La Procuraduría General de la Nación confirmó este martes, en fallo de segunda instancia, la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años en contra del exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por las irregularidades detectadas en el proceso de licitación pública para la fabricación y expedición de pasaportes en 2023.

El Ministerio Público ratificó que la decisión que tomó el entonces canciller careció de fundamento legal y no tuvo como finalidad salvaguardar el deber de selección objetiva, al que estaba obligado como funcionario. El ente de control precisó que la determinación de Leyva se basó en el hecho de que al proceso se presentó un único oferente, argumento que no era válido para declarar desierta la licitación, dado que la empresa cumplía con todos los requisitos definidos en los pliegos de condiciones.

Lea: Con un disparo en la cabeza acabaron con la turbulenta vida de El Zarco, en Cúcuta

En la decisión, firmada por el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se confirmó que Leyva Durán desconoció con su actuación los principios de transparencia, economía y responsabilidad que regulan la contratación estatal. Por estos hechos, su falta disciplinaria fue calificada de manera definitiva como gravísima, cometida a título de dolo.

Al tratarse de una decisión de segunda instancia, el fallo no admite ningún tipo de recurso ante la Procuraduría.

El caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Leyva declaró desierta la licitación por cerca de 600.000 millones de pesos para la elaboración de los pasaportes. En su momento, el exfuncionario justificó su decisión alegando que el proceso licitatorio parecía estar dirigido a favorecer a la firma Thomas Greg & Sons, compañía que había mantenido el contrato durante los últimos 17 años, y que su intención era proteger los recursos del Estado y garantizar la pluralidad de oferentes.

Es noticia: Las imágenes del poderoso despliegue militar de Estados Unidos cerca a Venezuela que publicó representante republicano

Sin embargo, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de la Procuraduría emitió un fallo de primera instancia el 12 de noviembre de 2024, en el que impuso la sanción que hoy fue confirmada. En ese primer pronunciamiento, el ente de control concluyó que, al descartar a la única empresa habilitada, el excanciller vulneró el principio de competencia leal y generó un impacto negativo en un servicio considerado esencial.

Tras esa primera decisión, la Procuraduría absolvió al exfuncionario en relación con la declaración de urgencia manifiesta que se decretó posteriormente para contratar de forma directa la expedición de los documentos.

La defensa de Álvaro Leyva, encabezada por el abogado Yefferson Dueñas, calificó en su momento la decisión de primera instancia como algo que “no sorprende” y señaló que la Procuraduría "parecía determinada a sancionar" al exministro, desestimando las pruebas aportadas. Dueñas afirmó que la sanción era "desproporcionada" y que Leyva buscaba proteger la transparencia del proceso.

Por su parte, el excanciller reaccionó el 18 de noviembre de 2024 a través de sus redes sociales, donde calificó el proceso como "atropellos revestidos de ignorancia supina o dañina intención". Leyva acusó al procurador ponente del caso, Ernesto Espinosa, de desconocer principios del derecho y aseguró que el fallo "enterró mi derecho inalienable al debido proceso", calificándolo como una decisión "absolutamente política".

Le puede interesar: Jorge Robledo: ‘La capacidad de Petro para equivocarse va a pasar a la historia’

En un intento por apartar a la entonces procuradora general, Margarita Cabello Blanco, del proceso de apelación, la defensa de Leyva presentó una recusación en su contra en noviembre de 2024, argumentando que sus declaraciones públicas constituían un prejuzgamiento. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró infundado el recurso el 23 de enero de 2025, al concluir que Cabello había terminado su periodo y no tendría participación en la decisión de segunda instancia.

Paralelamente a este caso, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra el excanciller el pasado 16 de julio de 2025 por presuntamente haber continuado ejerciendo sus funciones a pesar de estar suspendido provisionalmente.

Según el ente de control, entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2024, Leyva firmó 76 resoluciones y otros documentos oficiales, aun cuando ya había sido notificado de la suspensión de tres meses ordenada en el marco de la investigación por el contrato de los pasaportes. Este segundo proceso disciplinario sigue su curso.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion