La implementación de los bombardeos como estrategia de la Fuerza Pública para defender al Estado del crecimiento exacerbado de los grupos armados ilegales, ha provocado una andanada de críticas contra el Gobierno nacional, luego de que Medicina Legal confirmara que entre las víctimas mortales de la  más reciente operación se encontraron, al menos, 15 menores de edad. 

Pero al mismo tiempo, el despliegue de estos operativos por parte del Ejército Nacional ha despertado temor y zozobra en regiones susceptibles de ser blanco de acciones de este tipo, como el Catatumbo, donde grupos como la disidencia del frente 33 de las Farc y el Eln representan una amenaza latente. 

En este contexto, organizaciones sociales han hecho un llamado de atención para que se eviten operativos como estos, no solo porque significaría redundar en más violencia, sino por el gran número de menores de edad que se cree han sido reclutados por los diferentes grupos que operan en la zona, y cuya vida se pondría en grave riesgo. 

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“Por favor, no bombardeen el Catatumbo”, es el clamor de Carmen García, presidenta de la Asociación Madres del Catatumbo, quien manifestó que hay muchos niños y jóvenes retenidos en algún lugar de la región, a donde fueron llevados por la fuerza, a comienzos de año.

García señaló que muchos de estos jóvenes “están allí porque no quisieron pelear con sus hermanos, con sus tíos y quieren regresar a la casa”. Por eso, exhortó a que se busque el diálogo como solución al conflicto y le pidió al presidente Gustavo Petro que escuche a las madres. 

“Ya bastante hemos sufrido con estos enfrentamientos que hay entre los dos grupos y esta (los bombardeos) no es la solución para llegar a la paz”, señaló la lideresa social.

Alto índice de reclutamiento 

Aunque no existe un registro oficial del número de niños y jóvenes reclutados en Norte de Santander, de acuerdo con la congresista Katherine Miranda -quien radicó esta semana una moción de censura contra el ministro de Defensa por la muerte de los 15 menores- el departamento es el tercero con más víctimas de este flagelo, perpetrado principalmente por el Eln, por detrás de Cauca y Antioquia. 

Al respecto, Carmen García refirió que a través de la asociación que dirige, este año han recibido 32 peticiones de madres que piden ayuda para recuperar a sus hijos; mientras que según la comisión de verificación humanitaria que visitó la semana pasada la zona rural de Tibú y El Tarra, comunidades denunciaron reclutamientos masivos de más de 30 niños y jóvenes. 

Judith Maldonado, de la organización Poder Paz e integrante de la referida misión, indicó que por esta razón las familias no sienten seguridad por sus hijos, sobre todo aquellos con niños entre los 10 y los 12 años, que son los más propensos a ser reclutados. 

Del mismo modo, la activista de derechos humanos señaló la preocupante tendencia hacia el reclutamiento de niñas entre los 12 y 15 años de edad, quienes de acuerdo al testimonio de muchas madres, se las llevan para ser presentadas a los comandantes guerrilleros. 

Por su parte, la congresista Catherine Juvinao reveló durante el debate de control político  a las acciones y respuestas del Estado frente a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, que el reclutamiento forzado creció en más de 1.000% el año pasado, al pasar de  51 casos en 2022 a 578 solo en 2024, pero además dijo que cerca de la mitad corresponde a niñas. 

Justamente, menores de 13 y 16 años, son las dos víctimas de Norte de Santander que resultaron abatidas en los bombardeos del Ejército en Guaviare, región a la cual no se sabe cómo ni por qué vía fueron trasladadas.  

El caso de Deyni Lorena

Una de las dos adolescentes es Deyni Lorena Beltrán Mendoza, de 16 años, oriunda de Tibú, quien, según información entregada por un familiar al medio Caracol Radio, fue presuntamente reclutada en dos ocasiones, primero en noviembre de 2024, cuando desapareció de manera intempestiva de su hogar. 

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En enero de este año resultó herida en combate y fue rescatada por el Ejército, que la entregó al ICBF, para luego desaparecer otra vez y de manera definitiva en febrero.La nueva información que se conoció es que la menor apareció muerta. 

“Son niños que nos arrebatan, uno se queda sin saber qué decir. Es muy triste”, expresó con pesar su familiar. 

La población más vulnerable 

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 162 niños han sido reclutados entre enero y octubre de este año y la mayor incidencia se presenta en niños indígenas, con un 46% de los casos registrados. 

En este sentido, Carmen García, de Madres del Catatumbo, señaló que en la región se han recibido denuncias de amenazas de reclutamiento en niños de la comunidad motilón barí. 

Además de esta población, seis por ciento de los niños reclutados son de ascendencia afrocolombiana; mientras que  el 36 por ciento no se reconoce en ningún grupo étnico y del 12 por ciento restante no se tiene información. 
Desde esta entidad hacen un llamado para que los menores de edad puedan crecer en paz, en entornos donde prime su seguridad y bienestar integral con oportunidades.

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