Los disidentes de las Farc están marcando territorio mediante actividades que los presentan como una especie de ‘estado paralelo’, lo cual representa una clara provocación que requiere una respuesta contundente del poder Ejecutivo.

El gobierno del presidente  Gustavo Petro ha sido tibio y ha actuado con una mirada cómplice ante estas acciones. Peor aún, su colectividad política parece estar de acuerdo con una alianza con los grupos al margen de la ley, pues ayer el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, hizo un llamado a la guerrilla del ELN y a la disidencia de las Farc para que defiendan al Gobierno Nacional.

Primero, la disidencia comnocida como Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre del Estado Mayor Central de las Farc construyó y entregó  un colegio en el departamento del Meta. Luego, en la zona rural de Tibú, levantaron un puesto de salud en Puerto Barranca, corregimiento de La Gabarra.

Antes de continuar con las conversaciones del proceso de Paz Total, es esencial abrir un espacio para exponer estos casos de control territorial y sus efectos en las negociaciones.

¿Permitirá el Gobierno Nacional que un grupo armado ilegal, que rompió el pacto con las Farc y ahora ha regresado a la mesa de conversaciones, siga realizando estas acciones de control y presencia territorial?

Este punto debe quedar muy claro, ya que lo que los disidentes quieren evidenciar es la ausencia del Estado colombiano en ciertas áreas, donde construyen escuelas y hasta carreteras.

Colombia no puede permitirse el lujo de tolerar el surgimiento de ‘repúblicas independientes’. Es necesario hacer cumplir la Constitución en su artículo primero, que señala: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria”.

Hechos como los ocurridos en Catatumbo y Meta aumentan el riesgo de profundización de hostilidades y control social sobre la población civil, demostrando el fortalecimiento de la influencia política y militar de la disidencia en medio del cese del fuego. Esto ha sido denunciado por diversos sectores.

Es urgente un pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Paz para esclarecer la situación frente a estos hechos, que en el caso del Meta merecieron una fuerte declaración de la gobernadora Rafaela Cortés. Ella afirmó que no recibirá ningún colegio construido “con dineros del narcotráfico, secuestro y extorsión”.

Permitir que la disidencia de las Farc siga con estas maniobras, debilita la legitimidad institucional y la seguridad que deben garantizar las fuerzas del orden en zonas tan sensibles del país como el Catatumbo.

Es crucial que esta práctica de la disidencia sea debatida a nivel nacional dentro de las conversaciones de la Paz Total, ya que afecta las negociaciones al constituir una afrenta contra el Estado colombiano.

Aquí la inquietud obedece a lo expuesto por Indepaz sobre la expansión de la disidencia del Estado Mayor Central de Iván Mordisco. “Entre los municipios afectados se identifican 60 con presencia histórica de la disidencia, 36 en proceso de expansión y 129 con apariciones ocasionales”. 

El país y Norte de Santander reclaman claridad sobre estos hechos, ya que añadir problemas a la ya delicada situación de violencia puede generar mayores afectaciones y la percepción de que la disidencia es un estado, implicando graves peligros para las comunidades en términos de estigmatización y orden público.