El director del Consultorio Socioambiental y Agropecuario del Nororiente Colombiano, José Manuel Alba Maldonado, trazó una radiografía de la crisis humanitaria que se vivió durante el presente año en la región del Catatumbo.
El ingeniero agrónomo explica que esta situación puede dividirse en tres etapas. La primera corresponde al impacto inicial generado por los enfrentamientos entre el Eln y las Farc, que provocaron una diáspora masiva en la subregión, con numerosas víctimas mortales producto de acciones sorpresivas.
La segunda fase está relacionada con el reacomodo territorial de los actores armados en las zonas donde anteriormente ejercían control las Farc, hoy convertidas en disidencias. Según el análisis, estos grupos se replegaron hacia sus áreas históricas en la parte baja del territorio, mientras que sus contrincantes ingresaron por Ocaña, utilizando rutas de colonos provenientes del sur de los departamentos del Cesar y Bolívar, a través de la cordillera Oriental.
Las disidencias de las Farc, bajo el mando del Partido Comunista Clandestino, se ubicaron en predios estratégicos, mientras que los grupos opositores pasaron a ocupar zonas altas y medias del Catatumbo.
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La tercera etapa, señala Alba Maldonado, corresponde a una contraofensiva de las disidencias, apoyada en tecnologías que no estaban en el radar de las autoridades, como el uso de drones, en una dinámica propia de guerra de guerrillas. “No sabemos qué pueda ocurrir más adelante con esta confrontación”, advierte el analista.
En medio del fuego cruzado
Líderes sociales califican de trágico el avance del conflicto armado, al señalar que la población civil sigue siendo la principal afectada. Las cifras resultan alarmantes y se acercan a los registros de la incursión paramilitar: cerca de 56 mil personas habrían salido de la región en menos de una semana, buscando refugio principalmente en Ocaña y Cúcuta.
Aunque las autoridades reportan procesos de retorno, persiste la preocupación por los combates en sectores como Filo Gringo, Versalles, Orú y Tibú. En medio de estas dinámicas del conflicto, las víctimas siguen siendo niños, adolescentes, campesinos, comunidades indígenas y estudiantes. Las entidades estatales intentan responder a la emergencia, pero la magnitud del fenómeno supera la capacidad institucional.
“Ningún organismo estaba preparado para afrontar una situación de esta dimensión. El impacto es muy grande. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, tenía dos oficinas —una en San Pablo de Teorama y otra en El Tarra— que permanecieron cerradas durante todo 2025. Su reapertura dependerá de que existan condiciones de seguridad para trasladar a los profesionales y garantizar la movilidad de los campesinos que reciben procesos de capacitación. Esto es clave para canalizar estudiantes del primer semestre de 2026”, reiteró.
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Agregó que uno de los ejes misionales de la universidad para promover el desarrollo regional es la educación, especialmente en un territorio marcado por la confrontación armada.
“Se perdió la ideología”
“El actual no es un conflicto armado contra el Estado ni contra instituciones como el Ejército o la Policía. Se trata de una confrontación entre actores al margen de la ley, donde no se garantizan los protocolos de derechos humanos ni la supervivencia de los campesinos”, sostuvo el director del Consultorio Socioambiental y Agropecuario.
Añadió que, aunque la población exige el respeto de los mínimos humanitarios, resulta imposible pensar en desarrollo regional en medio de la guerra. Los proyectos articulados con cooperativas y asociaciones se encuentran paralizados, debido a que no existen condiciones de seguridad. Las dinámicas territoriales han cambiado y hoy predominan el temor institucional y el recelo para proteger a la población civil.
Desde la academia se intenta hacer una lectura integral de la situación para lograr presencia en los territorios más afectados. Sin embargo, advierten que la confrontación dejó de ser ideológica: el conflicto político-militar tradicional dio paso a nuevas dinámicas de disputa armada.
La chispa que avivó el conflicto
Uno de los factores determinantes de la actual crisis, según el análisis, es la no implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo. Tras la dejación de armas de las Farc-EP y su concentración en Caño Indio, se generaron vacíos de poder que derivaron en nuevas confrontaciones armadas.
“Primero se presentó una guerra en 2018 entre el Eln y el EPL, y posteriormente otra entre el Eln y las disidencias”, explicó Alba Maldonado. Estos territorios fueron ocupados por otros grupos armados, ante la ausencia efectiva del Estado.
“El Estado debió haber llegado de manera integral a los territorios que dejaron las Farc. Faltó la implementación de la Reforma Rural Integral y la garantía de participación política. Durante el gobierno de Iván Duque hubo intentos de sabotear el Acuerdo; desde el Congreso no se registraron avances sustanciales, lo que terminó fortaleciendo a las disidencias. Muchos excombatientes no encontraron garantías y regresaron a la lucha armada”, dijo.
Otro factor clave, añadió, son las economías ilegales que persisten en la región. Pese a las campañas oficiales, las hectáreas de cultivos ilícitos continúan aumentando. “Una cosa es erradicar y otra muy distinta sustituir con garantías. No se puede exigir sustitución cuando los procesos han fallado, cuando el Estado incumple y las comunidades quedan sin sustento. Muchas familias apostaron todo, pero los recursos y los proyectos productivos nunca llegaron a los territorios”, concluyó el investigador.
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