Este jueves el Tribunal Superior de Bogotá definirá si revoca, o no, la decisión de enviar a la cárcel al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, investigado por el escándalo de la UNGRD.
Aunque González se encuentra asilado políticamente en Nicaragua, lo que impide su captura, la decisión del Tribunal es clave dentro del caso. Lo que debe decidir el Tribunal es si acoge, o no, la apelación que presentó la defensa en contra de la medida de aseguramiento que le impuso en mayo pasado un juez de la República.
La defensa argumenta que las acusaciones contra su cliente son “calumnias sin fundamento” y señala que el caso se basa en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”.
Lea aquí: Plantón en El Tarrita por incumplimiento de los acuerdos: reclaman celeridad en los trámites
Concretamente González es señalado de solicitarle, en medio de un contrato por la compra de 40 carrotanques que llevarían agua potable a ese departamento, al exdirector de la UNGRD Olmedo López entregar a los entonces presidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente, coimas obtenidas ilícitamente de ese convenio para que respaldaran iniciativas del gobierno en el Congreso.
Concretamente, $3.000 millones a Name a través de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, y de $1.000 millones a Calle por presunta orden directa del exdirector del Dapre. Para probarlo, la Fiscalía tiene pruebas de dos reuniones realizadas en su oficina en el tercer piso de la Casa de Nariño.
En la primera reunión, realizada en septiembre de 2023, Carlos Ramón González le habría recomendado al entonces director de la UNGRD: conseguir contratos dirigidos a los presidentes del Congreso y la Cámara, pero ante el poco tiempo para lograrlo ordenó entregarles 4.000 millones de pesos. En la segunda, habría consolidado su papel como el cerebro de la estrategia ilegal. Dando instrucciones concretas de las reuniones que debían hacerse para que se entregaran contratos y coimas a cambio de apoyo político.
Por esos hechos, este lunes fue acusada la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
