El presidente Gustavo Petro publicó este viernes una rectificación en su cuenta de X, en cumplimiento de una sentencia de tutela emitida el 24 de octubre de 2025 por el Juzgado 46 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, que amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la senadora y precandidata presidencial, Paloma Valencia.

La orden judicial le exigía corregir una publicación del 29 de septiembre, en la que el mandatario aseguró que Valencia “fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes por armas oficiales”. En su mensaje de rectificación, Petro aclaró que esa afirmación no correspondía a los términos precisos de complicidad, según la definición de la Real Academia Española.

El presidente explicó que su crítica nunca pretendió señalar una participación directa de la senadora en los denominados “falsos positivos”, sino cuestionar su responsabilidad política como congresista durante el periodo en que ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a agentes del Estado.

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“Hay que diferenciar la complicidad directa con un delito, de la responsabilidad política cuando el delito es cometido por el gobierno que apoyó desde el Congreso”, escribió.

Petro reprochó que Valencia, según él, no se haya pronunciado cuando se hicieron públicas las denuncias sobre estas ejecuciones. Aseguró que se trataba de un delito de lesa humanidad y que su crítica está dirigida a quienes minimizaron o relativizaron la gravedad de estos hechos.

El jefe de Estado insistió en que su desacuerdo con la senadora es de carácter político, especialmente frente a lo que considera narrativas que han intentado restar importancia a las 6.402 ejecuciones extrajudiciales que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

También reiteró su rechazo a las políticas de seguridad basadas en el conteo de muertes:
“Mi crítica es frente a los modelos de ‘seguridad democrática’ basados en el número de muertos; esa postura crítica, en memoria de la sangre derramada de los inocentes, permanece intacta”.

En el cierre de su publicación, Petro afirmó que su deber como presidente es evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Sostuvo que la lucha contra la insurgencia y el narcotráfico debe adelantarse dentro del respeto al derecho internacional humanitario, bajo los principios del ius ad bellum y el ius in bello, y con plena observancia de los derechos humanos.

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