La apertura de la frontera colombo-venezolana tiene diferentes aristas que requieren ajustes para volver a reactivar actividades que se registraban antes del cierre, como era el transporte binacional de pasajeros, que ahora se está convirtiendo en un problema.

La competencia desleal, es la palabra para anotar lo que ha venido ocurriendo con taxis venezolanos que llegan con viajeros hasta La Parada, por ejemplo, y salen del país cargados con personas hacia el vecino país.

Y ahí es donde reviste el problema, porque tanto los taxistas colombianos como los venezolanos están en la obligación de cumplir con el compromiso de entrar con carreras pero salir sin ellas, para permitirles que las empresas del respectivo país atiendan ese servicio.

Con la reapertura de los puentes internacionales que conectan a Táchira y Norte de Santander se pactó que los carros tipo taxi y colectivos podían ingresar con pasajeros, pero tenían que regresarse vacíos y eso no lo han acatado los conductores de líneas tachirenses de servicio individual.

En el citado barrio de Villa del Rosario, cercano a San Antonio del Táchira por el puente Simón Bolívar, es el sitio en donde más se nota este inconveniente que incluso llevó a que ocurriera un presunto hecho de corrupción por parte de uno de los agentes de tránsito del municipio histórico, que está siendo investigado. Lo mismo sucede en el sector de El Escobal, fronterizo con Ureña.

La complicación conlleva a que los taxistas colombianos prácticamente quedan sin ninguna opción dentro de la atención de la oferta de servicio a los venezolanos que requieren cruzar la frontera hacia su país desde esta parte de Norte de Santander porque, es un hecho que da a entender la falta de autoridad por parte de los encargados de aplicar las normas.

El hecho que por presión mediática y ciudadana obligara a que Tránsito de Villa del Rosario activara operativos para contener este transporte interfronterizo que viola lo pactado, indica la importancia de la veeduría de la sociedad a sus gobernantes.

Si bien es cierto las relaciones de hermanamiento son esenciales con el vecino país, no puede olvidarse que la legalidad tiene que perdurar puesto que de lo contrario la situación podría terminar en choques de intereses y en la probable pérdida de estos servicios indispensables para la movilidad en esta parte del territorio binacional.

¿Qué estarán esperando los ministerios de Transporte y las cancillerías para que se normalice todo lo relativo con el tránsito de buses, taxis y vehículos particulares para que crucen la frontera en ambos sentidos y vayan hasta puntos específicos a lado y lado?, porque esto que fue anunciado en enero de este año por el entonces ministro de Transporte Guillermo Reyes no es acatado: “Los taxis pueden operar bajo unas condiciones que son entrar al territorio del otro país, dejar los pasajeros y volver al país de origen vacíos”.

Dejar vacíos o zonas grises en la normatividad conlleva a que se produzcan situaciones como la registradas, aflorando de nuevo los arrastradores que cobran sumas para llevar pasajeros a ‘terminalitos no autorizados’ para que suban a taxis o hasta busetas venezolanas para volver a su país, hecho similar que también se ha advertido ocurre, en ocasiones, al otro lado, con vehículos colombianos.

Siempre se dijo por parte de ambos gobiernos que esta nueva etapa de las relaciones iba conducir a una frontera ordenada, segura e integral, para dejar atrás la cantidad de inconvenientes registrados en el pasado y, el del transporte, es uno de ellos.