El presidente, Gustavo Petro, justificó este sábado el bombardeó a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), en el que murieron seis menores de edad, un hecho que reveló la Defensoría del Pueblo.

“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”, señaló el Jefe de Estado en X.

El mandatario dijo que tomó el “riesgo” de ordenar el bombardeo, en el que murieron un total de 22 disidentes, para salvarle la vida a los militares en riesgo.

“Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, agregó el mandatario.

Más temprano la Defensoría lamentó la muerte de los menores, al sostener que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades.

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Aseguró que “ningún niño, niña o adolescente reclutado debería resultar afectado por operaciones militares” y añadió que el simple hecho de que los menores se encuentren en campamentos de grupos armados ilegales y hayan perdido el estatus de civil para convertirse en combatientes “no habilita la posibilidad de un ataque”.

Consideró que las Fuerzas Militares debieron adoptar “todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas o adolescentes aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada”, al tiempo que deslizó la pregunta: “¿podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor?”.

La Defensoría subrayó que la responsabilidad originaria de la muerte de los menores de edad en los bombardeos recae en los grupos armados que los reclutaron, en este caso las disidencias conocidas como Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”.

Afirmó que “el reclutamiento de toda persona menor de 18 años es un crimen de guerra” y no dudó en señalar que las disidencias fueron responsables “de una serie de actos crueles de vulneración permanente del DIH en el departamento de Guaviare”, hechos que fueron constatados por su oficina regional.

Recomendó a la Fuerza Pública adelantar acciones para proteger a la población civil frente a las actuaciones de estos grupos en el departamento.

El organismo argumentó que utilizar la presencia de niños, niñas o adolescentes como argumento para cuestionar operaciones militares evidencia que las estructuras armadas ilegales los instrumentalizan “como escudos humanos, conducta prohibida de forma categórica por el DIH”.

No obstante, consideró que “no es coherente ni éticamente aceptable reducir este análisis a un debate meramente técnico sobre el DIH o sus umbrales mínimos de aplicación”. Concluyó que la esencia del DIH “no es la de ser invocado para justificar vulneraciones, sino para limitar el sufrimiento humano”.

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