La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Astrid Cáceres y funcionarios misionales visitaron el municipio de Ocaña para revisar los esquemas de protección a la niñez de la zona del Catatumbo.
La entidad ha emitido una alerta sobre el reclutamiento forzado de menores de edad para llevarlos a una guerra que no les pertenece.
Expertos en la materia implementan programas encaminados a frenar esa práctica en esta región del país.
El presidente de la Asociación de municipios de la provincia de Ocaña, sur del Cesar y zona del Catatumbo, Uber Conde, hizo el acompañamiento a los líderes para ejecutar los distintos procesos.
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“Desde el día cero, cuando los niños fueron desarraigados de su territorio, se generó una ruptura psicosocial y comunitaria. En medio de esa crisis apareció una entidad aliada con aportes a la restitución del tejido social”, aseguró el mandatario quien invitó a los grupos enfrentados a resolver las diferencias a través del diálogo.
Trabajo en equipo
Además de la crisis sin precedentes en el país, resaltó la resiliencia, pues se pudieron mover los equipos territoriales del Gobierno nacional.
Gracias a la articulación, e incluso al decreto de emergencia que se expidió de manera extraordinaria, se logró resolver la situación a tiempo, apuntó.
Se implementaron unidades de apoyo en todos los municipios afectados, con las herramientas institucionales para que el laboratorio de paz crezca cada vez más.
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Resaltó el modelo de atención a niños de 6 a 18 años con el programa denominado ‘Atrapasueños’ para crear, desde el arte y la cultura, un escenario protector en armonía con las Juntas de Acción Comunal. “El objetivo es canalizar las experiencias locales para tejer interculturalidad encaminada a incorporar a los pueblos étnicos asentados en el territorio. La idea es que, con todo ese tejido social, la paz se abra camino con las niñas y niños, víctimas del conflicto armado”, reitera.
¡Alto ahí, ya no recluten más!
Las cifras de reclutamiento de menores en Colombia son escalofriantes y con el programa se han desvinculado más de 350 niños en el proceso de restablecimiento de derechos.
Las estadísticas están más acentuadas en el Cauca y le sigue la zona del Catatumbo. “La mayoría de ellos se quieren salir del grupo armado y hace el llamado para el retorno a los hogares, algunos entran al programa, restituyen los derechos y vuelven con las familias”, agregó la funcionaria, al advertir sobre la violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y exigió detener esas prácticas.
“Aquí estamos, recibimos a los niños, sáquenlos inmediatamente mientras esa guerra se apaga definitivamente”, recalcó.
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Resaltó el número de menores de edad rescatados de las garras de la violencia con la implementación de los programas. “Exigimos parar el reclutamiento porque la confrontación es muy cruel, no respeta edad y además nuestros adolescentes se convierten en carne de cañón de una guerra que no les pertenece”.
Eje transformador de la educación
En el periodo de gobierno se han atendido 570 casos donde las entidades del Estado deben actuar al escuchar el grito lastimero de un menor de edad. En tal sentido, las puertas están abiertas en la Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia y Personería para iniciar la ruta de protección. En la salida de emergencia reciben ropa para cambiarse, alimentos, se verifican las condiciones de seguridad porque ofician como víctimas y no combatientes. Allí arranca el proceso de restablecimiento de derechos.
Dependiendo de las medidas impuestas por la autoridad administrativa llegan a familias extendidas, otros retoman sus estudios de manera permanente donde puedan destacar sus habilidades y potencialidades. Los insurgentes utilizan mecanismos de seducción y enamoramiento para someterlos a esas pesadillas apartándolos de la vida escolar, es por ello que el eje educativo juega papel trascendental para la transformación de los pueblos.
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