El Estado reconoció oficialmente su responsabilidad internacional por la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, al admitir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que la incursión paramilitar se ejecutó con la aquiescencia y la inacción coordinada de agentes de la Fuerza Pública.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) confirmó este jueves que las estructuras paramilitares operaron con el permiso de funcionarios estatales durante los ataques simultáneos ejecutados en distintos barrios del puerto petrolero.

La entidad concluyó que "del análisis probatorio se desprende que las víctimas tienen razón y que los hechos mencionados por ellas son verdad", una postura que ratificó la veracidad de las denuncias sostenidas por los familiares durante casi tres décadas.

La incursión violenta dejó un saldo de siete personas asesinadas, entre ellas un niño, y 25 desaparecidas forzadamente, incluidos dos menores de edad y una mujer. El reconocimiento estatal señaló una responsabilidad por acción, derivada de una "inacción deliberada y coordinada de agentes estatales frente a los hechos", lo que validó los hallazgos de la Comisión de la Verdad sobre la connivencia oficial.

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El reconocimiento ante el tribunal internacional coincidió con las recientes revelaciones del capitán retirado del Ejército Álvaro Enrique Daza Camargo, quien comandaba la base militar de Pozo Siete para la época y admitió haber facilitado el operativo ilegal. El oficial explicó que recibió la orden de levantar los puestos de control para no interferir con el paso de los criminales: "No saque retén, no haga, no se mueva. Básicamente fue lo que hice".

Daza Camargo justificó su conducta en la obediencia debida y aseguró que "estaba en una institución donde me daban una orden y uno cumplía la orden que le daba su comandante". El exmilitar rompió su silencio ante la justicia y calificó el ocultamiento de la verdad como una carga moral insostenible: "Esa es, digo yo, la cara de la vergüenza tan berraca que tengo yo. Tener que tapar uno tantas cosas durante tanto tiempo".

La omisión de la tropa permitió que un grupo de aproximadamente 40 paramilitares recorriera los barrios del nororiente de Barrancabermeja sin oposición alguna y sustrajera los cuerpos de las víctimas en camiones.

Daza Camargo ofreció excusas a los familiares y afirmó: "Yo me disculpo con todos ustedes, con los señores de las víctimas (...) yo no lo vi normal".

Los testimonios entregados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vincularon también al coronel Óscar Diego Sánchez Vélez y al mayor Oswaldo Prada Escobar como presuntos coordinadores de la logística para el ingreso de las Autodefensas.

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