Fueron cuatro delitos los que la Fiscalía le imputó a César Rojas Arias, director de varias seccionales, entre ellas Norte de Santander (2014-2017), luego de que presuntamente abusara y violara a una subalterna.
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Por acceso carnal violento, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir, acto sexual violento, todas agravadas, además de acoso sexual, el hombre fue imputado ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Rojas, con un amplio recorrido por la institución, fue además director de las seccionales del Magdalena Medio y Vichada, pero durante este paso se habría aprovechado de su cargo para abusar de una funcionaria.
La investigación indica que, valiéndose de su cargo, habría asediado a la víctima durante nueve meses, en los cuales habría cometido actos sexuales, además de chantajearla con posibles traslados o retaliaciones laborales.
El proceso legal se aplicó con un enfoque diferencial de género y protección integral a la mujer, y aunque se conoció que el hombre no aceptó los cargos, el caso continúa su curso para comprobar los hechos de los que es acusado el exdirector. Para septiembre de 2017 fue nombrado con el mismo cargo en la seccional Vichada, dejando el cargo en Norte de Santander, en las oficinas ubicadas en el Palacio de Justicia.
Durante su paso por la seccional nortesantandereana, se caracterizó por organizar ruedas de prensa para los periodistas, donde socializaba los temas locales más relevantes del ámbito judicial.
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Racha de funcionarios públicos
Este hecho se suma a una reciente racha de funcionarios públicos que han sido asegurados por la justicia en el último mes y medio, pues hace días se confirmó las capturas del capitán Isaac de Jesús Carmona Meléndez y el patrullero Yordan Rangel Mora, ambos adscritos a la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Los sujetos habrían participado en el secuestro de Álvaro Antonio Páez Ortiz, un comerciante, plagiado en la vía que conduce a La Playa de Belén, el pasado 11 de octubre, aunque días después recuperó su libertad y cayeron seis presuntos responsables, entre los cuales se destacan los uniformados, quienes estaban fuera de servicio en ese momento.
Apenas un mes atrás, fue detenido Jefferson Vladimir Merchán Cote, asistente forense de Medicina Legal, señalado de cobrar entre $20.000 y $100.000 a la ciudadanía para dar información sobre los occisos que estaban en las instalaciones.
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