El conflicto armado sigue latente en el Catatumbo, donde los habitantes se encuentran en vilo y claman por acciones concretas que permitan conjurar los problemas estructurales registrados en los últimos años.
El desplazamiento a cuentagotas, los homicidios selectivos, el confinamiento de algunas familias en sus parcelas debido al fuego cruzado y el reclutamiento forzado de menores son el común denominador de una zona que se debate entre la vida y la muerte, por el ostracismo secular de los gobernantes de turno, afirman líderes sociales que temen por la arremetida de los violentos.
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Aseguran que el panorama es desolador ante las tibias medidas adoptadas por el Estado para neutralizar a los grupos armados, que se disputan el dominio territorial con el fin de extender el imperio de los cultivos de uso ilícito.
Las cifras históricas
El 16 de octubre se cumplieron nueve meses de la ofensiva entre los dos grupos que hacen presencia en los municipios del Catatumbo, dejando cifras históricas en materia de desplazamiento forzado, confinamientos, reclutamientos y homicidios.
Recientes datos suministrados por el Puesto de Mando Unificado, liderado por la Gobernación de Norte de Santander, indican que cerca de 82.200 personas han salido desplazadas por el recrudecimiento de la violencia; 1.740 aún siguen confinadas ante los enfrentamientos, y, adicionalmente, la siembra de minas antipersona continúa cobrando vidas humanas.
Las autoridades confirman que por lo menos 163 habitantes de esta sección del país han sido víctimas de homicidios, en su mayoría personas ajenas a la guerra desatada a principios del presente año.
De los 163 asesinados, 144 corresponden a civiles, 6 a firmantes de paz y 3 a líderes sociales. Además, se reporta la muerte de 10 menores de edad en municipios como Tibú, Teorama, Convención, El Tarra y Hacarí, entre otros.
Cifras contrastadas por defensores de derechos humanos del Catatumbo indican que, en un subregistro, se estarían superando los 400 homicidios entre integrantes de grupos armados, civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Sin embargo, estos hechos violentos continúan en la zona, y los ataques con explosivos y drones mantienen en alerta a las autoridades, debido a las víctimas mortales, entre ellas civiles.
Lo grave del caso es que los grupos armados han formado alianzas para el dominio territorial y la continuidad del negocio de los cultivos de uso ilícito, el secuestro extorsivo y los retenes ilegales, disparando de manera exponencial las escalofriantes cifras, agregan los voceros comunales, quienes prefieren el anonimato por razones de seguridad.
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Un escenario complejo en medio de una guerra sin sentido, con poca presencia institucional y acciones concretas, donde se reclama un tratamiento especial para restituir el tejido social.
El reclutamiento forzado
La situación se recrudece aún más con los hechos violentos de los últimos días. A ello se suma el reclutamiento con fines de uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Es un tema complejo que se planteó en la Comisión Intersectorial para la Prevención de este delito. Las autoridades expresaron su preocupación por la posible ocurrencia de dos casos recientes en zonas rurales de Ocaña y El Carmen, lo cual enciende las alarmas y activa las rutas para atender y verificar esos casos, indicó el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez Lanzziano. Durante ese encuentro, representantes de distintas instituciones a nivel nacional reiteraron la necesidad de fortalecer el trabajo preventivo en los territorios más vulnerables y avanzar en estrategias de educación y acompañamiento comunitario.
La Gobernación, la alcaldía de Ocaña, en articulación con los organismos de Infancia y Adolescencia, mantiene un monitoreo permanente para prevenir nuevas situaciones de reclutamiento o riesgos sociales, sobre todo en la zona rural de Ocaña y El Carmen.
El personero señaló que, a través de la Alta Consejería para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, conoció algunos casos que se vienen presentando en el municipio relacionados con posibles reclutamientos.
“Son dos casos expuestos en este comité. Nosotros, como Personería, hemos articulado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Administración Municipal campañas de prevención, no solamente en escuelas y colegios urbanos, sino también en la zona rural, donde se registra el mayor número de casos”, recalcó.
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Es una situación que preocupa por la alta presencia de los actores armados, lo cual ha generado que este hecho tan degradante como el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados se siga presentando con frecuencia, puntualizó.
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