La Procuraduría General de la Nación propuso un diálogo con entidades del Estado y asociaciones de víctimas del conflicto armado, con el objetivo de garantizar la ejecución de las políticas públicas de atención a esta población, cuyo cumplimiento se ha visto afectado en los últimos años.

El procurador delegado para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, en su calidad de presidente de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas, explicó que el primer paso es realizar una evaluación detallada de la ejecución presupuestal destinada a cada uno de los componentes de la política pública.

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Además, señaló que es necesario conocer cómo las entidades han implementado estas medidas y garantizar que las víctimas tengan una participación efectiva en su seguimiento.

En el marco de la construcción del XII informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que debe presentarse al Congreso de la República, el delegado propuso replantear su enfoque con el fin de fortalecer la participación de las víctimas en las instancias de decisión y asegurar el cumplimiento de la ley.

Según el funcionario, este informe debe reflejar con mayor precisión los avances y desafíos en la implementación de la política de atención a víctimas, así

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