La casa donde el exalcalde Ramiro Suárez permaneció al menos un año, luego de haber sido trasladado a Cúcuta para seguir cumpliendo su condena de 27 años de prisión por homicidio, ubicada en el conjunto residencial Vegas del Río, fue afectada por una medida cautelar de extinción de dominio.
Pero la aplicación de esta medida por parte de la Fiscalía no tiene nada que ver con los procesos penales que le adelantan al exmandatario de la capital de Norte de Santander. En esta oportunidad, quien tendrá que responderle a la justicia es su pareja sentimental Isabel Márquez Rubio, pues ella estaría, presuntamente, inmersa en un acto de corrupción cuando era secretaria de Equidad y Género de la Alcaldía.
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Al igual que Márquez Rubio, al exalcalde César Rojas, quien hasta el viernes pasado se contaba nuevamente entre la baraja de candidatos que aspiraban a la alcaldía de Cúcuta, también le aplicaron la medida de extinción de dominio, que cobija dos fincas que tiene en Chinácota, un municipio turístico que está a 40 minutos de Cúcuta.
En exclusiva, La Opinión logró conocer que desde la tarde del lunes, un grupo de fiscales e investigadores de la Policía llegaron a la capital nortesantandereana a aplicar estas medidas cautelares a 126 bienes, avaluados en 46.000 millones de pesos, por presuntos hechos de corrupción en las administraciones de Donamaris Ramírez y César Rojas Ayala.
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Tras varios meses de investigación por celebración indebida de contratos en esas dos administraciones municipales, la Fiscalía decidió aplicar la extinción de dominio en los bienes de quienes participaron en esos presuntos actos de corrupción, cometidos especialmente en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en un plan para generar empleo durante el gobierno de Rojas Ayala, y en la ejecución del contrato 876 de 2013, que definió un rubro de inversión de $4.695 millones para las construcciones de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) en Cormoranes, Ciudad Rodeo, Torcoroma Siglo XXI y Comuneros, en el mandato Donamaris Ramírez,
Cabe recordar que recientemente un juez ordenó detención domiciliaria para el exalcalde Donamaris, al igual que a otras cinco personas, por prevaricato por omisión, en calidad de autor, en concurso material, heterogéneo y sucesivo; contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros, en calidad de coautor.
Según se conoció, el grupo de investigadores y fiscales provenientes de Bogotá adelantarán las diligencias de embargos y entrega de bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) hasta el vienes, pues la operación no solo se está dando en Cúcuta, sino también en Tibú, Ocaña, Chinácota y Villa del Rosario, donde se encuentran los bienes de los implicados.
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