En un hecho sin precedentes magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hicieron posible una audiencia pública en el municipio de San Calixto para resarcir las penas de las ejecuciones extrajudiciales en la zona del Catatumbo.
La implementación de la justicia restaurativa y reparación integral de las víctimas del conflicto armado fue el objetivo fundamental de la visita de los funcionarios del orden nacional.
“Es una audiencia judicial en territorio en una de las zonas más afectadas como San Calixto donde se escuchó a las víctimas y comparecientes para establecer compromisos restaurativos encaminados a definir la situación jurídica”, indicó el secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, Harvey Danilo Suárez Morales.
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En esa población cafetera se registró una serie de casos en los cuales el despacho relator a cargo del magistrado Pedro Díaz, de la sub sala encargada de los los asuntos a los derechos y responsabilidades, analiza la situación de los comparecientes.
Justicia restaurativa
La Audiencia territorial de Medidas de satisfacción de verdad presidida por el magistrado Pedro Díaz busca honrar la memoria y el buen nombre de los familiares asesinados y presentados como falsas bajas en combate por miembros de la fuerza pública, durante el conflicto armado registrado en la zona del Catatumbo.
También se presentaron propuestas de acciones restaurativas para mitigar el daño causado tanto a las víctimas como a sus comunidades, que tienen la posibilidad de reconocer la responsabilidad por los hechos en los que hayan participado para pedir perdón a las víctimas.
La Sub sala Catatumbo, que estudia los procesos de al menos 570 miembros de la fuerza pública que operaron en unidades militares de esta región, sigue el proceso dialógico que rige las acciones de la JEP, ha dispuesto lo necesario para que las víctimas y familiares puedan participar en el proceso judicial asistiendo a las audiencias, presentando sus demandas de verdad, entre otras exigencias, en garantía de sus derechos y de la centralidad que tienen en esta Jurisdicción.
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En la región cafetera fueron convocados 25 comparecientes de la fuerza pública, entre los cuales hay integrantes activos y retirados de la Brigada móvil número 15. Se trata de capitanes, sargentos, cabos y soldados profesionales. Cinco de ellos aún podrían ser seleccionados como máximos responsables en el patrón macro criminal de asesinatos y desapariciones forzadas identificado en esta región del país por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP; sin embargo, le corresponde a la Sala de Definición hacer seguimiento a que estén cumpliendo con el régimen de condicionalidad estricto.
El drama de las víctimas
Los hechos por los que comparecen estos miembros de la fuerza pública ante la JEP corresponden a los asesinatos de Héctor Antonio Rubio Álvarez, cometido el 13 de julio de 2007, en la vereda Islitas, de Hacarí, en el cual estarían involucrados 8 uniformados; de José Guber López y José Giovanni Pérez Ortiz, asesinados el 6 de junio de 2006, en la vereda San José de Bajial, de San Calixto, por el cual comparecen nueve miembros de la fuerza pública; de José Estacio Franco Amaya, cometido el 18 de julio de 2007, entre Teorama y San Calixto, con nueve comparecientes involucrados, y de Carlos Daniel Martínez Ortega, asesinado el 9 de octubre de 2007 en la vereda Santa Catalina, de San Calixto, en el cual estarían implicados cinco más.
Los magistrados buscan establecer espacios dialógicos y restaurativos que permitan visibilizar la capacidad de agencia, intervención y participación de las familias de las víctimas. Además, busca brindar a los comparecientes la oportunidad de perfeccionar sus propuestas restaurativas y materializar sus aportes de verdad, desde la perspectiva de una realización integral de los derechos de las víctimas.
Durante la audiencia territorial se puso a disposición un escenario para que las víctimas se expresen ante su comunidad, ante la magistratura y ante los comparecientes. Para ello harán uso de elementos simbólicos que también son importantes para contribuir a restaurar el daño causado. Cada elemento que habla de las vidas de las víctimas, de sus anhelos y de cómo estos crímenes cambiaron sus vidas para siempre, son símbolos que ayudan a hacer memoria y tienen un potencial para dignificar.
Asimismo, esta audiencia busca resaltar cómo el territorio es central en la restauración, pues, así como la dignidad de las familias de las víctimas se vio manchada cuando sus seres queridos fueron acusados de ser miembros de grupos ilegales sin serlo, toda la región de Catatumbo también tuvo que cargar con el estigma propio de las dinámicas de la violencia ejercida por distintos actores armados y por los excesos de la fuerza pública, durante décadas.
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Para la JEP, la realización de una audiencia de estas características en el corazón del Catatumbo es sumamente importante, dado que esta región aún enfrenta situaciones de conflicto complejas que mantienen a su población en zozobra y con derechos limitados bajo el control de grupos armados ilegales.
Presencia institucional
Con esta audiencia territorial, la JEP busca afianzar la presencia estatal tan demandada por las y los habitantes de esta zona del país.
Además, los comparecientes pueden restaurar a las víctimas del Catatumbo y restablecer los lazos rotos por el conflicto, es crucial articular la oferta institucional a nivel local, departamental y nacional, anotaron los magistrados.
Asimismo, abarca aspectos presupuestales, logísticos y administrativos que permitan la implementación efectiva de los proyectos impulsados a través del Sistema Restaurativo de la JEP.
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