El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, confirmó este miércoles la decisión de apartar provisionalmente de sus cargos al brigadier general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía con el objetivo principal de blindar el proceso disciplinario que busca esclarecer sus presuntos vínculos con las disidencias de alias “Calarcá” y la supuesta conformación de una empresa de seguridad privada diseñada para legalizar el arsenal del grupo armado.
El jefe del ente de control explicó que la determinación responde a la gravedad de los hechos denunciados y a la necesidad de evitar cualquier interferencia en la recolección de pruebas. Eljach señaló que su despacho aguardaba la documentación oficial que acreditara la condición de servidores públicos de los investigados para proceder con las medidas cautelares, las cuales se ajustaron debido a la conmoción que generó la noticia en el país.
Sobre el procedimiento y la severidad del caso, el procurador manifestó: “Estaba esperando las respuestas de mostrar la condición de servidores públicos que no se puede presuponer y en la medida en que vayan llegando, se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración”.
La investigación disciplinaria cobró fuerza tras la apertura oficial de la indagación el pasado 24 de noviembre por parte de la Sala Disciplinaria de Instrucción. Todo el material probatorio que hoy compromete a los altos funcionarios surgió de un análisis forense realizado a varios dispositivos electrónicos, como computadores y memorias USB, que las autoridades incautaron el 23 de julio de 2024 en un puesto de control militar en Anorí, Antioquia.
En aquel operativo, la fuerza pública detuvo una caravana de la Unidad Nacional de Protección que transportaba a siete cabecillas del Estado Mayor Central, incluido alias Ramiro. Aunque la Fiscalía ordenó la libertad de los disidentes por su estatus de gestores de paz, los dispositivos electrónicos quedaron bajo cadena de custodia. Su contenido permaneció en reserva durante más de un año hasta que un informe periodístico reveló los archivos que exponían comunicaciones directas entre los oficiales y el grupo ilegal.
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Entre los hallazgos más delicados que motivaron la intervención de la Procuraduría se encuentra una carta del 8 de febrero de 2024. El documento detalló una reunión presencial en Bogotá donde el general Huertas propuso presuntamente la creación de una empresa de seguridad privada bajo un modelo de sociedad de mitad y mitad.
El plan consistía en que el oficial se encargaría de tramitar toda la documentación legal ante las autoridades, mientras que las disidencias aportarían el personal humano y el armamento. La estrategia buscaba iniciar operaciones con 20 hombres para obtener permisos de porte de pistolas y luego escalar a fusiles, lo que permitiría a los hombres armados movilizarse por el territorio nacional bajo una fachada de legalidad empresarial.
Los documentos analizados indicaron que el general Huertas, quien fue reintegrado al servicio durante el actual gobierno tras haber sido retirado en 2022, ofreció garantías para que los disidentes no fueran detenidos en los puestos de control de la Fuerza Pública, valiéndose de su cercanía con el alto gobierno y su cargo estratégico en el manejo de personal.
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Por otro lado, la investigación señaló a Wilmar Mejía como una pieza fundamental para la estructura criminal desde la Dirección Nacional de Inteligencia. Testimonios y archivos apuntaron a que Mejía entregó información privilegiada sobre movimientos de tropa en zonas críticas como el Catatumbo, Antioquia y el sur de Bolívar, lo que facilitó que los ilegales evadieran operativos militares. También se le vinculó con reuniones en Venezuela y Colombia para avanzar en el negocio de la empresa de seguridad, aunque el funcionario negó los hechos y calificó la situación como un montaje.
Ante este panorama, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas documentales y testimoniales. El ente de control solicitó a la Dirección de Personal del Ejército y a la DNI las hojas de vida y manuales de funciones de Huertas y Mejía para verificar sus responsabilidades exactas.
Adicionalmente, el Ministerio Público requirió al Ministerio de Defensa informar sobre investigaciones internas y pidió a la Fiscalía confirmar si existen procesos penales activos. Se conoció que la fiscal general Luz Adriana Camargo estaba al tanto del contenido de los dispositivos desde hace un año, sin que hasta la fecha se reportaran avances penales contra los implicados, situación que ahora precipita las decisiones disciplinarias anunciadas por el procurador Eljach.
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