El hacinamiento carcelario es uno de los grandes males que afecta el aparato de justicia colombiano.
Un informe elaborado por la Universidad del Rosario reveló que, según datos del Inpec, a corte del 23 de septiembre el número de personas privadas de libertad en centros penitenciarios ascendía a 104.395, aunque la capacidad instalada está dada para albergar 81.139, lo que equivale a una sobreocupación del 28,6%, 2,1 puntos más que el año pasado.
El panorama en Norte de Santander es igual de crítico, pues de acuerdo con el Ministerio de Justicia, hasta el pasado 15 de septiembre, el departamento concentraba 4.151 presidiarios, que corresponden al 4 por ciento de la población reclusa total del país, con un índice de hacinamiento del 31.6%, tres puntos porcentuales más que la media nacional.
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Para Samuel Escobar, director del pregrado de Criminología e Investigación Criminal de la Universidad del Rosario, el hacinamiento es apenas un síntoma del problema real, que conllevan a vulneraciones de los derechos a la salud, alimentación, y acceso a la justicia de las personas privadas de la libertad, entre otros.
El experto aseguró que, a diferencia de lo que muchos creen, este problema no se resuelve mediante la construcción de más establecimientos y su correlativa ampliación de cupos carcelarios. Al contrario, sostuvo que es una medida, que aunque recursiva a lo largo de los gobiernos, ha sido un fracaso rotundo.
Indicó que la criminología ha demostrado que el aumento de penas no previene el delito, así como que las cárceles no resocializan por lo general, sino que más bien, impulsan a algunas personas hacia verdaderas “carreras criminales”.
Señaló que la ausencia de una política criminal de resocialización de los privados de la libertad, profundiza la problemática, sobre todo si se toma en cuenta que la mayoría de estas personas han sido históricamente excluidas de las dinámicas sociales.
En este punto, se refirió por ejemplo al número de convictos que según Inpec no saben leer ni escribir, que asciende a 4.318; mientras que tan solo 1.374 están vinculados a programas de alfabetización.
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El analista llamó la atención sobre la necesidad de prevenir y reaccionar de otras formas frente al delito. Invitó a las autoridades a replantearse el modelo de justicia actual y considerar el restaurativo que aplica en la resolución de los delitos derivados del conflicto armado.
“¿Por qué no implementar uno para los crímenes ordinarios, que limite la cárcel a supuestos de extrema gravedad? ¿Por qué no destinar los recursos a la prevención y a la restauración del tejido social? ¿Por qué no reconocer a las personas condenadas como sujetos políticos con derecho al voto?”, se preguntó.
Centros de detención transitoria: la aglomeración más crítica
Pero tan complejo como el hacinamiento carcelario, es el que se presenta en los centros detención transitoria donde, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, hasta el 15 de septiembre de 2025, la sobreocupación en las estaciones de policía y unidades de reacción inmediata del país era del 142,56 %.
En el caso de Norte de Santander, con una capacidad en salas para 245 y una población de 554 personas, la sobreocupación es del 151,84 por ciento; mientras que en Cúcuta, el número de personas detenidas es de 368, sobrepasando la capacidad en un 199%, según la Secretaría de Gobierno del municipio.
Al respecto, George Quintero, jefe de Seguridad Ciudadana del departamento, señaló que esta situación interfiere con la seguridad de la entidad, pues hay policías que deben pasar a cumplir funciones de custodia en estos recintos -que no les corresponde- bajando la presencia en la calles.
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Pero más allá de la disminución del pie de fuerza en las calles, otro problema que surge del hacinamiento en estos centros, son los riesgos latentes de fuga, como la ocurrida el año pasado de la Estación Centro de Cúcuta, que derivó en el escape de alias ‘Zeus’, exmilitar y colaborador de grupos armados ilegales; o la sucedida este año en Villa del Rosario.
El secretario de Seguridad del departamento hizo un llamado a resolver pronto este inconveniente, pues se está desmejorando el servicio policial que se presta a los ciudadanos, ejecutando funciones que le corresponden al Inpec y que debe resolver el Ministerio de Justicia.
En este sentido, la Alcaldía de Cúcuta ha podido avanzar en este sentido, estableciendo convenios interadministrativos con el Inpec para el traslado de sindicados condenados al complejo penitenciario de la ciudad.
No obstante, Quintero señaló las dificultades para llegar a estos acuerdos, toda vez que las decisiones no pasan por el director del Inpec, sino por las organizaciones sindicales que operan en los centros carcelarios.
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