Cuántas muertes violentas más debe esperar antes de militarizar Cúcuta y adoptar un plan extraordinario para enfrentar la inseguridad?

La intervención requiere, sin duda, medidas de choque de carácter económico y social, pero la situación ha llegado a un punto en el que se necesitan acciones más drásticas.

Es hora de que la Casa de Nariño atienda el S.O.S. lanzado desde tierras cucuteñas. Incidentes como el del pistolero que entró a un exclusivo restaurante, desenfundó un arma con silenciador y asesinó a su víctima a sangre fría delante de otros comensales, para luego salir tranquilamente, transmiten un mensaje de intimidación a los cucuteños.

Esta violencia desenfrenada exige una respuesta contundente. Lamentablemente, el sentimiento generalizado es que la seguridad se ha perdido y que estamos sitiados por el crimen.

Este es un hecho que no se puede ignorar ni minimizar, ya que estamos hablando de una capital de departamento y de la ciudad más importante en la frontera con Venezuela.

Con bandas de alta peligrosidad que cuentan con armamento poderoso, como fusiles y granadas, Cúcuta ostenta el deshonroso título de una de las regiones más violentas del departamento, incluso por encima del Catatumbo.

Es extraño que este hecho no haya provocado la reacción adecuada de las autoridades nacionales.

Además de estar entre las 50 ciudades más violentas del mundo, Cúcuta ahora supera en peligrosidad a un área que históricamente ha sido escenario de conflicto armado. Cualquiera supondría que, al menos, el Ministerio de Defensa revisaría las condiciones que están provocando esta escalada delictiva que vuelve invivible a la ciudad.

Es justo el reclamo de los ciudadanos que se sienten en peligro frente a una inseguridad que también afecta la economía local.

Hoteleros, comerciantes y empresarios han advertido sobre las bajas ventas y la extorsión. La bancada de congresistas nortesantandereanos debería citar a un debate o acudir al despacho del ministro de Defensa, Iván Velásquez, para que Cúcuta reciba un tratamiento especial en la lucha contra la criminalidad desbordada y poderosa.

Es imperativo que se militarice la ciudad y se establezcan toques de queda para controlar la situación. Adicionalmente, se debe restringir el parrillero en motocicletas, una medida que puede reducir la movilidad de los delincuentes.

 Estas acciones deben ser complementadas con la declaración de emergencia por la ola criminal que azota a la ciudad. Debería plantearse la integración de un bloque de búsqueda dedicado a la persecución de los cabecillas e integrantes de estas bandas del crimen transnacional que han asentado su imperio en la ciudad.

El objetivo sería desmantelar estas estructuras y aplicarles todo el peso de la ley. Se trataría de una combinación de fuerzas especiales para integrar un escuadrón de lucha contra el multicrimen, con directrices precisas.

La situación tiene visos alarmantes, con organizaciones que manejan el delito y se disputan el territorio urbano, generando miedo y zozobra. Además, no deben descartarse los patrullajes constantes del Ejército en las zonas de alta peligrosidad y el fortalecimiento de las acciones de inteligencia militar y policial, tanto preventivas como reactivas, frente a estas peligrosas organizaciones. Las dimensiones del problema demuestran que las soluciones no pueden ser solo locales.

Es hora de que el gobierno central, junto con la Fuerza Pública, preste atención y actúe de inmediato para devolver la tranquilidad a este territorio fronterizo, donde la ciudadanía clama por el cese de la violencia.

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