La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) tiene ahora la capacidad de congelar cuentas, detener pagos o bloquear contratos en ejecución en cuestión de horas, incluso en empresas que creen estar al día con sus obligaciones.
La razón se debe a la implementación de una fiscalización basada en analítica de datos, que cruza en segundos información de facturación electrónica, extractos bancarios, nómina y declaraciones tributarias. Es decir, si el sistema detecta una diferencia —un soporte pendiente, un anticipo sin cruce o un registro que no coincide—, se activa una alerta que puede escalar rápidamente hasta convertirse en una medida cautelar.
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De acuerdo la socia de Auditoría de Crowe Co, Yaneth Romero, el impacto de esta medida es inmediato: afecta la liquidez, la operación y la reputación de las compañías, sin importar tamaño, industria o sector económico.
En otras palabras, ya no basta con declarar y pagar, hoy la autoridad fiscal exige coherencia total entre lo que se factura, se registra y se mueve en las cuentas. Cada dato debe reflejar la realidad del negocio.
“La fiscalización ya no llega por sorpresa; ocurre todo el tiempo, a través de sistemas que cruzan datos de facturación, nómina y cuentas bancarias. Por eso, la clave está en la coherencia de la información: lo que se factura, se declara y se registra debe coincidir”, explicó Romero.
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Más fiscalización
En lo corrido de 2025, la DIAN ha intensificado sus jornadas de cobro y fiscalización. Solo en septiembre, según los registros más recientes, la entidad programó más de 7.800 visitas, aplicó 3.400 medidas cautelares y generó 930 embargos de créditos basados en facturación electrónica.
De acuerdo con la entidad, esas acciones buscaron cubrir una cartera cercana a $400.000 millones por embargos de créditos y cerca de $1 billón por medidas cautelares sobre sumas de dinero.
La DIAN reportó en su Informe Mensual de Recaudo que entre enero y agosto de 2025 se alcanzaron $197,6 billones, cifra que representa un incremento cercano al 10% frente al mismo periodo del año anterior, pero que todavía se mantiene por debajo de la meta anual fijada por el Gobierno, que asciende a los $280,3 billones.
En otras palabras, con crédito más costoso, ventas que avanzan despacio y mayor presión fiscal, el margen de error para las compañías es mínimo y cualquier diferencia detectada puede poner en riesgo su flujo de caja.
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Qué revisa la DIAN
De acuerdo con Yaneth Romero, la entidad concentra su monitoreo en tres frentes principales que son determinantes para evitar sanciones o embargos:
- Ingresos y deducciones: diferencias sin soporte o anticipos no conciliados.
- Nómina y seguridad social: pagos no salariales o contratistas que en la práctica actúan como empleados.
- Operaciones con socios o accionistas: préstamos, aportes o provisiones sin respaldo documental.
Igualmente, la experta de Crowe Co recomendó a las empresas anticiparse a los requerimientos revisando su información contable y fiscal de forma preventiva. “Un control interno oportuno puede ahorrar hasta 20 veces más que corregir después de un proceso de fiscalización que derive en un embargo”, indicó Romero.
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Sugirió adoptar una política de control preventivo, que incluya conciliaciones contables frecuentes y revisión cruzada entre la facturación, la nómina y las cuentas bancarias, así como no olvidar que la DIAN, sobre todo al cierre del año, no opera bajo la lógica del seguimiento periódico, sino bajo un modelo de monitoreo constante.
“La diferencia que ayer pasaba inadvertida, hoy activa una intervención inmediata. La autoridad fiscal ya no revisa lo que fue, sino lo que está ocurriendo”, concluye Romero.
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