditoria que ejercen tanto la Contraloría General como los demás organismos de control.
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