Tumbar por vicios de trámite la ley de ‘Paz Total’, es la ponencia proyectada por el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez en la Corte Constitucional, que de prosperar dejaría sin piso una de las principales iniciativas del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Dicha consideración, que por el momento no es definitiva porque debe ser sometida a votación, se suma a lo expuesto por la procuradora Margarita Cabello así como por los miembros de la oposición.

Entre las consideraciones planteadas en el documento se señala que no existió un concepto previo del Consejo de Política Criminal para que los congresistas tuvieran unas bases sólidas que les permitieran argumentar la votación de la citada norma.

El Ministerio Público dejó abierta la duda sobre el vacío dejado por la falta del dictamen en torno al impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, para sentarse a negociar acercamientos con “estructuras armadas de crimen de alto impacto” para que se sometan a la justicia.

La Ley que será sometida al examen riguroso y profundo por parte de la guardiana de la Constitución, es la 2272 de 2022, que le permite al Gobierno tener acercamientos de paz con organizaciones como disidencias, grupos de narcos y el Clan del Golfo.

Durante la deliberación, algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras el Consejo de Política Criminal daba a conocer su posición en torno al tema.

Pero eso no pasó y la Paz Total se volvió norma de la República contra la cual se instauró una demanda en la Corte Constitucional por el abogado Javier Pava Quiceno y que ya previamente tenía las advertencias de la Procuraduría y de los dirigentes opositores que dicen afecta a las víctimas del conflicto.

Según Pava, la modificación de las leyes para crear la “política de paz de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones”, es inconstitucional.

Será interesante la discusión en la Corte, cuya Sala Plena determinó darle el trámite de urgencia nacional, es decir, que tendrá prelación sobre otros procesos que se encuentren dentro del listado para ser sometidos a discusión.

Asuntos relacionados con la falta de claridad frente a cómo debían otorgarse las posibilidades de conversación con grupos o bandas criminales, no como orientación política, que no quedaron claros dentro de la ley, ahora serán objeto de análisis constitucional, lo cual sin duda ayudará a aclarar lo sucedido y a determinar las fallas y los procedimientos que deberían proceder a desarrollarse para aclarar las inquietudes.

Igualmente, la Corte tiene ahora en sus manos la serie de inconsistencias, entre ellos la violación al principio de consecutividad en la elaboración de la ley, que en concepto del organismo de control disciplinario debería ser declarada por fuera del orden jurídico.

También será esencial que se precisen las denuncias en torno a los posibles indultos a los narcotraficantes y a los secuestradores a la luz de la ‘Paz Total’

Habrá que esperar, también, si es factible o no, que adelantar negociaciones con fines políticos o de sometimiento es del resorte del Gobierno, a quien corresponde definir el tipo de proceso a seguir a partir de las circunstancias particulares y específicas de los grupos armados que hagan manifiesto su interés de negociar, para lo cual cuenta con el apoyo de la instancia de Alto Nivel para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.