Las medidas extraordinarias de seguridad adoptadas por la dirección nacional del Inpec, tras los ataques violentos perpetrados en la última semana contra funcionarios de la institución -que dejaron cuatro guardianes muertos- serán acogidas y puestas en práctica en su totalidad en el Complejo Carcelario de Cúcuta, según indicaron fuentes ligadas al recinto penitenciario.

La decisión de reforzar la seguridad en el establecimiento carcelario viene dado en razón de que, si bien no se han registrado ataques directos contra funcionarios del Inpec en la capital del departamento, sí se han registrado amenazas contra varios de ellos y el propio director, por el cual se emitió una alerta nacional. 

“En este momento la situación de inseguridad para el Inpec es a nivel nacional, las amenazas son para todos los establecimientos, solo que en algunos ya se han materializado los ataques y en otros todavía no”, señaló un trabajador de la cárcel a La Opinión. 

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El funcionario recordó que solo este año se han registrado dos ataques con artefactos explosivos en los alrededores de la cárcel, además de un hostigamiento desde la parte externa hacia el interior del establecimiento con arma de fuego.

Asimismo, refirió que se han presentado algunas situaciones que constituyen comisión de delito a las afueras del recinto carcelario, el atentado contra la visitante de un recluso y un ataque sicarial frustrado contra un privado de libertad cuando salía a disfrutar de su beneficio de 72 horas de libertad. 

“Tener privados de libertad siempre va a representar un riesgo latente, más en el contexto de una cárcel como la de Cúcuta, por su condición de frontera”, apuntó un guardián del recinto penitenciario. 

Articulación con Policía y Ejército 

Entre las disposiciones adoptadas por el Inpec a nivel nacional está la de solicitar el apoyo permanente de la Policía y el Ejército para garantizar la seguridad de los funcionarios en los horarios de ingreso y salida, así como en los desplazamientos hacia y desde los establecimientos, sobre todo en zonas de mayor riesgo. 

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En este sentido, se pudo establecer que ya tuvo lugar una reunión entre los directivos y comando de vigilancia de la Cárcel de Cúcuta con las autoridades de las Secretarías del Gobierno y Seguridad del municipio, así como de la Policía Metropolitana y Brigada 30 del Ejército, para coordinar las acciones que permitan salvaguardar la integridad del establecimiento, los privados de libertad y los funcionarios. 

Del mismo modo, y en atención a las medidas dispuestas a nivel nacional, en Cúcuta se aplicarán los turnos de trabajo de 24x48 horas, la restricción de la visitas a los privados de libertad, suspensión de traslados y remisiones, con excepción de las de tipo médico, solo en casos vitales. 

También se acordó autorizar la implementación de trabajo en casa o con horarios flexibles para el personal administrativo, además de cancelar de manera preventiva las labores comunitarias desarrolladas por los privados de libertad. 

Porte de armas ¿Sí o no?

Una de las medidas de autoprotección propuestas por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, es la de autorizar el porte de armas a los funcionarios de los establecimientos, por lo que ya han comenzado a hacerse acercamientos con la Indumil. 

La propuesta ha generado opiniones divididas, sobre todo por los riesgos y responsabilidades adicionales que vienen implícitas en una disposición de este tipo. 

“No podemos decir que portar un arma nos garantiza el 100 por ciento de seguridad que espera el Gobierno nacional”, dijo un dragoneante de la cárcel de Cúcuta, a la vez que manifestó su reserva por el uso responsable que debe hacerse de estos artefactos. 

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Considera que más allá del porte y uso de armas, es más importante mejorar las condiciones de seguridad en los alrededores de los establecimientos, con el aumento de la presencia de policías. 

Para Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, “la fiebre no está en las sábanas”, dijo, en referencia a que “armar a la gente del Inpec lo que hace es ponerla en mayor riesgo y no soluciona absolutamente nada”.

Señaló que “los problemas de inseguridad que tienen los servidores públicos del Inpec, están directamente relacionados con los fenómenos de delincuencia y criminalidad organizada que se dirigen desde las cárceles en Colombia”, una crisis que el Estado colombiano debe solucionar pero que, hasta ahora, no ha sido asumida de manera seria por alguno de los gobiernos de turno que han pasado. 

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