Un intenso debate nacional se ha desatado tras la radicación de dos proyectos de ley en el Congreso por parte del senador Alberto Benavides, del Pacto Histórico. Las iniciativas —radicadas bajo los números 057 y 058— buscan, por un lado, establecer un régimen de inspección y vigilancia sobre las entidades religiosas y, por otro, reconocer legalmente las prácticas espirituales ancestrales como parte de la libertad de culto en Colombia.

En el Urabá antioqueño, líderes de distintos credos han manifestado una fuerte oposición. El Comité Intersectorial de Libertad Religiosa del Distrito de Turbo envió una carta el pasado 8 de agosto a siete congresistas del Pacto Histórico solicitando retirar ambos proyectos. No obstante, según confirmó el propio senador a El Colombiano, las iniciativas continúan en trámite.

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El polémico proyecto 058: Proyecto de ley busca dar estatus religioso a la brujería y la santería

El proyecto de ley 058 ha generado mayor controversia, ya que busca modificar el artículo 5 de la Ley 133 de 1994, el cual excluye de la categoría de religión actividades como la brujería, la santería, el satanismo, las prácticas mágicas, supersticiosas o los fenómenos parapsicológicos.La propuesta pretende eliminar esas restricciones para evitar discriminación hacia expresiones espirituales diversas, siempre que respeten la Constitución y la ley. 

Sin embargo, líderes religiosos de Turbo consideran que la modificación abriría la puerta a legitimar prácticas que no deben equipararse con la religión.El pastor Faber Róvira Rivas expresó que la preocupación radica en que rituales asociados a la hechicería o la santería puedan obtener reconocimiento legal:

“Esto daría pie a que se dé reconocimiento legal a alguien que practique brujería, a que los ritos que hacen entren en la categoría de libertad religiosa. Incluso, hay personas que consultan estas prácticas para hacerle daño a otros”, señaló en declaraciones a El Colombiano.

Por su parte, Laureano Saavedra, de la Mesa Departamental de Libertad Religiosa de Antioquia, sostuvo que los límites establecidos en la ley vigente son necesarios para proteger la salud y el bienestar de la población, y advirtió que su modificación representaría un retroceso.

Desde la visión de los proponentes, el objetivo es garantizar que pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras puedan ejercer libremente sus cosmovisiones espirituales. En entrevista con Blu Radio, el senador Benavides recordó que el artículo 19 de la Constitución ya reconoce estas expresiones como parte de los derechos colectivos.

Proyecto 057: inspección y vigilancia a las iglesias

El segundo proyecto, identificado como 057, plantea mecanismos de control e inspección por parte del Ministerio del Interior a las entidades religiosas.La iniciativa incluye acciones preventivas y sancionatorias como revisión de registros contables, control de beneficios tributarios e incluso la suspensión o cancelación de personerías jurídicas en casos graves.

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En Turbo y otras regiones del país, representantes de diferentes iglesias rechazaron la propuesta, señalando que constituye una intromisión en la autonomía de las comunidades de fe. Según el pastor Róvira Rivas, el enfoque tributario desconoce que gran parte de los recursos de las iglesias se destinan a programas sociales en beneficio de migrantes, familias vulnerables y jóvenes en riesgo.

Ante la ola de reacciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con más de 30 líderes religiosos y aclaró que el Gobierno no respalda estas iniciativas. El funcionario recalcó que la fe es un derecho fundamental, no una concesión estatal, por lo que no deben imponerse cargas adicionales ni restricciones desproporcionadas.

Aun con la negativa oficial, líderes religiosos de Turbo insistieron en pedir al Congreso que archive las propuestas.

Los proyectos 057 y 058 siguen en estudio en el Congreso, mientras se mantienen posiciones enfrentadas: de un lado, quienes defienden el reconocimiento de las prácticas espirituales ancestrales; del otro, quienes advierten que estas reformas podrían alterar el marco jurídico de la libertad religiosa en Colombia.

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