A las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, un comando guerrillero vestido de civil irrumpieron en el Palacio de Justicia, dejando una cicatriz imborrable en la historia de Colombia. Esta operación denominada ‘Antonio Nariño, por los derechos del hombre’, duró 28 horas y cobró la vida de 94 personas, y otras 12 desaparecidas, según el Centro Nacional de Memoria Histórica.

El ataque fue planeado durante seis meses en una casa ubicada en el centro de Bogotá. Las mentes detrás  de la operación fueron Luis Otero y Álvaro Fayat, pero la ejecución estuvo a cargo de Andrés Almarales.

El objetivo del M-19 era someter a un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur por los incumplimientos al Acuerdo de Corinto que establecía un cese bilateral del fuego y una salida democrática al conflicto armado.

Sin embargo, se conoció que el capo del narcotráfico, Pablo Escobar Gaviria, también habría financiado a ese grupo guerrillero con armas y dos millones de dólares para que entrara y destruyera los expedientes de extradición.

En el recuerdo están las desesperadas palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía, quien a través de la radio solicitó un cese del fuego que nunca se produjo.

De ese modo, luego de cruces de balas, explosiones e intentos de negociaciones, a las 2:20 de la tarde del 7 de noviembre se dio por finalizada la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo las consecuencias e irregularidades han perdurado durante cuatro décadas. 

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La Comisión de la Verdad elaboró un informe sobre el holocausto que sirve de insumo histórico sobre el cual todavía persisten muchos interrogantes y lados oscuros.

En primera persona

Helena Urán Bidegain vivió, con apenas diez años, el holocausto del Palacio de Justicia en 1985; sin embargo sus recuerdos no se limitan unicamente a haber observado una guerra frente a su casa sino que trasciende más allá, a lo que fue la muerte de su padre Carlos Horacio Urán.

Urán, quien sirvió a Colombia como magistrado auxiliar del Consejo de Estado, fue asesinado por la Fuerza Pública en la violenta retoma de la edificación que tuvo lugar el 7 de noviembre. 

Este delito forma parte de las irregularidades que todavía al día de hoy marcan esta tragedia, al mismo tiempo su pérdida fue un hecho que le cambió la vida a sus hijos y esposa, quienes poco tiempo después tuvieron que abandonar el país por amenazas. 

Hoy, Helena Urán tiene una maestría en Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos, se desempeñó en espacios legislativos y fue consultora en temas de educación política y construcción de paz. 

Mediante sus actividades ha logrado publicar un libro y crear una fundación que rinde honor a la memoria de su padre y demás víctimas del Palacio de Justicia en la plaza de Bolívar, en Bogotá . En entrevista exclusiva con La Opinión, Urán Bidegain explica cómo vivió estos hechos y todo lo sucedido desde entonces.

¿Cómo se vivió la toma y retoma del palacio de justicia el 6 y 7 de noviembre del 85?

Al día de hoy lo recuerdo como un hecho que agredió el alma de Colombia y de la niña de diez años que era para aquel entonces. Yo cursaba quinto año de primaria cuando mi mamá nos sacó a mis hermanas y a mí del colegio, lo único que nos decía es que nuestro papá le había avisado sobre un tiroteo cerca al palacio. 

Una vez en la casa pasaron horas hasta saber algo nuevo. En un momento me asomé por la ventana y lo que veo es un tanque de guerra pasar frente nuestro. Desde ese momento supe que se trataba de una situación horrible. 

Después de ello vino el fuego cruzado y los disparos de tanques contra el Palacio de Justicia, luego se cortó toda comunicación. Eso no solo significó una violación al derecho a la información sino que nos dejó a todos con incertidumbre y temor. 

¿Cómo influyó la labor de su padre y de los otros magistrados en que terminaran siendo un objetivo militar durante el ataque? 

Mi padre era magistrado auxiliar del Consejo de Estado y él trabajaba en la Sección Tercera, la cual dos meses antes había condenado a la Fuerza Pública por las torturas a una médica y a su hija de seis años en una instancia militar. Un delito que además fue muy frecuente durante el gobierno del expresidente Julio César Turbay Ayala.

Durante esa revisión de casos los magistrados empezaron a recibir fuertes amenazas por parte del narcotráfico, pero también de allegados al Ejército. Por lo que el relato de que narcotraficantes financiaron al M-19 para que entrara y acabara con los expedientes de extradición, no es el único real.

¿Qué irregularidades se presentaron luego del asalto, y de qué manera se enteran de que la Fuerza Pública fue la responsable de asesinar a su padre?

Es importante destacar que la toma del Palacio no se limitó solo al seis y siete de noviembre, pues los tres días siguientes continuó la violencia contra civiles, quienes fueron llevados a instalaciones militares para ser torturados. Otras personas incluso fueron desaparecidas en diferentes partes de Colombia.

Con respecto a mi padre, nosotros teníamos indicios de que algo que nos habían dicho no era verdad, nos aseguraban que murió por un cruce de balas. Fue una periodista que cubrió los hechos, y que lo conocía, quien le dijo a mi madre que lo había visto salir con vida.

22 años después, la fisca Ángela María Buitrago empezó a hacer unas inspecciones en instalaciones militares de Bogotá donde encontró en una bóveda secreta la billetera de mi papá con toda su documentación. Posterior a ello exhuman su cadáver y determinan que fue torturado y ejecutado con un arma que pertenecía únicamente a los altos mandos del Ejército. Al mismo tiempo Noticias Uno publicó un video donde se ve a mi padre salir con vida, lo que terminó de evidenciar la responsabilidad del Estado. 

A raíz de ello, ¿qué acciones emprendieron y cuál fue la respuesta de parte del Estado?

Luego de ello llevamos a cabo procesos judiciales que no surtieron efecto en Colombia. La fiscal Ángela llamó a declarar a tres generales y poco después le pidieron su renuncia, quedando todo obstaculizado.  

En 2014 decidí ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual condenó a Colombia por estos hechos y aunque el expresidente Juan Manuel Santos lo reconoció, el Estado no ha avanzado en las investigaciones para sancionar a los responsables.

¿A  nivel personal tu familia cómo vivió está perdida y que fue de su vida posterior a los hechos? 

Lamentablemente tuvimos que huir de Colombia por amenazas contra mi madre. Migramos a Alemania y con el tiempo me involucré en estudios de memoria dándome cuenta de que esta historia merecía ser contada. De esa manera escribí el libro titulado ‘Mi vida y el Palacio’ el cual fue publicado en 2020. En él relato cómo viví esos hechos teniendo diez años, y después todo lo que fue el exilio y el inicio de los procesos judiciales. 

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¿Qué proyectos estás desarrollando actualmente para continuar esclareciendo estos hechos y honrar la memoria de tu padre? 

En este momento estoy escribiendo un nuevo libro el cual será publicado el primero de noviembre. En él narro la segunda fase de este proceso donde retorno a Colombia con la ilusión de nuevas propuestas políticas, pero me doy cuenta de que existe una disputa entre actores por el control del relato.

En el libro que se titulará ‘Desenredar los nudos’ también abordaré todo lo que he hecho desde que llegue al país para intentar esclarecer la verdad. Entre eso: mi conversación con el presidente de la Corte Suprema, mi gestión para que se le retiraran las medallas al general que comandó las operaciones y mi trabajo ante la JEP para que ciertas instancias militares pudieran dar declaraciones. 

Asimismo, hablo sobre el debate público que tuve con Petro cuando salió con la bandera del M-19 y planteo mis argumentos con respecto a la construcción de memoria. Finalmente, incluyo una entrevista que le hice a un exagente de inteligencia que cuenta cómo operaron durante los hechos de noviembre. 
Por otra parte, hace tres meses decidí crear la fundación ‘Carlos H. Urán, memoria para la democracia’, con la que busco demostrar que la construcción de memoria no es para quedarnos en el lamento sino para exigir un Estado más democrático y aprender lecciones.  

Con esta fundación ya se realizó un primer foro acerca de transformación de espacios de impunidad y para los 40 años que se cumplen en noviembre tenemos programados paneles de discusión con juristas que investigaron el caso.  El 7 de noviembre se desarrollará un performance en la Plaza de Bolívar con la participación de varios artistas y al día siguiente tendremos en el auditorio de la Universidad Nacional un concierto en conmemoración a los hechos. Todos eventos abiertos al público. 

¿Qué cicatrices aún le quedan a Colombia de aquel ataque, asimismo qué aprendizajes considera que le dejó a la nación?

En 1985 la comunidad se quedó callada, aceptando lo que dijo el poder y eso dio paso con los años a más delitos y olas de violencia.  Pienso que el aprendizaje que nos deja es la importancia que existe de defender nuestros derechos y tomar medidas a tiempo para garantizar la justicia.

¿Hoy en día existe perdón de las víctimas a los responsables de estos hechos?

Esta parte de nuestra historia no implica un tema de perdón sino de continuar exigiendo los derechos. Yo no tengo odio frente a la Fuerza Pública ni a otros grupos, es solo cuestión de no olvidar y reconocer las responsabilidades. Como ciudadanos debemos ser éticos y también exigir eso a los mandatarios.

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