Un juez de Bogotá le ordenó al presidente, Gustavo Petro, retractarse públicamente por unas declaraciones consideradas sexistas que emitió durante un Consejo de Ministros el pasado 15 de septiembre, tras fallar una acción de tutela que argumentó que los comentarios del mandatario vulneraron los derechos de las mujeres y promovieron estereotipos de género.
La controversia surgió a raíz de una frase que el presidente pronunció en la sesión ministerial, que fue transmitida públicamente: “Una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasarlo, será una gran mujer”. Esta afirmación motivó a la ciudadana Tatiana Echavarría a interponer una acción de tutela.
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En su recurso legal, Echavarría argumentó que las palabras del jefe de Estado vulneraron derechos fundamentales como la igualdad, la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y la no discriminación.
Según la demandante, la frase del mandatario cosificó y sexualizó a las mujeres, reduciéndolas a un papel corporal y atentando contra su autonomía, además de afectar la formación de menores de edad que tuvieron acceso a dichas declaraciones.
En el fallo, el juez Milton Jojani Miranda Medina amparó los derechos fundamentales de la accionante y de todas las mujeres colombianas, al concluir que el lenguaje empleado por el presidente “reproduce violencia simbólica y estereotipos de género”.
El despacho judicial también evaluó otras declaraciones del mandatario mencionadas en la tutela, como sus comentarios sobre los llamados “Brayan”, los “hombres blancos feudales” y la vicepresidenta Francia Márquez, que la accionante consideró estigmatizantes o con connotaciones raciales.
Como consecuencia, el fallo le ordenó a Petro retractarse de sus afirmaciones en una nueva sesión del Consejo de Ministros, que deberá ser transmitida por los mismos canales que difundieron las declaraciones originales. En este acto, deberá ofrecer excusas públicas a la ciudadana Tatiana Echavarría y, de manera general, a las mujeres colombianas por el impacto de sus palabras.
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Adicionalmente, la orden judicial exige que el mandatario se abstenga en el futuro de emitir expresiones que vulneren los derechos de las mujeres. También le impuso un plazo máximo de 30 días para participar en una jornada de capacitación y sensibilización sobre género e inclusión, la cual deberá ser dirigida por la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría General de la Nación.
Finalmente, el juez ordenó comunicar la decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.
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