Luego de 73 días, nada ha cambiado en el Catatumbo, al menos no para mejor. Mientras los enfrentamientos entre integrantes de las disidencias de las Farc y el Eln por el control territorial no paran, los 21 decretos emitidos por el Gobierno nacional dentro del marco del Estado de Conmoción Interior, se mantienen como una solución inocua, sin saltar del papel a la realidad.

En recientes declaraciones el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió con preocupación a la forma como se venían reforzando los ejércitos guerrilleros desde la tregua implementada por orden del presidente Gustavo Petro, como parte de su política de paz total, una práctica que se ha venido acentuando recientemente, luego de la reanudación del conflicto el pasado 16 de enero.

Entre las denuncias hechas por el ministro Sánchez, resalta el traslado de al menos 100 hombres de otras estructuras de las disidencias de las Farc, de las pertenecientes al Magdalena Medio y Bolívar hacia el Catatumbo, algo que no es nuevo, según veedores de derechos humanos; pero una de las afirmaciones más delicadas que hizo el jefe de la cartera de Defensa tiene que ver con el hecho de que muchos de esos hombres serían de nacionalidad venezolana, entre ellos varios menores de edad.

Líderes sociales dijeron a La Opinión, en término confidencial, que esta masiva incorporación de fuerza extranjera, con alto porcentaje de menores de edad, es uno de los elementos más novedosos en esta nueva etapa del conflicto, y tiene que ver principalmente con la poca gente que queda en las zonas rurales, desocupadas tras la ola de desplazamiento masivo que provocó la lucha armada.
 
Esta tésis se confirmó tras la desmovilización hace unos 15 días de un grupo de 23 combatientes del Eln, en cuyas filas se encontraban tres menores de edad; así como en el rescate de alrededor 40 menores, como dijo la directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, Astrid Cáceres, en una reciente visita a Cúcuta.

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Reclutamiento de niños venezolanos

El líder social señaló que aunque el reclutamiento de menores de edad no es nuevo en el conflicto colombiano, sí ha crecido últimamente.

En medio de esa especie de pesca milagrosa, la mayor vulnerabilidad corre por cuenta de menores de nacionalidad venezolana, que han terminado en Colombia, consecuencia de la profunda migración, producto de la crisis política, económica y social que atraviesa la nación bolivariana.

De acuerdo con un experto en temas fronterizos, quien pidió reserva de su nombre por seguridad, el reclutamiento de menores y adultos venezolanos se viene presentando desde hace algún tiempo, primero directamente en Venezuela y luego en Colombia, con población migrante.

“Desde el 2018 para acá, ellos (los grupos armados ilegales) vienen haciendo trabajos de captación de venezolanos, que coincide con la quinta ola de migración de ciudadanos de ese país, caracterizada por ser la más vulnerable, de más bajos recursos y la que más dificultades traía, por su precariedad económica, y por lo tanto son más fáciles de captar”, dijo.

Sin embargo, explicó que ya hace un tiempo, había un bloque de las disidencias de las Farc establecido en el alto Apure venezolano, antes de que el Ejército de ese país se aliara con el Eln para sacarlo de la zona, “desde entonces ya hacían reclutamiento de hombres venezolanos”, explicó el investigador.

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Asimismo, detalló que otro de los bloques, establecido en las cercanías del Amazonas, se encargaba de captar a los jóvenes que se iban a trabajar en las minas.

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Señaló que esta práctica no es exclusiva de las Farc, también lo hace el Eln, aunque ya no captan en Venezuela, sino que buscan a los jóvenes que han migrado, que no están regularizados y que por lo tanto tienen menos posibilidades de acceder a un empleo formal, “todos ellos terminan seducidos por las ofertas  de estos grupos ilegales, ingresando a sus filas”, dijo.

Alta probabilidad de que empeore

Las probabilidades de que la situación empeore son muy altas, sobre todo porque los programas sociales de transformación, prometidos para el Catatumbo, no terminan de arrancar.

En este contexto, siguen quedando en medio y con altos riesgos los niños y adolescentes como la población más vulnerable.

Frente a esto, desde el Icbf solo se pueden adelantar campañas preventivas en torno al reclutamiento forzado y permanecer alerta para atender a los niños y jóvenes que de alguna manera se van desvinculando de las filas guerrilleras.

La Opinión conoció que en el corte más reciente, el programa Desvinculados, creado en 1999, tenía registrados 32 jóvenes en el Catatumbo, es decir, muchachos que se entregaron de manera voluntaria o fueron rescatados por el Ejército.

Respecto a la edad y nacionalidad de los menores, fue imposible determinar estos datos específicos, aunque en lo que tienen que ver con el restablecimiento de derechos de los menores, no se discrimina por nacionalidad, sino que se prima el bienestar del niño, de modo que es acogido por el programa de protección del instituto.

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