La Sala Plena de la Corte Constitucional asignó por reparto al despacho del magistrado Miguel Efraín Polo Rosero el estudio de constitucionalidad del Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026, mediante el cual el presidente, Gustavo Petro, declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional.

El jurista nariñense, quien reemplazó a Antonio José Lizarazo y asumió su cargo en febrero de 2025, tendrá la responsabilidad de elaborar la ponencia que definirá si esta nueva medida excepcional se ajusta a la Carta Política o si, por el contrario, sigue el destino de las anteriores declaratorias tumbadas o suspendidas por la corporación.

El expediente, radicado bajo el número RE-390, llegó al despacho de Polo Rosero apenas 24 horas después de la expedición de la norma, en un momento de alta tensión jurídica entre la Casa de Nariño y el Palacio de Justicia.

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El Decreto 0150 delimitó la emergencia a ocho departamentos específicos: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. El Gobierno justificó la medida en un "evento hidrometeorológico atípico" ocurrido entre el 1 y el 6 de febrero, caracterizado por el desplazamiento de un frente frío que chocó con masas de aire tropical, lo que generó lluvias superiores al 180% de los promedios históricos para el mes, según certificó el Ideam.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó que la crisis dejó un saldo preliminar de 252.233 personas afectadas y 69.235 familias damnificadas. El departamento de Córdoba concentró el mayor impacto, con más de 160.000 ciudadanos en situación de desastre y la pérdida de vastas extensiones de cultivos y pastoreo, lo que amenazó la seguridad alimentaria de la región.

El Ministerio de Hacienda argumentó que los mecanismos ordinarios resultaron insuficientes para atender la magnitud de los daños en infraestructura vial, educativa y de servicios públicos. La declaratoria busca habilitar operaciones presupuestales extraordinarias para movilizar recursos cercanos a los $8 billones, destinados a la atención humanitaria inmediata y la reconstrucción del tejido productivo en las zonas devastadas.

Un magistrado bajo lupa 

La designación de Polo Rosero no pasó desapercibida en los círculos jurídicos y políticos. Su llegada a la Corte Constitucional, concretada el 19 de noviembre de 2024, tras una intensa votación en el Senado donde obtuvo 57 votos frente a los 47 de su contendora Claudia Dangond, fue celebrada en su momento por el propio Jefe de Estado.

"Felicito a Miguel Polo Rosero. Un gran triunfo", escribió el mandatario Gustavo Petro en su cuenta de la red social X minutos después de la elección.

Ese mensaje, sumado al respaldo que su candidatura recibió de la bancada del Pacto Histórico, situó a Polo Rosero bajo el escrutinio de la oposición, que cuestionó su independencia frente al Ejecutivo.

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Ahora, el magistrado ternado por el Consejo de Estado deberá demostrar su criterio jurídico frente a un decreto clave para la administración, asumiendo el rol de "fiel de la balanza" en una Corte que ha mostrado dientes frente a los intentos del Gobierno de legislar por vías extraordinarias.

El estudio del Decreto 0150 se da en un contexto de precedentes adversos para el Gobierno. La Corte Constitucional ya declaró inexequible la Emergencia Económica en La Guajira en 2023 (Sentencia C-383) y, más recientemente, a finales de enero de 2026, suspendió provisionalmente los efectos de otro paquete de decretos legislativos relacionados con impuestos al sector eléctrico y seguridad.

En esas decisiones, la Sala Plena argumentó que el Gobierno no logró justificar la ocurrencia de "hechos sobrevinientes" que impidieran tramitar las reformas por la vía ordinaria en el Congreso.

Polo Rosero, quien ya integra la Sala Plena que tomó esas determinaciones recientes, deberá ahora sustanciar si este nuevo intento del Ejecutivo cumple con los requisitos fácticos y valorativos exigidos por la Constitución.

El magistrado dispone ahora de los términos de ley para decretar pruebas, escuchar a los intervinientes y presentar un proyecto de fallo que podría blindar o hundir la nueva estrategia de emergencia del Gobierno.

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