Una jornada conjunta emprenden la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación para avanzar en la culminación de procesos penales abiertos a 22.375 recaudadores que retuvieron valores por impuestos como IVA, retención en la fuente e impuesto al consumo sin trasladarlos a la autoridad tributaria.
La actividad que se extenderá hasta hoy, busca darle cierre judicial a las investigaciones relacionadas con la no consignación de tributos, delito estipulado en el Código Penal.
En total, 6.000 contribuyentes fueron citados en la Fiscalía General de la Nación, mientras que en las oficinas de la DIAN se convocaron a 16.375 personas cuya cartera asciende a $1.2 billones por ese concepto.
El director general (e) de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano, afirmó que estas personas “tendrán la oportunidad de pagar la totalidad de la deuda, formalizar acuerdos, aplicar recursos embargados y regularizar su situación antes de que los procesos penales escalen”.
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Los ciudadanos morosos pudieron acercarse a las sedes para recibir orientación, hacer pagos totales o aplicar el dinero embargado para saldar el valor pendiente, y así detener el avance de los procesos.
El director Betancourt concluyó que “el pago no es solo una obligación tributaria; es un acto de respeto frente a los ciudadanos que sí cumplieron”.
El funcionario recordó que “estos recursos no pertenecían a los morosos, sino que eran impuestos pagados por los ciudadanos y nuestra responsabilidad es recuperarlos”.
Para los morosos, la única vía que existe es la cancelación total de la obligación tributaria para evitar que sus casos pasen a la etapa prevista en el Código Penal.
Según el artículo 402, para dicha acción se establece una pena de prisión de 48 a 108 meses y una multa equivalente al doble de los valores no consignados.
Los contribuyentes que no atiendan la citación o no regularicen su situación enfrentarán embargos, inclusión en el boletín de deudores morosos del Estado y la continuidad de los procesos penales hacia las respectivas fases judiciales.
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