El Gobierno confirmó la designación de Andrés Idárraga, actual secretario de Transparencia de la Presidencia, como ministro de Justicia encargado, una decisión que se produjo tras la negativa del exmagistrado César Julio Valencia Copete de asumir esa cartera.
La Casa de Nariño oficializó el movimiento en medio de las dificultades que ha tenido el presidente Gustavo Petro para estabilizar el liderazgo en ese despacho, uno de los más agitados durante esta administración.
Valencia Copete, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, tenía previsto asumir el cargo, pero finalmente rechazó el ofrecimiento por motivos médicos. El propio mandatario se refirió a la situación en su cuenta en X: “Lamento que el examen médico hecho al doctor Valencia Copete no le permita trabajar en el Gobierno a su pesar y al mío”.
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La designación de Idárraga también ocurre mientras el secretario jurídico de Presidencia, Augusto Ocampo, permanece incapacitado, lo que dejó un vacío en la articulación jurídica interna del Ejecutivo. El nuevo encargado estará al frente del Ministerio de Justicia sin fecha definida, mientras la Casa de Nariño encuentra un reemplazo en propiedad.
Retos para un Ministerio marcado por tensiones
La cartera de Justicia atraviesa uno de los periodos más inestables de los últimos gobiernos. En tres años, han pasado tres ministros en propiedad: Néstor Osuna, quien permaneció los dos primeros años del mandato; Ángela María Buitrago, quien asumió brevemente; y Eduardo Montealegre, cuyo paso fue el más corto y estuvo rodeado de tensiones políticas por su apoyo a una eventual asamblea nacional constituyente.
Además de los cambios constantes, el Ministerio recibe a Idárraga con una agenda compleja. Para 2026 se proyecta un recorte presupuestal que, según alertaron las altas cortes, podría comprometer el funcionamiento de entidades clave como la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Defensoría del Pueblo, cuyos recursos actuales solo alcanzarían hasta agosto del próximo año.
Otro de los desafíos es la profunda crisis del sistema penitenciario, donde persiste el hacinamiento y se mantienen episodios de violencia que no han logrado ser contenidos. A esto se suma la necesidad de reconstruir las relaciones con el poder judicial, deterioradas por varios choques institucionales entre el Ejecutivo y las altas cortes.
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