La noticia del acuerdo al que llegaron delegados del Gobierno Nacional y representantes de las disidencias del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (Embf), anunciada por el presidente Gustavo Petro en su red social X, sobre la instalación de una Zona de Unificación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Tibú, cayó muy mal entre líderes y dirigentes de Norte de Santander. 

Esta medida, que para muchos evoca la fallida zona de distensión del Caguán, implementada entre 1998 y 2002 por el presidente Andrés Pastrana, fue adoptada dentro del marco de la Mesa de Diálogo de Paz, celebrada el pasado sábado en Cúcuta, en cumplimiento del Decreto 0448 del 17 de abril de 2025. 

La ZUT es un mecanismo contemplado dentro de la Ley 2272 de 2022 o de la Paz Total, que busca básicamente la dejación de la violencia mientras se adelantan procesos de desmovilización y reincorporación. 

Sin embargo, son varios los asteriscos alrededor de esta decisión, sobre todo por el actual contexto del Catatumbo, donde hay enfrentamientos activos entre las disidencias del Frente 33 con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), pero además operaciones militares en desarrollo por parte del Ejército. 

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Las preocupaciones

Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz y la Reconciliación en Norte de Santander, se refirió con reserva a esta decisión, sobre todo porque el éxito depende no solo de la voluntad de las disidencias, sino también de la reacción que pueda tener el Eln, al ver al grupo rival prácticamente protegido por la institucionalidad del Estado. 

Pero la principal inquietud es sobre el impacto que va a tener esta decisión en la población civil, la más afectada en medio de este conflicto que, desde el 16 de enero, deja al menos 77.819 víctimas  entre desplazadas (65.079) y confinadas (12.740) –según boletín del PMU de Norte de Santander–, sin contar las 120 personas asesinadas.

“Poniéndole fe a esto, esperemos que ojalá se firme una paz definitiva con este grupo, para que sea uno menos actuando en armas, no solo en el Catatumbo, sino en muchas regiones de Colombia”, dijo Niño, advirtiendo rigor y cuidado. “Si el experimento sale mal, el problema es para la población civil, sería otro fracaso para eso que tanto estamos buscando”.  

Enrique Pertuz, coordinador general de la Corporación Red Departamental de Derechos Humanos (Coporeddhh), comparte una preocupación similar, aunque más hacia lo que podría pasar con el grupo que decida firmar la paz, cuando en territorio sigue un adversario como el Eln, que ha manifestado públicamente que no va a detener la guerra contras las disidencias hasta que saque a su último miembro del territorio. 

“La pregunta es qué va a hacer el presidente Gustavo Petro para desescalar el conflicto a largo plazo; todo apunta a que no se va a detener”, expresó Pertuz. 

En este punto, una de las grandes preocupaciones es el cierre a toda posibilidad de negociación con el Eln y el Clan del Golfo, organizaciones a las que desde el Ministerio de Defensa han prometido dejar caer toda la fuerza del Estado.

¿Fracturas en el Estado Mayor?

El coordinador de Corporeddhh también manifestó su inquietud por las contradicciones en las que –considera– incurre el presidente Gustavo Petro en el acuerdo anunciado, toda vez que en principio se había hablado de firmar la paz con los tres bloques del Embf y al final solo se ha anunciado solo con el Frente 33. 

En este sentido, refiere la presunta fractura al interior de esta organización, que margina del acuerdo al bloque del Magdalena Medio, al mando de alias Calarcá, quien ha dicho que uno de sus innegociables es la dejación de armas. 

Por otra parte, manifestó Pertuz su inquietud sobre el futuro de John Mechas, comandante del Frente 33, quien tiene orden de captura internacional. 

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“De firmarse este acuerdo de paz, qué va a pasar con Mechas ¿Tiene el presidente  algún elemento jurídico que permita que este señor firme y después termine llevándoselo la DEA (Administración de Control Antidrogas de Estados Unidos) para juzgarlo a raíz de las acusaciones que tiene?”, se pregunta Pertuz.

Rechazo y muy poca fe

Desde la Asamblea de Norte de Santander también hubo reacciones frente al establecimiento de una ZUT en zona rural de Tibú. 

En principio, Gregorio Correa, presidente de esa corporación, rechazó que, una vez más, se haya tomado una decisión sobre el territorio sin considerar la institucionalidad regional. 

Señaló que “en decisiones como estas, aunque el Gobierno nacional tiene las facultades para hacer lo que quiera en el territorio colombiano, se debe tener el consenso y poner de conocimiento a la institucionalidad de Norte de Santander, de la región del Catatumbo, sus alcaldes, empezando por el de Tibú. No creo que a él lo hayan tenido en cuenta para conocer su disponibilidad de ayudar”, expresó Correa.

El presidente de la Asamblea considera inoportuna esta medida, en vista de que todavía no se ha logrado una estabilidad en las condiciones de seguridad en el Catatumbo, situación que ha impedido que miles de familias regresen a sus casas y fincas. 

“Obligar a los grupos al margen de la ley a que hagan demostraciones de paz, es como querer apagar una llamarada de fuego con un balde de gasolina”, señaló Correa, al tiempo que advirtió sobre los riesgos para la población tibuyana de meter en su territorio a más de cuatro mil hombres armados. 

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Frente a la implementación de la ZUT, Correa se ratificó en su poca fe, tal como lo hizo frente a la Conmoción Interior, la reactivación económica y la presencia del Estado. “No hemos visto nada y sé que este proyecto de un laboratorio de paz, lo que va a ser es un laboratorio de guerra en el Catatumbo porque no es el momento ni tampoco el lugar”. 

En la misma línea se expresó su colega Juan Diego Ordóñez, quien aseguró que si bien siempre estará de acuerdo con los procesos de paz, no en casos como el que se plantea ahora: a cualquier costo. 

El diputado considera irresponsable que el Gobierno nacional pretenda establecer una zona de pacificación en un territorio donde hay enfrentamientos por el control de la ruta del narcotráfico. 

Comparó la estrategia de Petro con la del presidente Juan Manuel Santos en 2016 y señaló que la única forma que ve posible el cese de la violencia, las masacres y el desplazamiento forzado, es que el Gobierno se siente con todos los grupos al margen de la ley y mirar las voluntades reales de las partes. 

“Amanecerá y veremos, pero lo cierto es que nuestro departamento no aguanta más el abandono”, expresó Ordóñez.

En los próximos días se espera que la comisión encargada de los diálogos en la Mesa de Paz entregue mayores detalles sobre la forma cómo se implementará esta ZUT, las condiciones de seguridad, logísticas, geográficas y administrativas por las que se regirá este plan, así como los tiempos en que debería avanzarse en cada fase del proceso. 

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