Cúcuta aún no se repone de la muerte de la usuaria de Nueva EPS, Cecilia Quintero, ocurrida cuando protestaba por la no entrega de medicamentos para uno de sus hijos en el interior de la droguería Cafam. Ayer se conoció un nuevo caso en el que la vida de un bebé de 18 meses estaría en peligro.

El caso tiene conmocionados a los cucuteños. La madre del menor, Karen Juliana Pedraza, en su desesperación por lograr atención para su hijo, divulgó en redes sociales varias fotografías y un escueto comunicado en el que clama por su traslado urgente a un centro médico de cuarto nivel.

El bebé permanece recluido desde el pasado 18 de enero en la clínica Medical Duarte, pero aún no se tiene un diagnóstico claro sobre su condición. “Se creía que era un problema lumbar y luego una posible leucemia, pero esto fue descartado”, señaló la madre.

Ayer, sin embargo, lo único confirmado era que presentaba una hemorragia gastrointestinal, fiebre alta y convulsiones, según indicó la progenitora.

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Pedraza dijo a La Opinión que teme por la salud de su hijo, ya que desde hace varios días solicitan a Nueva EPS su traslado a una clínica de mayor complejidad, donde puedan practicarle exámenes especializados y determinar con precisión su diagnóstico, “pero hasta ayer no nos habían dado respuesta”.

Añadió que el niño está sangrando, no tolera los alimentos y vomita lo que ingiere.

La mujer agradeció la atención y el trato brindado por el personal médico y paramédico de la clínica Medical Duarte, pero reiteró que el traslado debe hacerse cuanto antes para evitar un desenlace fatal.

El caso se conoce en momentos en que la superintendente ad hoc para Nueva EPS, Luz María Múnera, se encuentra de visita en la ciudad para conocer la grave crisis que atraviesan Cúcuta y Norte de Santander por el precario acceso a los servicios de salud y medicamentos. Esta situación derivó el pasado martes en la muerte, en el interior de la droguería Cafam, de Cecilia Quintero, una usuaria de 70 años que reclamaba medicamentos para uno de sus hijos con discapacidad.

Ayer, Edison Rojas, hijo de la mujer fallecida, reveló que 48 horas después de la muerte de su madre no ha recibido información de Nueva EPS ni de la droguería Cafam sobre las causas que provocaron su deceso.

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En la ciudad, los usuarios de esta operadora de salud permanecen consternados por lo sucedido con Quintero, quien minutos antes de su muerte también había protestado por la falta de medicamentos para ella y su esposo, que no les entregaban desde septiembre del año pasado.

La Opinión conoció que la emergencia generada por la no entrega de medicamentos a los 800.000 usuarios de Nueva EPS en Norte de Santander afecta no solo a Cúcuta y su área metropolitana, sino a todo el departamento.

Esto se debe a que, según versiones conocidas por este medio, a sus operadores farmacéuticos Offimedicas, Disfarma, Insercoop y Cafam no se les habrían girado recursos desde hace cuatro meses.

Crisis tiende a agudizarse por decreto de traslado de usuarios

Pese a la crisis que se vive en el país por la limitada capacidad de Nueva EPS para garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos a sus más de 11,5 millones de usuarios, ayer el Gobierno expidió un decreto que obliga a trasladar millones de afiliados a esa operadora.

El decreto define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita el número de EPS que pueden operar en un territorio según su cantidad de habitantes. En consecuencia, aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras de mayor tamaño, como Nueva EPS, Savia Salud y SOS.

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Esto implica que, por ejemplo, Nueva EPS, que atraviesa una crisis y tiene la mayor cantidad de usuarios en el país, deberá recibir aproximadamente 2,6 millones de afiliados provenientes de entidades como Sura y Sanitas.

Las EPS con menos de un millón de afiliados mantendrán su estado actual. Sin embargo, si en un departamento su participación es inferior al 3% del total de afiliados —entre los regímenes contributivo y subsidiado— no podrán continuar operando en esos municipios.

A Nueva EPS llegarían más de 2,6 millones de nuevos usuarios.

¿Cómo se dará el traslado obligatorio de afiliados?

El decreto establece un mecanismo de “asignación especial de afiliados”, mediante el cual el Ministerio de Salud y la Adres redistribuirán, en pocos días, a los usuarios de las EPS que dejarán de operar en determinados territorios.

Las EPS receptoras no podrán negarse a recibir nuevos afiliados, incluso si provienen de otro régimen. Si los usuarios desean cambiarse de EPS, deberán permanecer mínimo 60 días en la entidad asignada antes de ejercer su derecho a la libre escogencia y solicitar traslado. Entre las excepciones se contemplan la reunificación familiar y los casos de comunidades indígenas.

En otras disposiciones, el decreto obliga a las entidades del régimen subsidiado y a las de naturaleza pública del régimen contributivo a contratar mínimo el 60% del gasto en salud con las Empresas Sociales del Estado (ESE) que existan en los municipios donde operen.

Las reacciones no se hicieron esperar. El representante a la Cámara Andrés Forero, quien encabeza la lista del Centro Democrático al Senado, aseguró que el decreto desconoce al Congreso y al Consejo de Estado.

Forero anunció que solicitará a esa corporación abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, “por reproducir un decreto que había sido suspendido”, y que además pedirá la suspensión del nuevo acto administrativo.

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También calificó como “inaceptable” la decisión del ministro, al considerar que “pretende trasladar forzosamente cerca de 2,6 millones de personas desde EPS que están funcionando mejor, como Sura o Sanitas, a Nueva EPS, que se está cayendo a pedazos y que está intervenida”.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció en su cuenta de X: “Es claro y racional que, para una EPS y para el erario, es muy costoso tener afiliados dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación”.

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