La crisis que atraviesa Nueva EPS en Cúcuta y Norte de Santander sigue dando de qué hablar. A las deudas con clínicas y hospitales —que han derivado en la suspensión de servicios— se agregan el aumento de quejas y tutelas por fallas en la atención, los retrasos en la entrega de medicamentos a más de 800.000 afiliados en el departamento y la muerte reciente de una usuaria dentro de la farmacia Cafam, cuando reclamaba las medicinas para su hijo.
En medio de ese panorama, la superintendente nacional de Salud ad hoc, Luz María Múnera, habló con La Opinión en Cúcuta y detalló las medidas que se adoptarán para enfrentar la situación.
Nivelación de pagos y revisión de deudas
Una de las primeras decisiones fue ordenar una revisión del estado de pagos a los hospitales públicos del departamento. Según explicó, la instrucción del presidente Gustavo Petro no es dejar de pagar a los privados, sino equilibrar la balanza, pues históricamente —dijo— se ha privilegiado a estos últimos.
“Estamos nivelando”, afirmó. De acuerdo con la funcionaria, los giros al sistema público han aumentado en un 38 % y la intención es fortalecer la red estatal, teniendo en cuenta que hoy Nueva EPS tiene mayoría accionaria pública.
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Múnera confirmó que el Gobierno analiza una inyección de recursos para cubrir las deudas acumuladas por la EPS. No obstante, advirtió que los accionistas privados también deberán asumir responsabilidades.
Auditoría forense internacional
Otra medida clave será la firma, en los próximos días, de un contrato para una auditoría forense con una entidad internacional. El objetivo es examinar los estados financieros de la EPS y establecer con precisión el monto real de las deudas, la existencia de posibles irregularidades y el destino de los recursos.
La superintendente señaló que en dos meses ha realizado 1.300 requerimientos de información a la entidad. La auditoría, dijo, permitirá identificar pagos indebidos, facturas duplicadas y otras prácticas que han sido denunciadas durante años.
Medicamentos: compra directa y vigilancia a dispensarios
Frente al problema de dispensación de medicamentos —uno de los puntos más sensibles en Norte de Santander—, Múnera sostuvo que sí se están haciendo giros a los operadores farmacéuticos, aunque reconoció que no al 100 %.
Indicó que se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de pago entre farmacias, lo que motivó una orden de nivelación. “No es posible pagarle a unos el 90 o el 100 % y a otros el 10 %” o nada, explicó.
Además, anunció que el Ministerio de Salud trabaja con Drogas La Rebaja, hoy en manos del Estado, para comprar directamente medicamentos de alto costo, especialmente para enfermedades graves y huérfanas como el cáncer. Actualmente, aseguró, hay 24 contratos firmados y otros en proceso para garantizar el suministro prioritario. La meta es reducir intermediación y generar ahorros que podrían superar los dos billones de pesos anuales cuando el sistema esté consolidado.
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La Superintendencia enviará personal a Norte de Santander para verificar en terreno la entrega de medicamentos y el cumplimiento de los contratos por parte de los dispensarios, dado que lo que estaría sucediendo con la entrega de medicamentos no solo en Cúcuta sino en el país, podría estar instrumentándose para generar crisis y sensación de que la culpa es del Gobierno.
También reveló que está en marcha una investigación por la muerte de la usuaria Cecilia Quintero, en Cafam, el pasado martes.
Múnera fue enfática en que la entidad no solo vigila a la EPS, sino también a los operadores que prestan servicios. De comprobarse incumplimientos, anunció la adopción de medidas disciplinarias y sancionatorias.
Pago directo desde la Adres
Entre las alternativas en estudio está autorizar que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) realice pagos directos a los prestadores, públicos y privados, en iguales condiciones y porcentajes, con el fin de evitar discrecionalidad en los giros.
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Según explicó, la propuesta busca que los recursos lleguen sin intermediación adicional y con criterios uniformes, mientras se estabiliza la operación de la EPS.
Traslado de afiliados y reorganización territorial
Sobre el eventual traslado de afiliados a EPS con mayor capacidad financiera y operativa, la superintendente indicó que el tema está en estudio. La idea es reorganizar la distribución territorial para evitar que entidades con pocos afiliados en una zona deban asumir costos elevados por traslados de pacientes a otras ciudades, lo que termina encareciendo el sistema.
Aclaró que cualquier decisión respetará el marco legal vigente.
Acciones jurídicas y control disciplinario
Múnera sostuvo que Nueva EPS tiene la obligación de iniciar acciones jurídicas contra operadores que incumplan contratos. A su vez, la Superintendencia ejercerá control disciplinario si no se adoptan correctivos.
Reconoció que la crisis no está resuelta, pero aseguró que hay presión permanente sobre el gerente interventor para que se aceleren las soluciones, especialmente en acceso a servicios y entrega completa de medicamentos.
Mientras avanzan las investigaciones y la auditoría, miles de afiliados en Cúcuta y el departamento siguen a la espera de respuestas efectivas. La Superintendencia promete resultados y sanciones si se confirman irregularidades.
A la pregunta que se hacen los usuarios sobre por qué la crisis de Nueva EPS si el Gobierno la intervino hace dos años y quien la administra es un agente que puso el Gobierno, Múnera fue contundente: Pues yo también quisiera saber lo mismo y en eso estoy.
Dijo que si a uno lo nombra el Gobierno nacional es para cumplir orientaciones y las orientaciones del presidente Gustavo Petro están clarísimas. Estoy de acuerdo con el pueblo colombiano, puntualizó Múnera.
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