De la lógica a la realidad hay mucho trecho. Acaba de advertirse algo que acaba de suceder en el Concejo de Cúcuta, recinto que todos creeríamos debería ofrecerle una mayor participación a los comunales  y ediles que por tener el contacto directo con la gente, que saben lo que ocurre en los barrios y veredas.

En una ciudad incluyente y participativa tan llena de problemas de todo orden, el trabajo coordinado entre la corporación administrativa municipal y esas bases fundamentales representadas en las Juntas Comunales y  en las Federaciones Comunales derivaría en positivos resultados y en una siempre clara y precisa visión y conocimiento de lo que está sucediendo.

Pero resulta que no es así. Esa opción de los coadministradores cucuteños de tener un vaso comunicante con los dirigentes de barrio, más allá de la consabida búsqueda de votos cada  que se avecinan elecciones como las regionales del 29 de octubre, sigue siendo un asunto lejano.

La confirmación de que esto no se cumple se encuentra en el hecho de que los líderes locales de la zona rural y  urbana se vieron precisados a instaurar una tutela para que el Concejo acatara lo señalado en la Ley Comunal en Colombia.

Allí se establece que los concejos municipales deben destinar por lo menos una sesión semestral para escuchar de forma exclusiva a los representantes de las asociaciones y federaciones comunales con el objeto de debatir y discutir sobre las necesidades y problemáticas que presenten.

Hugo Alberto Rey, presidente de la Federación Comunal de Cúcuta, dijo que la invitación que tuvieron al Concejo fue en respuesta a la tutela que interpusieron porque la corporación debe atenderlos en las dos sesiones ordinarias que hacen al año,  y en el 2022 no lo hicieron en ninguna oportunidad.

Y el encuentro se produjo dejando la sensación de pugnacidad porque desde los corporados también les lanzaron señalamientos a los comunales, como lo hiciera el concejal Oliverio Castellanos.

“Esperaba como mínimo verlos aquí cuando se estaba discutiendo la incorporación de $127.000 millones de los que apenas $4.000 millones de destinaron para la malla vial y no hubo ningún presidente de junta comunal acá reclamando”, les dijo en aquel encuentro.

Esa situación en nada le sirve a Cúcuta. Limar asperezas es la opción más adecuada y proceder a definir unos puntos mínimos de entendimiento entre el Concejo y la Acción Comunal con el fin de hacer una labor mancomunada por los intereses ciudadanos.

Recordemos que en mayo, una medición de Cúcuta Cómo Vamos mostró que el Concejo salió muy mal librado, puesto que según los resultados de la encuesta, el 78,9% de los consultados calificó como muy mala la gestión que adelantan los cabildantes en favor de la ciudadanía, siendo esta percepción mucho mayor en los estratos más bajos y medios.

Las partes tienen que recapacitar puesto que los habitantes esperan que sus voceros y representantes de la ciudad hagan algo más que terminar enfrentados mientras la situación social y económica empeora. Ese no es el camino.

Hay que enderezar el rumbo y ambos reconocer los errores y fallas para luego hacer un trabajo en llave por la ciudad que necesita más propuestas y más acción, porque la inacción y la permisividad con lo que está sucediendo no trae nada bueno en cuanto al desarrollo de la ciudad.