El sector carbón aplaudió la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente los efectos de los artículos 2 al 8 del Decreto 572 de 2025, el cual estableció un aumento de la retención y autorretención en la fuente a sectores empresariales.

El tribunal concluyó que el Gobierno no presentó una motivación suficiente ni estudios técnicos adecuados para justificar el incremento.

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El presidente ejecutivo de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante, dijo que la decisión representa un alivio para múltiples sectores, particularmente, para la industria de los carbones y el coque, pues, ya había advertido susgraves impactos financieros. 

“Alertamos que este decreto ponía en riesgo la liquidez, la sostenibilidad y la operación de cientos de empresas productoras de carbones y coques, especialmente de pequeña y mediana minería -como la de Norte de Santander-, que hoy enfrentan un contexto económico altamente desafiante”, indicó Cante tras el fallo judicial. 

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El presidente ejecutivo de Fenalcarbón recordó que, en el caso específico del artículo octavo de dicho decreto, el alto tribunal determinó que las tarifas establecidas, sumadas a otras retenciones aplicables al sector, excedían el límite legal del 4,5% fijado en el Estatuto Tributario para las actividades de extracción de hulla y otros minerales.

Según el líder del gremio, para los empresarios del sector, este incremento constituía un trato inequitativo y desproporcional frente a la tasa promedio de autorretención del 1,7% para la mayoría de las actividades económicas, sin olvidar que esta industria tributa por encima de la tasa de general de renta.

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Indicó que valoran que el Consejo de Estado haya reconocido la necesidad de sustentar técnicamente medidas que impactan de manera tan profunda al aparato productivo nacional.

Tras la suspensión provisional, vuelven a regir las tarifas y condiciones anteriores a la expedición del decreto.

Fenalcarbón reiteró su llamado al Gobierno a construir políticas tributarias y económicas con criterios técnicos, diálogo institucional y seguridad jurídica, garantizando condiciones que permitan proteger el empleo, las exportaciones y la competitividad de sectores estratégicos para Colombia.

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