Este miércoles fue radicada ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de audiencias de imputación y de medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla González y del Interior Luis Fernando Velasco Cháves por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

La Fiscalía General de la Nación estableció que solicitará ante el juez de control de garantías la detención en centro carcelario para ambos exfuncionarios, investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

La investigación tomó un giro definitivo tras la firma de un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda y hoy testigo principal contra Bonilla.

Según los elementos materiales probatorios y las declaraciones aportadas, Benavides aseguró que el entonces ministro impartió órdenes directas para gestionar desembolsos de recursos públicos con fines específicos que no seguían los procedimientos regulares.

Las pesquisas de la Fiscalía —apoyadas, incluso, en investigaciones periodísticas— indican que estas maniobras buscaban asegurar votos dentro de la Comisión de Crédito Público del Congreso, clave para aprobar solicitudes de endeudamiento del Gobierno Nacional.

Se presume que, para lograr ese respaldo legislativo, se habría coordinado la adjudicación de tres contratos por aproximadamente 92.000 millones de pesos, destinados a beneficiar a seis congresistas a cambio de su apoyo político.

Lea aquí: Abogado de Bonilla asegura que no hubo maletines con dinero en caso Ungrd

La defensa del Ricardo Bonilla rechaza los señalamientos

Tras conocerse la inminente imputación, la defensa del exministro Bonilla reaccionó de inmediato. El abogado penalista Mauricio Pava sostuvo que cuentan con pruebas suficientes para demostrar que no se cometieron delitos y recalcó que no existen evidencias de entrega de dinero en efectivo, a diferencia de otros casos dentro del escándalo del Ungrd.

Pava explicó que las interacciones entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso se dieron dentro de las competencias legales. Argumentó que la Ley Quinta autoriza a los congresistas a indagar por proyectos regionales, mientras que Hacienda está facultada para hacer seguimiento a esas iniciativas, lo que —según la defensa— no configura un delito por sí mismo.

La defensa calificó los hechos como una discusión sobre la “reciprocidad funcional” entre las ramas del poder público. Consideran que lo que la Fiscalía interpreta como un delito será objeto de un profundo debate jurídico para determinar si realmente se cruzó la frontera hacia lo penal. 

Además, subrayaron que, aunque la tesis del ente acusador sugiere que de esos proyectos regionales derivarían contratos con intereses particulares, ninguno de esos contratos llegó a materializarse.

Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, negó de manera reiterada las acusaciones. Su equipo legal destacó que el exfuncionario ha cumplido con todos los requerimientos judiciales y que tiene arraigo familiar, social y profesional en Colombia, argumento que usarán para oponerse a la medida de aseguramiento en centro carcelario.

La fiscal María Cristina Patiño, de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema, será la encargada de oficializar los cargos en las audiencias que serán programadas en las próximas horas. En esas diligencias se definirá la situación jurídica y la libertad de los exministros Bonilla y Velasco.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion