La página judicial es el reflejo inmediato de eso que los expertos llaman percepción pero que en el día a día es la inseguridad pura y dura que recorre a Cúcuta en sus diferentes manifestaciones, entre ellas el homicidio.
En el reporte de Medicina Legal, que hasta el momento tiene datos correspondientes al período enero-abril de 2023, la ciudad aparece con la contabilización de 88 personas asesinadas, que equivale prácticamente al 50% del número de crímenes sucedidos en Norte de Santander durante ese lapso, que fue de 180. Es decir se nota una disminución.
Los cucuteños, que ya tienen a la inseguridad en el primer lugar de la lista de problemas acuciantes, asisten en la actualidad a toda una clase de hechos de sangre que generan temor por la misma frialdad con la que actúan tanto los autores materiales como los intelectuales.
Así como se decía que el año pasado cada 28 horas hubo un homicidio en Cúcuta y el área metropolitana, hoy nos encontramos frente a un incesante conteo diario de acciones en las que se arrebata violentamente la vida, especialmente por sicariato, en buena parte de ellas.
Le dispararon delante de su hija cuando la llevaba al colegio o la decapitación de un DJ o la persecución hasta lograr su muerte de un instructor de gimnasio que se había salvado de morir días antes pero los pistoleros le tendieron una celada en El Malecón o el asesinato de un taxista mientras lavaba el carro y el crimen de un policía retirado muerto en su negocio por dos pistoleros son, entre otros, los más recientes hechos.
Cuando se hacen estas referencias sobre el número de personas asesinadas a lo largo de las semanas y meses siempre ocurre que de contrapeso surgen las explicaciones para afirmar que si hubiera comparativos los números de muertes violentas han bajado, etcétera.
Entonces podría entrarse a argumentar que no es que los gélidos números bajen, puesto que se trata de seres humanos, sino de procurar opciones para que el homicidio sea contenido y sus responsables llevados ante la justicia y condenados.
Como lo han dicho conocedores en la materia de seguridad ciudadana, una de las labores pendientes es analizar la razón de estos asesinatos cuya radiografía podría arrojar luces para que los gobernantes y las fuerzas policiacas y el aparato judicial sepan qué se dejó de hacer o qué se hizo mal para permitir que siguieran sucediendo estos delitos.
Pero igualmente es necesario que no solamente vayan a la cárcel, sino que les corten todos los vínculos con sus bandas para que no sigan delinquiendo así los envíen a las llamadas prisiones de alta seguridad, que por la corrupción prácticamente pierden esa condición.
En medio de esta delicada situación, pasó a manos de la justicia un peligroso pistolero a sueldo que según las autoridades investigativas y policiales tiene vínculo directo con muchos de los crímenes perpetrados en la capital nortesantandereana.
Y ahí es donde debe haber una actuación contundente de la justicia en la estructuración de los casos y en la severa sentencia que se le aplique, pero que a su vez el Inpec haga algo para que en Cómbita, donde tienen preso al jefe del sicario detenido, lo tengan realmente aislado, porque alias Porras sigue manejando su banda delincuencial en Cúcuta, desde ese penal en Boyacá.
Son muchos los eslabones en la cadena que es urgente controlar para que los asesinatos se detengan, porque si analizamos simplemente desde la estadística, los 88 asesinatos del primer cuatrimestre de 2023, ya representan el 33 por ciento de los 255 que Medicina Legal dio a conocer que ocurrieron el año pasado en la ciudad.
