El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció este viernes que Juan David Gutiérrez Medina, un joven de 21 años diagnosticado con síndrome de Asperger y TDAH, intentó quitarse la vida el pasado 17 de noviembre en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.

El caso se suma a al menos otros tres intentos de suicidio confirmados este año entre los detenidos en el contexto de las protestas postelectorales de julio de 2024, además del trágico suicidio de Lindomar Jesús Amaro Bustamante en mayo.

Según el relato de los familiares, Gutiérrez Medina intentó ahorcarse durante un apagón eléctrico prolongado, cada vez más frecuentes en el penal. Fue auxiliado gracias a la alerta de sus compañeros de celda, quienes golpearon las rejas para llamar a los custodios.

Sin embargo, dos de ellos fueron castigados y enviados a celdas de aislamiento conocidas como “el tigrito”, por exigir atención médica y protestar por la falta de luz en los pasillos y los retrasos injustificados en la entrega de alimentos.

Lea además: Empleos en riesgo: minas de carbón de Norte de Santander y Colombia entran en pausa por crisis

“Estos no son hechos aislados. Son el reflejo del impacto psicológico devastador que tiene esta privación de libertad injusta en nuestros hijos”, expresó el comité en un comunicado.

Muchos de los detenidos presentan síntomas graves de depresión, autolesiones y crisis de ansiedad, agravados por las condiciones de reclusión: hacinamiento, alimentación insuficiente, agua contaminada y aislamiento prolongado.

En noviembre se cumplen 16 meses desde que la mayoría de estos jóvenes –trabajadores, estudiantes, artistas y deportistas de sectores populares– fueron detenidos sin orden judicial ni evidencia de delitos graves.

Sus procesos judiciales permanecen paralizados y las revisiones de medidas cautelares están suspendidas desde marzo, sin explicación oficial.

Las madres han acudido en repetidas ocasiones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al Ministerio Público, al Ministerio del Servicio Penitenciario, a la Defensoría del Pueblo y, por segunda vez, a Nicolás Maduro, sin obtener respuestas concretas.

“Ninguno de nuestros muchachos estuvo involucrado en actos de violencia o crímenes de odio durante las protestas. Son gente buena, el presente y futuro de Venezuela. ¿Por qué seguir destruyendo sus vidas y las de sus familias?”, cuestionan.

El comité exige la reanudación inmediata de las revisiones de medidas, una investigación exhaustiva sobre los intentos de suicidio y las condiciones en Tocorón, así como garantías de trato digno mientras persista la detención.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.