El coronel Jorge Andrés Bernal, comandante de la Policía de Norte de Santander, confirmó que, pese a la notificación cursada el pasado 1 de agosto por la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional al municipio de El Carmen, sobre el inicio de operaciones de aspersión con glifosato, este año no está previsto llevarlo a cabo.
Bernal explicó a La Opinión que el propósito del documento enviado es informar al municipio El Carmen que hace parte del núcleo de detección de cultivos ilícitos en la zona, un procedimiento que aplica cada vez que se inicia este tipo de intervenciones.
Sin embargo, aclaró, citando a la Dirección Antinarcóticos, que “para el caso actual no se tiene contemplado intervenir en el municipio de El Carmen en lo que resta de la tercera y cuarta fase de operaciones”.
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Respecto a las razones por las cuales se escogió a El Carmen como uno de los municipios donde eventualmente se adelantará el proceso de fumigación de cultivos ilícitos, Bernal indicó que obedece a la proximidad de la zona con la plataforma de lanzamiento, ubicada en Aguachica, Cesar, desde donde parte el equipo especializado de erradicación.
Asimismo, señaló que también se toma en cuenta el nivel de concentración de cultivos ilícitos, criterio por el cual se decidió orientar la operación de aspersión terrestre hacia el Sur de Bolívar en las últimas dos fases de intervención este año.
Preocupación latente
Aunque ya no será este año, la decisión del Ejecutivo de volver a la erradicación con glifosato mantiene latente la preocupación entre las comunidades campesinas del Catatumbo, sobre todo porque temen que esta medida, lejos de solucionar el problema de la expansión de los cultivos de hoja de coca, agudice la crisis de orden público en la región.
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Junior Maldonado, vocero de la Asociación de Campesinos del Catatumbo -Ascamcat- advirtió que retomar las fumigaciones con glifosato podrían derivar en situaciones de violencia contra la comunidad y la Fuerza Pública, como se está viendo en otras regiones del país.
Señaló que lo sucedido en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto, es una muestra de lo que podría llegar a suceder en el Catatumbo.
Expresó que la erradicación forzada por medio del uso de la aspersión con glifosato es una práctica que se ha venido aplicando hace más de 40 años y no ha dado resultados efectivos.
“Este método en lugar de reducir los cultivos, lo que hace es incrementarlos. Creemos que hay que optar por las salidas dialogadas y negociadas, concertadas con las comunidades para poder avanzar en la sustitución voluntaria de cultivos”, dijo Maldonado.
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Hizo un llamado al Ejecutivo para que se priorice el proceso de sustitución voluntaria en el Catatumbo y se acate la sentencia SU 545 que sobre ese particular emitió la Corte Constitucional en 2023.
Maldonado pidió que se le cumpla a las familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS), así como que se clarifiquen los términos de Renhacer, el plan de sustitución creado este año, dentro del marco del Decreto de Conmoción Interior y que hasta abril, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, contabilizaba 7.000 hectáreas.
“Es una situación muy compleja que genera desconfianza en la gente, pues por un lado se habla de sustitución de cultivo voluntario, y por el otro lado de aplicar la aspersión con glifosato en modo terrestre”, señaló Maldonado.
El vocero de Ascamcat recordó que el enclave de hoja de coca más grande del Catatumbo se encuentra entre los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra, donde se concentran cerca de 50.000 hectáreas de las más de 200.000 que registra el país.
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