Desde hace varias semanas, tanto la Registraduría como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación han venido advirtiendo el riesgo que pesa sobre el proceso electoral, por cuenta de la violencia y el accionar de los grupos armados ilegales en diferentes regiones del país.

Sin embargo, en el más reciente comité de seguimiento a las alertas tempranas de riesgo electoral, una nueva advertencia quedó sobre la mesa: la amenaza de las candidaturas impuestas bajo la presión de las armas, la compra de votos y la participación en política por parte de funcionarios.

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De acuerdo con el registrador nacional, Alexander Vega,  si bien los efectos de los  Planes Democracia y Ayacucho, de las Fuerzas Militares y de Policía, para garantizar la tranquilidad de los comicios de octubre ya se sienten en las diferentes regiones de Colombia, es necesario poner el foco también en las posibles alianzas que se estarían dando entre algunos candidatos y actores ilegales.

“Esos fenómenos ilegales se mueven sigilosamente y deben ser  prevenidos. Hay organizaciones ilegales que ya están respaldando candidatos. Hay denuncias de compra de votos y de funcionarios participando en política. Eso atenta contra el certamen democrático y de esto ya está enterado el fiscal general”, manifestó el registrador.

Durante un comité de seguimiento electoral en Sucre, Vega aseguró que hay información “muy seria” en ese departamento de que hay candidatos que estarían auspiciados o patrocinados por organizaciones armadas o delincuenciales y otros que estarían siendo constreñidos para que eviten el proceso electoral.

“El llamado a esos candidatos que están este tipo de alianzas es que van a ser judicializados. Queremos decirles muy enfáticamente: candidato que se preste para este tipo de actuaciones se le anulará la elección, en caso de que resulte elegido”, expresó el registrador.

Días atrás, en Tumaco (Nariño), el funcionario alertó, igualmente, que se estaría presentando compra de votos y participación en política por parte de la administración municipal. 

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“Bajo estas dos alertas, la Fiscalía y la Procuraduría se han comprometido a realizar las respectivas investigaciones. Además, la Procuraduría iniciaría una investigación especial sobre la participación en política de los funcionarios públicos”, dijo.

Aumentan las denuncias

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también hizo eco de las denuncias expuestas por el registrador nacional e insistió en que la violencia no es el único factor de riesgo que se presenta para estos nuevos comicios locales y regionales.

El jefe de la cartera política dijo que quien intente tomarse la democracia con el uso de las armas debe tener la reacción no solo de la sociedad, sino de las instituciones.  “Evidentemente este es un delito que tiene que ser investigado y las personas que hagan eso tendrán que pagar por ese delito”, sostuvo.

“El intento de desviar la razón democrática se puede dar con armas, sí claro, y nosotros tenemos que enfrentarlo, pero también se puede dar con la presión de un contrato, con la presión de un nombramiento, con la presión de una obra y no solo el Gobierno sino los entes de control, especialmente la Procuraduría y la Fiscalía, nos pueden ayudar mucho a controlar esto”, planteó el ministro.

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Velasco aseguró que entre más se acerca el proceso electoral, más quejas de este tipo comienzan a llegar de las diferentes regiones y dijo que espera que no crezcan mucho en los próximos días.

Según el delegado del Gobierno Nacional, ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (URIEL) se han presentado más de 1.103 quejas que ya se vienen atendiendo.

“Es evidente que lo que tenemos que hacer quienes tenemos una responsabilidad  pública es estar al margen de esto y entender que el ciudadano tiene que llegar libre, informado y totalmente  independiente a las urnas”, manifestó.

Y agregó que, en estos nuevos comicios  no se va a permitir que “con las armas intenten imponer algún tipo de candidatos en ningún lugar del país”.

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